Los violadores con inmunidad diplomática y las víctimas sin justicia

Hace casi una década, el país se indignó cuando salió a la luz que César Ruíz y Michel J. Coen, contratista y sargento estadounidenses, drogaron, secuestraron y violaron a una niña de 12 años en Melgar. Hasta hoy Estados Unidos se ha negado a condenarlos y Colombia no los puede juzgar, ya que hace 30 años firmó un acuerdo con Estados Unidos que garantiza la inmunidad diplomática para todo el personal militar y los contratistas estadounidenses que operen en el país.

En los casi 10 años que han pasado desde ese día, Estados Unidos, el Estado de Colombia y la misma sociedad colombiana le han fallado a esta mujer en todas las maneras posibles, impidiendo que obtenga justicia y agravando su sufrimiento.

Según el acuerdo, Estados Unidos debe sancionar a los que cometen crímenes en Colombia mientras gozan de inmunidad diplomática. Sin embargo, este país ha demorado el proceso tanto que, hasta la fecha, los dos hombres andan libres en suelos estadounidenses. Nueve años después del crimen solamente Coen será procesado, mientras que Ruíz saldrá impune. Así mismo, el año pasado investigadoras del Mando de Investigaciones Criminales del Ejército de EE.UU. tomaron la declaración de la víctima y meses después funcionarios militares le informaron que este año se celebraría el juicio. Aún en esta etapa, Estados Unidos no ha actuado de buena fe. Por el contrario, ha ignorado las peticiones reiteradas de la víctima, como por ejemplo que siempre la contacten a través de su abogado. Adicionalmente, para el juicio Estados Unidos le exige que viaje sola a una base militar y que declare sin la presencia de su abogado o de quienes le podrían ofrecer apoyo moral. Piden a esta joven que enfrente a su violador y reviva el peor momento de su vida sola, en un proceso incomprensible e inaccesible, en un país e idioma extranjero.

Además de renunciar a su responsabilidad de juzgar a las personas que cometen crímenes en su territorio, Colombia también ha violado los derechos a la verdad, justicia, y reparación de la víctima y su familia, lavándose los manos de sus obligaciones hacía ella. La respuesta estatal frente al caso parece salir de un manual sobre cómo no tratar a una víctima de violencia sexual. Según la víctima, días después de la violación, los investigadores y fiscales insistieron en interrogarla sola. La llevaron sola, con dos hombres, a la base militar en Melgar (¡al sitio de su violación! ¡sola!) para identificar el lugar del crimen. La psicóloga de Medicina Legal, según su testimonio, le dijo que ella quiso la violación (¡una niña de 12 años quería su violación!). Después de cerrar la investigación, y hasta la fecha, la víctima cuenta que las autoridades no le han proveído asistencia psicosocial. Tampoco han respondido a las amenazas que recibió la familia por denunciar el caso o atendido a sus necesidades cuando fueron desplazadas una y otra vez por estas amenazas. Colombia ha preferido proteger sus relaciones con Estados Unidos en vez de insistir que este país haga justicia. Y ahora, abandona a la víctima en el proceso militar en Estados Unidos, dejándola sola para enfrentar el mismo sistema que permitió que la violaran.

Como si esto no fuera suficiente, la reacción de muchos colombianos frente a este caso no ha sido de compasión e indignación, sino de revictimización. Es sumamente escandaloso e imperdonable que cada vez que los medios reportan este caso, muchas personas culpan a la víctima. En vez de contar con la empatía y apoyo de sus compatriotas, ella tiene que esconderse de las miradas de sus vecinos, llenas de prejuicios, y leer comentarios mal intencionados en la web. En vez de reconocer su valentía, la tildan de mentirosa y de “puta”.

En esta tragedia, en la cual todos se niegan a responder por sus acciones y errores, quienes terminan pagando son la víctima y su familia. Esta mujer es impresionante; a pesar de todos los obstáculos, el dolor y las amenazas, ha tenido la valentía de salir adelante y seguir su lucha por la justicia. Ahora Colombia tiene la obligación de responder por su abandono, apoyándola en el proceso estadounidense y reparando los impactos que han tenido la violación y falta de justicia. Y los colombianos debemos apoyarla y reconocer su valentía.