Madurazo

La Sala Constitucional (SC), cooptada por los gobiernos chavistas desde hace años, tomó en pocos días dos decisiones que equivalen a la disolución de la Asamblea Nacional (AN), que es el Poder Legislativo venezolano y que fue elegida hace poco más de un año y en donde es mayoritaria la oposición contra Maduro.

La primera decisión prácticamente anuló una de las principales salvaguardas de la independencia del Poder Legislativo, que viene desde la llamada “Revolución Gloriosa” en Inglaterra en 1688. Es la “inmunidad parlamentaria”, que para proteger la libertad de los congresistas, establece que no podrán ser investigados judicialmente por los votos y opiniones que emitan en ejercicio de sus funciones. Pero la SC había dicho, en meses anteriores, que la AN había incumplido uno de sus fallos, por lo que estaba en “desacato” y todas sus actuaciones eran nulas. La SC señaló entonces, en la sentencia 155 del 28 de marzo, que los integrantes de la AN ya no gozaban de esa garantía, pues no estaban ejerciendo sus funciones. Y que como hicieron llamados a que la OEA interviniera en Venezuela, entonces podían estar cometiendo traición.

La segunda sentencia, que fue la 156 del 29 de marzo, señaló que, como la AN no podía funcionar (precisamente porque la propia SC la ha declarado en desacato y le ha impedido ejercer sus funciones), entonces la propia SC asumía las competencias legislativas de la AN, que podía ejercer directamente o delegarlas en otras autoridades, como el presidente Maduro.

El gobierno Maduro, por intermedio de la SC, ha disuelto en la práctica la AN y está amenazando a sus miembros, quienes podrían ser detenidos y juzgados por traición. Todo el poder quedó entonces concentrado en Maduro y la SC.

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Esta ruptura democrática es muy grave y debe concitar nuestro rechazo y nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, que está sufriendo una terrible mezcla de autoritarismo, miseria y violencia crecientes. Pero también debe llevarnos a reflexionar sobre cómo se llegó a esta situación. Y un factor esencial (no obviamente el único, pero uno muy importante) fue la erosión de la  independencia del Poder Judicial, y en especial de su SC, que quedaron en manos de los gobiernos chavistas.

Eso no pasó de un día para otro, sino que fue una cooptación progresiva pero decidida. Y por eso pudo pasar inadvertida para muchos, en especial en los sectores progresistas, que no vimos la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Los resultados explotan hoy y nos confirman una enseñanza vieja, resaltada por teóricos como Bobbio, y que sigue siendo actual: sin independencia judicial no hay Estado de derecho y sin Estado de derecho no hay democracia genuina. Algo que los colombianos deberíamos tener presente en este período de renovación de la Corte Constitucional.