Malas noticias para el campo

Irina Alejandra Junieles Acosta

Preocupa que el conjunto de estas decisiones reflejen el interés por impulsar una política agraria que potencia el extractivismo y los proyectos de la industria agrícola de gran escala, convierte a los campesinos en trabajadores asalariados y olvida la necesidad de reparar el impacto del conflicto armado en las zonas rurales.

Irina Alejandra Junieles Acosta

Malas noticias para el campo

Por: Irina Alejandra Junieles Acostaoctubre 7, 2018

Preocupa que el conjunto de estas decisiones reflejen el interés por impulsar una política agraria que potencia el extractivismo y los proyectos de la industria agrícola de gran escala, convierte a los campesinos en trabajadores asalariados y olvida la necesidad de reparar el impacto del conflicto armado en las zonas rurales.

Postular a la polémica Claudia Ortiz Rodríguez para dirigir la Agencia de Desarrollo Rural, sin que al parecer cumpla con los requisitos de experiencia técnica para el cargo, es otra de las males señales que llegan para el rumbo del campo colombiano.

A la insistencia en su designación, rechazada por varios sectores políticos y sociales, se une la suspicacia generada por nombramientos clave para el sector. Duque no habla claro, pero vincula personas que vienen de trabajar por años con gremios productivos: el ministro de Agricultura, en Fenavi; y tanto la directora de la Agencia Nacional de Tierras, como el director de la Unidad de Restitución de Tierras, de Fedepalma. ¿Significa esto favorecer la producción agrícola a gran escala y a los grandes propietarios de tierras? ¿Tendrán independencia en sus cargos, de tal forma que sus decisiones apunten también al campesinado?

A esto se suma que el Centro Democrático presentó un proyecto de ley que deforma la Ley de víctimas y tierras. La propuesta desnaturaliza la política de restitución de tierras y elimina un estándar probatorio cuya función es impedir que los despojadores continúen con los derechos de uso de la tierra que usurparon: la llamada buena fe exenta de culpa.

Pero el mal mensaje viene de atrás. El gobierno Santos dejó presentado un proyecto de reforma de la ley agraria que permite a los particulares legalizar sin límites la apropiación de bienes baldíos de la Nación ocupados ilegalmente. Además, el 11 de junio expidió el decreto 1167 del 2018, imponiendo un plazo de tres meses para presentar solicitudes de restitución de tierras. Me pregunto cuántas víctimas de despojo y abandono de tierras, en las zonas microfocalizadas de Bolívar, saben que en esta semana se les acaba el plazo para reclamar. Temo que muy pocas.

Preocupa que el conjunto de estas decisiones reflejen el interés por impulsar una política agraria que potencia el extractivismo y los proyectos de la industria agrícola de gran escala, convierte a los campesinos en trabajadores asalariados, olvida la necesidad de reparar el impacto del conflicto armado en las zonas rurales, y no reconoce ni atiende la visión de desarrollo que reclaman muchas comunidades campesinas y étnicas: conservar los ecosistemas y tener una producción alimentaria agroecológica que ofrezca condiciones de vida digna con seguridad y soberanía alimentaria.

Hoy, cuando implementar el Acuerdo de Paz tendría que implicar (i) reversar los efectos del conflicto y cambiar condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia (como la concentración de la tierra en pocas manos); (ii) reconocer el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria; y (iii) espacios de diálogo equitativo para las diversas visiones de desarrollo sobre el mundo rural, sería grave que el esfuerzo estatal se destine a reforzar las condiciones que generaron la desigualdad vergonzosa de las condiciones de vida en el campo.

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