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La marcha multitudinaria del miércoles confirma que se consolida un frente amplio por la paz: estudiantes, indígenas, campesinos y citadinos de todas las edades que convergen en una paz expedita y consensuada, independientemente de si votaron el 2 de octubre, o si se inclinaron por el No o por el Sí. 

La marcha multitudinaria del miércoles confirma que se consolida un frente amplio por la paz: estudiantes, indígenas, campesinos y citadinos de todas las edades que convergen en una paz expedita y consensuada, independientemente de si votaron el 2 de octubre, o si se inclinaron por el No o por el Sí. 

Cuando defendí la idea del frente amplio en la columna anterior, recibí un buen número de comentarios incrédulos. Que en Colombia una marcha no dura más de un día. Que más allá de los universitarios o los sindicatos, la gente no se manifiesta en las vías públicas. Creía, y ahora lo creo aún más, que los cuatro años de negociaciones de paz han alterado lo que los sociólogos llaman la estructura de oportunidades políticas, así como las percepciones de lo que es posible mediante la movilización social. Hoy los ciudadanos salen a la calle porque sienten la confianza para hacerlo y perciben que están más cerca que nunca de un país sin guerra. Con ello, trasladan la carga de la prueba a los que quieren alargar las negociaciones más allá de lo posible o lo razonable, o los que quisieran ver frustrada la paz.

Me perdonarán los lectores volver a lo que escribí la semana pasada, pero creo que hay que insistir en tres principios para el frente amplio. Primero, la conciliación entre los del Sí, los del No y la mayoría que se abstuvo de votar pasa por revisar, no suplantar, los avances fundamentales del acuerdo de La Habana. Ya se va decantando el contenido de las revisiones puntuales, pero importantes, que los proponentes más transparentes del No habían planteado antes del plebiscito: mayor precisión y exigencia acerca de las condiciones de privación de la libertad de los responsables de los crímenes más graves del conflicto, sin que necesariamente impliquen cárcel; alguna restricción de derechos de participación política mientras se cumplen las sanciones; requisitos más claros sobre el contenido y las fuentes de la reparación económica de los victimarios a las víctimas; y legislación de implementación que sigan más de cerca los procedimientos regulares del Congreso.

Segundo, se deben mantener los capítulos y las reglas del acuerdo que no tienen que ver con lo anterior. Hay que comenzar por el primer punto del acuerdo, sobre la reforma rural integral, que respeta los derechos de propiedad y no hace nada distinto a restituir la posesión o el derecho de propiedad a los campesinos desplazados y promover el acceso a tierras que han sido apropiadas por medios irregulares o son de baldíos del Estado, como explicó Ana María Ibáñez en El Tiempo. Hay que continuar por defender el segundo punto del acuerdo, que protege el tipo de movilización social que estamos viendo en estos días, y lo amplía con reglas que facilitan el despegue de movimientos sociales, pequeños partidos y consultas ciudadanas.

Tercero: hay que seguir marchando. Porque sin la presión de un frente amplio, la paz a la colombiana es otro Frente Nacional, pactado entre facciones de la clase política y basado en el canje de concesiones hechas al calor de los cálculos electorales hacia 2018. Y ya sabemos cómo termina esa historia.

De interés: Paz

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