Mariamulata libre

La democracia cartagenera recuperó parte de su dignidad cuando Judith Pinedo Flórez, a quien todos conocemos como Mariamulata, recobró su libertad al ser absuelta por la Corte Suprema de Justicia, el órgano de cierre la absolvió tras desvirtuar que un lote vendido por su administración era una playa pública.

La alcaldía de Judith Pinedo (periodo 2008-2011) fue la última que logró materializar un clima de estabilidad política completando sus cuatro años de gobierno y ejecutando, en 135%, los objetivos estratégicos de su plan de desarrollo, entre ellos reducir la pobreza y aumentar sustancialmente la inversión en educación pública, tal como lo registró El Universal.

Lo anterior lo logró realizando una gestión independiente de las élites políticas de la ciudad, que históricamente capturaron los recursos públicos. La valentía de enfrentar a la clase política tradicional le valió más de una década de persecución en un proceso judicial que después de la absolución en primera instancia, pasó al Tribunal Superior de Cartagena que la condenó a 12 años y 5 meses, atribuyéndole delitos de los que finalmente la absolvió la Corte Suprema.

Al leer la sentencia de la Corte se pueden observar fuertes reparos en contra de los argumentos condenatorios del Tribunal: i) Las conclusiones del Tribunal respecto a la ubicación del polígono del predio se basan en supuestos no acreditados en el proceso. ii) El Tribunal sobreestimó los alcances de uno de los testimonios, llegando a “tergiversar las demás pruebas obrantes en el proceso sobre la real ubicación del polígono Las Velas (…)”, el predio en cuestión, “(…) para respaldar las declaraciones de dicho testimonio”.

Este es uno de los argumentos de la Corte que más llama la atención, pues concluye: iii) “Causa extrañeza para la Sala que el ad quem (…)”, la segunda instancia, “(…) haya realizado ingentes esfuerzos argumentativos para dotar de solidez el criterio de la testigo, al punto de modular los hallazgos de los expertos del IGAC y de las demás pruebas (…)”.

El tiempo que demoró la Justicia en resolver el caso, la magnitud de la pena, enviarla a prisión en condiciones deplorables y el daño que esto generó en sus derechos al debido proceso, la libertad y la participación política, son hechos que parecen mostrar una deslegitimación intencional del buen nombre de Judith Pinedo, como ciudadana y agente sociopolítica, a través de la instrumentalización del sistema judicial.

Lo ocurrido podría inscribirse en un caso de Lawfare, que significa el uso abusivo de los procesos judiciales para provocar el rechazo popular de un adversario político (¿cuántas personas en el país no leyeron en la prensa que Pinedo Flórez había vendido una playa?) y anular públicamente a quienes ejercen acciones y opiniones críticas del establecimiento.

Aunque Mariamulata recuperó su libertad, nadie podrá repararle el tiempo lejos de su casa, de su familia y amigos; sin embargo, según ha contado en sus primeras entrevistas, ella continúa confiando en la democracia, en la defensa de las virtudes públicas y en seguir impulsando como agente política el diálogo social en beneficio de Cartagena y la región Caribe.

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Foto:Alcaldía Mayor de Cartagena – Oficina de Prensa, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons