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La lucha contra el carbón no debería ser solo una cuestión de números sino de derechos.

La lucha contra el carbón no debería ser solo una cuestión de números sino de derechos.

Hace algunos meses, la empresa privada de carbón más grande del mundo, Peabody Energy, lanzó una campaña llamada “Advanced Energy for life”. La campaña, supuestamente, moviliza el mundo en contra de “la principal crisis humana y medioambiental” – la pobreza energética, definida como la falta de acceso a los servicios modernos de energía.  Según afirma Peabody, con campañas de publicidad que muestran caras de niños miserables en los lugares más pobres del mundo, el carbón es única esperanza para salir de esta crisis.

Como era de esperarse, científicos y activistas anti-cambio climático han respondido de forma rápida y rigurosa para desmentir las afirmaciones de Peabody. Carbon Tracker, un grupo de expertos en finanzas, energía y derecho, publicaron un informe en donde afirman que el acceso a la energía es un problema rural que no puede ser solucionado por medio del carbón por los altos costos que significa la implementación de la infraestructura necesaria para conectar estos lugares. Además, únicamente el 7% de los pobres de África viven en países con capacidad de producir carbón, lo que significa que la mayoría de quienes viven en lugares del continente en donde hay pobreza energética no se verían beneficiados por la producción de carbón. Finalmente, dados los efectos que el carbón tiene sobre la salud y el hecho de que quienes viven en la pobreza son los que sufren de forma desproporcionada los mayores efectos del cambio climático (cuya causa en buena parte son las emisiones de carbón) los costos superan con creces cualquier beneficio que pueda traer la producción de este mineral. Como ejemplo emblemático está la India, en donde las regiones carboníferas son las más pobres y las que tienen el peor acceso a la energía. La Universidad de Stanford también ha calculado que el costo social del carbón es de USD 220/ton. En términos generales, se estima que en 2007 el costo global externalizado del carbón fue de USD 450 billones, mientras que el valor económico del mineral ese año fue de tan solo USD 210 billones.

Para curarse en salud, la Coalición Americana para la Electricidad Limpia de Carbón alegó en un estudio que el costo social del carbón es mínimo comparado a los beneficios que traen las emisiones de dióxido de carbono en la atmosfera. De acuerdo con el estudio, la ciencia de Obama esta errada porque no reconoce “los siglos de sabiduría que prueban que las emisiones de carbón son buenas para la humanidad”, lo que, para ellos, está demostrado por “la fuerte relación causal entre PIB mundial y las emisiones de CO2 de los últimos dos siglos.” Por ende concluyen, con base en una aparente confusión entre correlación y causalidad, que nuestro pasado, presente y futuro está determinado por cuánto carbón quemamos.

Lo que me desconcierta no es el evidente prejuicio comercial y la casi cómica “ciencia” de estos activistas del carbón, sino el hecho de que ambos lados del debate han fracasado en abordar uno de los aspectos más importantes de la discusión – no la pobreza energética sino la pobreza como tal, y no la economía sino los derechos humanos.

Incluso los proponentes de los costos sociales del carbón reconocen las limitaciones de la medición por su inhabilidad para tener en cuenta otros factores relevantes que no son fáciles de cuantificar y que pueden incluir impactos en términos de derechos humanos. ¿Cómo ponerle una cifra en dólares al desplazamiento generado por las minas de carbón, las muertes a manos de paramilitares presuntamente contratados por una compañía de carbón en Colombia o la eliminación del estilo de vida tradicional de las comunidades indígenas que ahora son forzadas a vivir en cajas de fósforo urbanas? En la Guajira, Colombia, en donde está ubicada una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, presencié la pobreza extrema de la comunidad indígena Wayuu, que pasa los días mirando a la mina que ahora tienen como vecina de su territorio. ¿Quién los tiene en cuenta?

Esto no quiere decir que los esfuerzos de científicos y financieros expertos para cuantificar el daño que produce el carbón no son loables, ya que generalmente la mejor forma de encarar la “cuasi” ciencia es con ciencia real,  pero un enfoque exclusivo en esos números, que deja de lado otros aspectos importantes, obstaculiza una campaña más holística que puede potencialmente llegar a eliminar el carbón. Este no es un asunto de pobreza energética únicamente. Visto de una forma más holística, tiene que ver con una calidad de vida caracterizada por oportunidades de educación, capacidad de conservar estilos de vida tradicionales, el derecho a agua limpia y suficiente, libertad de asociación y el respeto a un consentimiento previo, libre e informado antes de permitir la operación de una mina de carbón y la seguridad física de quienes deciden oponerse a estos proyectos. ¿Cómo ponerle un precio en dólares a eso?  Si se ve de esta manera, no hay forma de que Peabody y sus empresas carboníferas aliadas puedan montar un juego de números y una campaña melodramática instrumentalizando la cara de la pobreza del Sur Global.

Quienes contradicen a los “lobistas” del carbón deben, en efecto, vencerlos en su propio juego, pero no podemos dejar que nos arrinconen en un debate de números (especialmente si se tiene en cuenta lo recursivos que pueden ser este tipo de lobistas para encontrar expertos “renombrados” en sus causas). Una deficiencia significativa de los números es que a menudo reducen las situaciones humanas a medias y dejan de lado una visión de la situación en donde lo primordial es que los derechos de cada individuo, independientemente de las tendencias generales, se respeten. La campaña en contra del carbón debe tener una aproximación multidisciplinaria que combine la ciencia, la económica, y si, el tema de la exigibilidad de los derechos. Es por esto que la inclusión de un marco de derechos humanos en la próxima Conferencia de las Partes en Paris (COP) es un avance esperanzador. Darle la espalda al carbón y preferir energías renovables no es solo un tema de bienestar que debe estar justificado por números o por la ciencia –  es, simplemente, un tema de derechos.

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