Medio ambiente para alienígenas

Una es centrarse en el síntoma: la improvisación rampante, rayana en el prevaricato, de las autoridades que incumplieron sus deberes más elementales, desde el director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) hasta la entidad ambiental local (Cormacarena). Es el debate que están dando el ministro de Ambiente y muchos de sus críticos. A ambos les conviene la renuncia del director de la ANLA: al ministro para ocultar su gran cuota de responsabilidad, y a los críticos para cobrar un responsable del episodio.

Aunque creo que el director de la ANLA debería renunciar, sugiero una segunda lectura que no se agote en pedir la cabeza del funcionario de turno. Una que no se fije solo en el síntoma, sino que diagnostique la enfermedad, que no es otra que el descalabro del sistema de protección ambiental del Gobierno, que explica los errores garrafales en la licencia de la Macarena y en muchos otros casos.

Como el asunto es enredado, permítanme ser pedagógico y desmenuzar el problema en tres partes (esa es la modesta labor que cumplimos los profesores, con la venia del presidente de Ecopetrol). El primer problema es la falta de capacidad de las autoridades ambientales. Como lo muestra un excelente informe de Semana Sostenible, los conceptos de la ANLA son hechos a las carreras por técnicos remunerados a destajo. En palabras de un funcionario de la entidad, ese pago “hace que muchos profesionales corran con la evaluación para poder completar en el mes todos los pasos y recibir su salario completo”. De ahí las licencias como la de la Macarena, expedida sin tener en cuenta la advertencia de Corpomacarena sobre la inconveniencia de explotar petróleo en una de las zonas más protegidas de Colombia, donde confluyen cuatro parques nacionales y tres distritos de manejo ambiental especial.

El segundo problema es la falta de independencia. La ANLA fue sustraída del ministerio de Ambiente en 2011 para que fuera una agencia autónoma frente a los distintos intereses en juego, incluyendo los de otras instancias del Gobierno. Pero esta semana quedó claro lo que era un secreto a voces: que el alto gobierno (sobre todo la vicepresidencia) le da línea a la ANLA para apurar las licencias, o para revocarlas cuando estallan los escándalos.

Lo que me lleva a la tercera patología. Así como hay una coordinación excesiva entre el Gobierno y la ANLA, hay una desarticulación pasmosa entre ésta y las autoridades ambientales locales (las CAR). La ANLA decidió ignorar olímpicamente la advertencia que había hecho el año pasado Cormacarena, pero esta también se demoró inexplicablemente en publicar la versión completa del plan de manejo integral de la zona, lo que le sirve a la ANLA para ofrecer la excusa tinterilla de que no lo conocía.

Esas son las dolencias de fondo, que ya habían diagnosticado informes como el de la OCDE. Ahora quedaron a la vista de todos. Hasta de los alienígenas.