Líderes sociales, Colombia

¿Cómo tener un panorama total de estos homicidios que buscan frenar la actividad política del líder, interrumpen procesos sociales, afectan a comunidades y desplazan a otros líderes? | Mauricio Dueñas, EFE

Valentina Rozo

La violencia contra nuestros líderes sociales creció. Por esto, las instituciones encargadas de detener los asesinatos no pueden seguir escondiéndose en “la falta de unanimidad de las cifras” para no actuar.

Valentina Rozo

La violencia contra nuestros líderes sociales creció. Por esto, las instituciones encargadas de detener los asesinatos no pueden seguir escondiéndose en “la falta de unanimidad de las cifras” para no actuar.

¿Cómo medir lo que no se ve? Esa pregunta daba vueltas en mi cabeza hace un par de años ante la problemática de los líderes sociales asesinados en Colombia. Las cifras de las organizaciones mostraban la magnitud del problema de manera desigual y dejaban por fuera algunos casos.

¿Cómo tener un panorama total de estos homicidios que buscan frenar la actividad política del líder, interrumpen procesos sociales, afectan a comunidades y desplazan a otros líderes? El hecho de acabar con la vida de una persona defensora de derechos humanos no solo es terrible por el homicidio en sí, sino que tiene impactos sociales incalculables.

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Las historias detrás de cada uno de los asesinatos son escalofriantes. Recuerdo el caso de Alicia, dos veces desplazada: la primera en 1991, cuando su familia huyó del exterminio de la UP, y la segunda a inicios del 2000, cuando dejó Medellín después de ser golpeada y detenida en la Operación Mariscal por supuestamente pertenecer a milicias urbanas. Aunque fue absuelta, los señalamientos la obligaron a desplazarse. Desde 2015 trabajaba en Chocó promoviendo un proyecto de soberanía alimentaria enfocado en mujeres indígenas, negras y campesinas. Alicia volvió a Medellín en 2017 a visitar a su hermano y mientras estaba en una cafetería la mataron. Con ocho balas hirieron su lucha, afectaron a las mujeres con las que trabajaba y, además, amenazaron a su familia de muerte si hacía un velorio público.

El asesinato de Alicia salió en las noticias y fue registrado al menos por cinco organizaciones. Pero ¿qué pasa cuando se acaba con la vida de un líder en una vereda muy alejada? Ahí se reflejan algunas de las causas que explican por qué no hay un solo conteo de estos asesinatos: ¿cómo llegar a todo el país? ¿Cómo lidiar con los distintos criterios de quién es o no un líder social? ¿Cómo hacer un conteo de los casos que se observan y de los que no?

Desde Dejusticia y el Human Rights Data Analysis Group quisimos mostrar que todos cuentan. Que es bastante difícil que la sociedad civil, la ONU o la Defensoría puedan reportar todos estos asesinatos, pero no por eso deben dejar de hacerlo. Que aunque hay homicidios que no se registran, esto no quiere decir que han dejado de ocurrir, ni que son menos importantes.

Por eso decidimos medir “lo que no se ve” y en el documento “Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2016-2017: una estimación del universo” mostramos, gracias a la estadística, que el subregistro de líderes asesinados para esos dos años pudo haber sido de 48 personas. Serían 48 muertes adicionales a las 332 que reportaron los conteos de seis organizaciones. A esto se suma el incremento, en al menos 10%, de la violencia letal contra esta población.

La violencia contra nuestros líderes sociales creció, eso es innegable, y el informe demuestra que la realidad es más grave de lo que parece. Por esto, las instituciones encargadas de detener los homicidios no pueden seguir escondiéndose en “la falta de unanimidad de las cifras” para no actuar. Las soluciones, que deben crearse en compañía de los mismos líderes, deben venir pronto.

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