Migrantes, refugiados y fronteras

El pasado 20 de junio fue el Día Mundial del Refugiado, creado por Naciones Unidas para visibilizar el drama de los refugiados y conmemorar el valor y la perseverancia de estas personas, que cruzan fronteras, huyendo de la guerra o de la persecución por razones políticas, de raza o género, entre otras. En este día también recordamos a los migrantes forzados, que salen de sus países obligados por las difíciles situaciones económicas y sociales en que viven.

Este drama de los refugiados y migrantes se explica, en parte, por la tensión normativa que subyace al orden jurídico creado después de la Segunda Guerra Mundial.

De un lado, las Naciones Unidas proclamaron los derechos humanos como valores universales, que deben ser asegurados a todas las personas, independientemente de su raza, sexo u otra condición social, pues derivan de la dignidad igual e intrínseca de todos los seres humanos. El goce de los derechos humanos no debería, entonces, depender de la nacionalidad de las personas. Pero no es así pues, de otro lado, la Carta de Naciones Unidas mantuvo un mundo westfaliano, fundado en la existencia de Estados independientes y hasta cierto punto soberanos. Y como existen agudas disparidades de desarrollo económico y político, el goce efectivo de los derechos humanos varía significativamente de un país a otro. Por solo citar un ejemplo, un niño que nace hoy en Noruega tiene una esperanza de vida de 83 años pero si nace en República Centroafricana, esta será de 53: treinta años menos.

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Esas profundas diferencias en el goce de los derechos humanos no solo contrarían el principio de universalidad de estos derechos sino que están, en cierta forma, legitimadas por el derecho internacional, que reconoce a los Estados un cierto derecho a decidir quién entra o no a su territorio.

Las fronteras nacionales son entonces barreras a la garantía igualitaria de los derechos humanos. Pero los refugiados y migrantes forzados desafían esas barreras, pues su situación exige que se tome en serio la promesa de que los derechos humanos son universales y deben ser garantizados a todas las personas.

El derecho internacional reconoce a los refugiados el derecho a pedir protección en otro país y obliga a los Estados receptores a otorgarla. Pero muchos Estados no honran esa obligación y rechazan a los refugiados, imponiéndoles todo tipo de trabas para otorgarles el asilo o haciendo todo lo posible para que estos perseguidos no lleguen siquiera a sus fronteras, como lo han hecho varios países europeos con los refugiados sirios.

Aun más precaria es la situación jurídica de los migrantes forzados, pues los Estados receptores pueden simplemente impedirles la entrada a su territorio.

La situación jurídica de los refugiados y los migrantes forzados es entonces diversa, pero el drama humano es enorme en ambos casos. Por eso la calidad del compromiso de distintas naciones y gobiernos con la idea de universalidad de los derechos humanos se puede medir por la manera como tratan a los refugiados y migrantes que llegan a sus fronteras.

Hoy nos corresponde a los colombianos enfrentar esa difícil prueba ética y política. La razón es obvia: durante mucho tiempo fuimos esencialmente un país de emigrantes, pues millones de colombianos buscaron refugio o migraron a otros países, incluida Venezuela. Hoy, en especial por la catástrofe humanitaria en ese país, nos hemos tornado un país receptor. Nuestra decencia como nación democrática está siendo puesta a prueba por la manera como enfrentemos el desafío de acoger a estos millones de venezolanos que han salido de su país huyendo de la pobreza, la violencia y la persecución política.