Minando los Derechos Humanos por oro

La minería ilegal ha destruido derechos laborales, derechos a la salud, derechos de los niños, derechos civiles de participación política y derechos de minorías étnicas; particularmente en el Sur Global, en donde la producción ilegal se ha concentrado. Sin embargo, ni los Estados, ni las compañías que compran este oro han respondido adecuadamente a estas violaciones. Esta situación es una transgresión de los Principios Rectores Sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de las obligaciones extralegales de los Estados clarificadas en los Principios de Maastricht.

Como el siguiente mapa, la producción de oro está distribuida por el mundo. China es el productor principal (370 toneladas), seguido por Australia (250) y por los Estados Unidos (230).

Principales productores mundiales de oro, cifras oficiales. Fuente: Mining.com.

No obstante, cuando se tiene en cuenta la producción mundial de oro, la distribución cambia. En 2010, más de 330 toneladas de oro salieron de Perú. Esto implicaría que este país es el segundo productor de oro después de China. Actualmente, de acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Peruana de Derecho Ambiental (entre otras organizaciones), la producción ilegal de oro en Brasil es alrededor del 30% de la producción total, en Bolivia 40% y en Colombia 87%.  En Ghana, Sur África e Indonesia, la producción ilegal de oro también es alta. Esto implica que la cifras reales de producción de oro son distintas de las cifras oficiales, lo que hace que la participación del Sur Global sea mayor a través de la minería ilegal.

Esta producción ilegal ha tenido efectos dramáticos para los derechos humanos en el Sur. Por ejemplo, en Colombia ha aumentado la violencia, y con ella el número de homicidios, así como ha aumentado el trabajo infantil, hechos ilustrados por un documental reciente sobre el municipio de Segovia en el noroccidente del país. En Ghana ha causado condiciones indignas de trabajo infantil y de enfermedades por el uso del mercurio (como en muchas otras partes).

Como todas las mercancías, alguien compra este oro ilegal. Las compañías compradoras y los Estados que las albergan tienen responsabilidades frente a este desastre de derechos humanos, producido por la minería ilegal.

¿Quién compra este oro? La mayoría de compradores están en el Norte. Por esto, la cadena de producción tiene que llevar las mercancías a esta región, lo que implica que la producción tiene que “lavarse” en algún lugar. Una etnografía reciente realizada por periodistas peruanos muestra cómo el oro ilegal de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú se une con el legal en Medellín (Col), La Paz (Bol) y Guayaquil (Ec) para ser comprado por “compañías de EE.UU., Suiza, Italia y Emiratos Árabes Unidos, asociadas o vinculadas a través de otros grupos empresariales al London Bullion Market Association (Lbma), el gremio que fija el precio del oro a nivel internacional y que concentra a los principales comerciantes de este activo en el mundo”. Como ya se dijo, esto no es un fenómeno exclusivamente latinoamericano, de hecho, algunas de estas compañías también operan en África.

El vínculo entre empresas y derechos humanos resalta, de nuevo, como una mira importante para los activistas de derechos humanos. Las compañías compradoras deberían acatar los Principios Rectores Sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, de no hacerlo, sus Estados deberían hacerlas cumplir.

Los Principios Rectores están basados en tres pilares. Primero, los Estados (donde las compañías operan, están domiciliadas o que son dueños de estas) deberían hacer que las compañías protejan los derechos humanos. Segundo, las compañías tienen que respetar los derechos humanos. Finalmente, las compañías que han vulnerado los derechos humanos deben remediarlos. Actualmente, hay una necesidad mayor de adherirse a este último principio pues, en vista de que los precios del oro están cayendo, algunos pueden pensar que es mejor que los incentivos de mercado operen y hagan la producción ilegal de oro poco atractiva, dejando el problema de las reparaciones a derechos humanos atrás. No obstante, la minería ilegal ha causado daños enormes a los derechos humanos que deben ser remediados.

Los principios son reforzados por las obligaciones extralegales de los Estados aclaradas en los Principios de Maastricht.  Estos principios esclarecen que los Estados tienen la obligación de proteger los derechos cuando individuos particulares, organizaciones, corporaciones transnacionales u otro tipo de forma empresarial están violando los derechos humanos en su territorio, o cuando el actor “no estatal” que está violando los derechos tiene su domicilio o una parte sustancial de sus negocios en el territorio del Estado.

En síntesis, las compañías de EEUU, Suiza, Italia y Los Emiratos Árabes están vedadas por principios internacionales para comprar oro ilegal.  Aún más, sus Estados tienen obligaciones de prohibir estos negocios que están minando los derechos humanos en el Sur.

Adenda

La minería legal de oro también amenaza los derechos humanos en el distintas partes del mundo. Nada en este blog debe entenderse como una negación de este hecho.