Drogas, IDPC

El número limitado de servicios de acceso a tratamiento podría atribuirse a la baja prioridad que se le da a este tipo de intervenciones en el país. | Pixabay

Si el gobierno quiere mejorar la estrategia de prevención en abuso de drogas, más que enfocar sus esfuerzos en el decomiso de la dosis personal, debe fortalecer la atención del sistema de salud pues la oferta de tratamientos al consumidor de drogas es inexistente en cerca del 95% de los 1.122 municipios del país.

Si el gobierno quiere mejorar la estrategia de prevención en abuso de drogas, más que enfocar sus esfuerzos en el decomiso de la dosis personal, debe fortalecer la atención del sistema de salud pues la oferta de tratamientos al consumidor de drogas es inexistente en cerca del 95% de los 1.122 municipios del país.

El 1 de octubre se expidió el decreto 1844 que autoriza a la policía a decomisar y destruir cualquier cantidad de drogas ilegales, inclusive si se trata de la dosis personal. Este decreto fue expedido a pesar de las múltiples críticas que recibió. Una de las principales es que esta medida no tiene en cuenta que el abuso de drogas —que es lo que supuestamente busca prevenir— es un asunto que debe ser atendido desde el sistema de salud y no a través de la persecución a los usuarios. 

Para poder dar una respuesta adecuada al abuso de drogas es clave saber de cuántas personas estamos hablando. Según el Informe Mundial de Drogas 2018 de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), la población consumidora es apenas una fracción minoritaria de la población mundial: del 5,6% de estas personas, solo el 0,4% son dependientes de alguna sustancia. Las cifras de consumo en Colombia se comportan de manera similar. De acuerdo con el Estudio Nacional de Consumo de 2013, el 3,6% de la población total del país consumió alguna droga en el último año. Debido a la falta de información fiable no es posible saber cuántas personas tienen problemas de abuso de drogas.

Estas cifras revelan que, contrario al pánico que se reproduce en los medios de comunicación con base en argumentos morales más que científicos, el abuso de drogas es la excepción, y no la regla. La idea errónea de que el consumo está fuera de control hace que los recursos no se inviertan en lo más importante: garantizar el derecho a la salud de las personas que usan drogas. Por ejemplo, según la UNODC, a  nivel mundial solo una de cada seis personas accede a tratamiento.

En Colombia no contamos con cifras consolidadas sobre el número de personas que necesitan y acceden efectivamente a tratamiento, sin embargo hay muchas barreras que deben enfrentar quienes voluntariamente desean hacerlo. En primer lugar, solo hasta el año 2012 con la expedición de la ley 1566 se estableció que estos servicios serían parte del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y por lo tanto las EPS estarían en obligación de cubrir estos tratamientos. Esto implica que hasta hace poco tiempo las personas debían costearse el tratamiento de su propio bolsillo, lo cual evidentemente restringía las posibilidades a quienes tuvieran menos recursos. 

Asimismo, no se contaba con muchos profesionales en salud formados en el tema, lo que hace que la calidad de los servicios sea muy limitada. Un estudio sobre la heroína en Colombia encontró que las personas que usan los servicios de salud con frecuencia tiene una percepción negativa frente al trato, la formación y la capacidad de los equipos de salud que los atienden.

Aunque este servicio ya esté incluido en el PBS, una evaluación a los centros de tratamiento para usuarios de drogas realizada por el Ministerio de Salud en el año 2016 evidencia una deficiencia en su prestación. Este estudió encontró que la oferta de servicios especializados de tratamiento al consumidor de drogas es inexistente en cerca del 95% de los municipios del país. De igual modo, el 66% de las instituciones que prestan estos servicios están en Bogotá y cinco departamentos (Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Quindío y Cundinamarca). Por lo menos 9 de los 32 departamentos no cuentan con instituciones que presten estos servicios, es decir que quienes voluntariamente quisieran acceder tendrían que desplazarse a otros departamentos.Y en los 23 departamentos donde sí hay estas instituciones, el 50% cuentan con menos de 5 IPS que presten estos servicios y la mayoría están en las ciudades capitales. Para colmo de males, solo el 20% de las instituciones evaluadas atienden urgencias por intoxicación o sobredosis.

El número limitado de servicios de acceso a tratamiento podría atribuirse a la baja prioridad que se le da a este tipo de intervenciones en el país. Aunque no contamos con cifras más recientes, es diciente que según el Reporte de Gasto Público Anti-Drogas presentado por el Departamento Nacional de Planeación en el 2010, solo el 4,1% del presupuesto total en materia de drogas fue destinado a intervenciones para la reducción del consumo. Mientras que el 64% se destinó a intervenciones para la reducción de la oferta como son la identificación y erradicación de cultivos ilícitos.

Si el objetivo es atender el abuso de drogas, el gobierno debe enfocar sus esfuerzos por lo menos en tres estrategias: recolectar información clara y de calidad que le permita basar sus políticas en la dimensión real del problema de consumo; educar a la población sobre los efectos de las drogas; y brindar acceso a tratamientos basados en la evidencia. La semana pasada el Ministerio de Salud anunció que está trabajando en una nueva política frente al consumo. Esperemos que este no sea uno más de los cientos de documentos de política pública que se han escrito sobre el tema en los últimos 20 años, pero que no han implicado cambios reales que mejoren la calidad de vida de las personas que usan drogas.

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