Necesidades de justicia en el mundo

En muchos países las personas enfrentan problemas relacionados con la mala prestación de servicios de salud, la deficiente facturación del agua o la electricidad y conflictos con vecinos o arrendatarios, entre otros. Estos conflictos a veces se conocen como necesidades jurídicas, pues se relacionan con los derechos de las personas. Un Estado debe conocer y atender estas necesidades y la forma como la ciudadanía las trata y las resuelve, para diseñar buenos esquemas de gestión de dichas disputas.

En 2017, el World Justice Project realizó una encuesta en 45 países con el propósito de identificar los problemas jurídicos de las personas. Alrededor de 20 países donde la encuesta fue realizada eran del sur global: Afganistán, Brasil, Burkina Faso, Chile, Costa de Marfil, Etiopía, Honduras, Indonesia, Kazajstán, Madagascar, Malasia, México, Mongolia, Nicaragua, Nepal, Pakistán, Panamá, Senegal, Sri Lanka y Vietnam.

Mapa del reporte «Global Insights on Access to Justice: Findings from the World Justice Project General Population Poll in 45 Countries,» World Justice Project.

En dichos países, los problemas jurídicos de los que más se quejaron las personas encuestadas estuvieron relacionados con la mala e insuficiente prestación de los servicios contratados (servicios prestados por abogados o por constructores), con dificultades para obtener reembolsos por fallas o daños de bienes adquiridos, o a la facturación incorrecta de los servicios públicos domiciliarios (agua, electricidad, teléfono). También, tuvieron problemas con viviendas (arriendos, reparaciones, problemas con vecinos), asuntos comunitarios (pandillas, falta de acceso a servicios básicos, etc.), y tierras (titulación, permisos de construcción, linderos, etc.).

Adicionalmente, en la mayoría de países Latinoamericanos que hicieron parte de la encuesta menos del 50% de las personas dijo haber tenido un problema legal durante los dos años anteriores a la realización de la encuesta, mientras que ese porcentaje fue superior al 50% en la mayoría de los países de Asia y de África. Por ejemplo, en Nepal y en Pakistán el 84% de los encuestados manifestó haber tenido un problema legal, mientras que en Honduras y en Nicaragua ese porcentaje correspondió al 14% y al 30% respectivamente.

En lo que coincidieron la mayoría de las personas encuestadas en todos los países fue en el curso de acción que adoptaron, cuando tuvieron un problema jurídico. En muchos lugares, un poco menos del 20% de las personas acudió ante un tercero (líder comunitario o religioso, mediador, etc.) o ante una autoridad judicial o administrativa para resolver su problema. En Mongolia, Nepal y Senegal, por ejemplo, menos del 6% acudió ante un tercero o ante una autoridad.

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Toda esta información es importante para un Estado. No solo porque permite conocer las necesidades jurídicas de la población, sino porque genera la necesidad de entender los resultados de la encuesta. Por ejemplo, sería bueno saber por qué se declaran más problemas jurídicos en algunos países que en otros, y si eso tiene que ver con que hay más disputas o mayor empoderamiento legal. También sería bueno indagar por qué las personas acuden menos ante las autoridades o ante los terceros para solucionar sus problemas, y si esto tiene que ver,  por ejemplo, con una preferencia por la autogestión del conflicto, con la desconfianza en las autoridades o con los costos de acceso, entre otras cuestiones.

En fin, es importante conocer las disputas jurídicas que se suscitan en una sociedad desde el punto de vista de las necesidades ciudadanas. Pero estas encuestas por sí solas no sirven de mucho si los datos no son analizados a profundidad, no son utilizados para conocer los sistemas de gestión de conflictos utilizados o para caracterizar las disputas que aquejan a las personas. Tampoco sirven de mucho si la información no se utiliza para diseñar e implementar políticas públicas adecuadas para la gestión y la solución de las necesidades jurídicas. ¡Hay que tomárselas en serio!