No son accidentes si puede evitarse

Colombia es uno de los 10 países de la región que tiene una de las mayores tasas de siniestralidad vial con promedio anual de 7.000 fallecidos —en su mayoría jóvenes—. Desafortunadamente no todos llegan a los medios de comunicación  y, por el contrario, los pocos que se presentan  son generalmente anunciados como la carga inevitable del transporte terrestre, en pocas palabras, “accidentes”. No hace poco conocimos la lamentable noticia  de seis jóvenes que perdieron la vida y uno que se encuentra en estado crítico de salud como consecuencia de un siniestro vial ocasionado por el exceso de velocidad de un conductor que manejaba en estado de embriaguez en Santa Marta, uno de los cinco sectores más críticos de velocidad del país.

Muchos medios se enfocaron en la responsabilidad penal del conductor y su clase social o la respuesta del Gobierno local. Pero pocos o casi ninguno presentaron el hecho de que detrás de cada fallecido o lesionado en las vías hay una problemática de salud pública que se ocasiona, en parte, por una omisión estatal en la regulación de algunos de los factores de riesgo que confluyen en las carreteras. Y que, de regularlos y promover las políticas adecuadas, se podría evitar que se ocasione un siniestro o, en caso de que llegase a suceder, una persona fallezca o resulte lesionada. Esto no es algo menor en un país que presenta un promedio anual de 220.000 siniestros viales, de los cuales el 49% son graves. 

Pero, ¿por qué en un país como Colombia se siguen presentando estas situaciones como circunstanciales y no como una problemática de salud pública?, a pesar de que se ha mantenido constantemente entre las 10 primeras causas de mortalidad durante los últimos años y, en algunos departamentos, como el Magdalena, en el segundo lugar. La siniestralidad vial es el resultado de la confluencia de varios factores de riesgo mitigables en las vías, los cuales están relacionados con todos los aspectos del transporte: personas, vehículos, velocidades y carreteras. A pesar de ello, la mayoría de los siniestros son predecibles y, por lo tanto, evitables.

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Esto, si los gobiernos comprenden de manera adecuada los diferentes factores que conlleva el transporte terrestre y mitigan estos riesgos mediante sólidos marcos normativos y medidas de cumplimiento. Por ejemplo, a través de medidas que limiten y controlen la velocidad y el consumo de alcohol al manejar; que hagan obligatoria la fabricación y venta de vehículos más seguros, el uso de cinturones de seguridad, cascos y luces para motociclistas; que  aseguren un diseño seguro de las vías,  entre otros. Todas estas estrategias podrían reducir las altas tasas de siniestralidad y, acorde con Naciones Unidas y la OMS, son pilares claves a la hora de reducir los traumatismos causados por el tránsito. 

Sin embargo, ninguna de estas estrategias se ha abordado de manera integral en nuestro país, lo que se refleja en el hecho de que tenemos un atraso de casi 20 años en la materia, acorde con informes de la OPS (2019).  Continuamos con una serie de omisiones regulatorias en los principales factores de riesgo que no permiten que los ciudadanos contemos con un sistema vial seguro, cuyo objetivo sea que ninguna muerte o lesión grave en el tránsito sea aceptable. Para ello, es clave que las diferentes entidades estatales asuman su rol como garantes del transporte en condiciones seguras, pues cada día que vivimos con estas omisiones se pierden vidas humanas que se pudieron proteger, como lo concluimos en un reciente informe que publicamos sobre seguridad vial y derechos humanos. 

Así que es momento de dejar de presentar y aceptar a los “accidentes de tránsito” como algo inevitable, que únicamente se soluciona con condenas altas a los conductores o indemnizaciones, por el contrario, es necesario empezar a abordar esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos. Un primer paso sería comenzar por exigir un marco normativo adecuado y acorde con la evidencia internacional en los principales factores de riesgo, como establecer límites de velocidades en 50 KM/H, y contar las cámaras salvavidas en las vías del país, hacer parte de los acuerdos internacionales que exijan la venta de carros y motos más seguros, mejorar el diseño de la carreteras para que cuenten con los espacios e iluminación adecuada o exigir el uso de sistemas de retención para los menores de 10 años. Estas herramientas importantes pueden influir positivamente en la reducción de la siniestralidad vial.

De no dar estos primeros pasos, nuestro país seguirá aceptando el número de los fallecidos y lesionados en las vías como algo “accidental”. Datos de la OMS (2020) calculan que el número de fallecimientos causados por el tránsito aumentará en un 80 % en los países de ingresos bajos y medios —como Colombia— en los siguientes dos años. Algo que no está lejos de la realidad, pues tan solo en el 2019 en promedio 18,8 personas fallecieron al día y cada 0,25 minutos una persona resultó lesionada como consecuencia de un siniestro vial (ANSV, 2019). 

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