Nuestra responsabilidad en el genocidio de la UP

En todo caso, el exterminio de la UP es claramente un genocidio en derecho colombiano, pues, gracias a la movilización de las víctimas, primero la Ley 588 y luego el Código Penal ampliaron la definición de genocidio a los intentos de destruir total o parcialmente a un “grupo político”. Esta ampliación ha sido avalada por la Corte Constitucional en varias sentencias, como la C-177 de 2001, por cuanto consideró, con razón, que un Estado puede ampliar el alcance de un crimen internacional si lo considera necesario, ya que el derecho internacional representa un “mínimo de protección” que los Estados pueden fortalecer. Colombia podía entonces adoptar “un concepto más amplio de genocidio, siempre y cuando se conserve la esencia de este crimen, que consiste en la destrucción sistemática y deliberada de un grupo humano, que tenga una identidad definida. Y es indudable que un grupo político la tiene”.

Mi vida profesional me ha permitido conocer a varios militantes y víctimas del genocidio de la UP, por quienes siento respeto y afecto, como, entre otros, Óscar Dueñas, Jahel Quiroga, Iván Cepeda y la familia de Miguel Ángel Díaz: Gloria Mansilla y sus hijas Ángela, Luisa Fernanda y Juliana. Ellos y todas las otras víctimas y militantes de la UP tienen el derecho, por su persistencia heroica, de reclamar como triunfo propio este fallo histórico de la Corte IDH que, a pesar de lo tardío y de algunas insuficiencias que comentaré en otros escritos, representa algo de justicia para las víctimas y sus familias. Pero para el resto de Colombia esta condena de la Corte IDH tiene que forzarnos a una reflexión profunda sobre nuestras responsabilidades.

Las responsabilidades jurídicas, incluso penales, por el genocidio de la UP son de los victimarios y sus cómplices. O de aquellos que desde el Estado no hicieron lo suficiente para prevenir e investigar con la debida diligencia estos crímenes. Pero todos los demás no podemos reclamar total inocencia: este genocidio político ocurrió ante nuestros ojos, con la complacencia de algunos y la indiferencia de la mayoría. Unas duras preguntas se nos imponen: ¿cómo permitimos que eso ocurriera? ¿Qué podemos hacer para contribuir a una mayor justicia para las víctimas y sus familias? ¿Qué debemos hacer para que crímenes así no se repitan?