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Foto referencia de debate presidencial entre un candidato de derecha (Iván Duque) y otro de Izquierda (Gustavo Petro). | EFE

A veces los gobiernos de derecha y de izquierda se parecen: polarizan, debilitan la institucionalidad, acosan a la prensa, erosionan el consenso y lidian mal con la criminalidad organizada.

A veces los gobiernos de derecha y de izquierda se parecen: polarizan, debilitan la institucionalidad, acosan a la prensa, erosionan el consenso y lidian mal con la criminalidad organizada.

A veces los gobiernos de derecha y de izquierda se parecen: polarizan, debilitan la institucionalidad, acosan a la prensa, erosionan el consenso y lidian mal con la criminalidad organizada. Quiero hablar de esto último, es decir, de la incapacidad para construir Estado en lo que hoy llaman los territorios. La derecha, ya lo sabemos, enfrenta el problema enviando tropa, con la idea de que esa es la única forma de acabar con la delincuencia organizada. La izquierda, como estamos viendo, propone una negociación con los grupos armados, pero con un plan difuso que no logra llevar a buen término los acuerdos posibles. Ambas políticas fracasan porque son parciales y desconocen el principio básico (de teoría de formación del Estado) de combinar seguridad con integración social, a través de una política que consiga, por un lado, el monopolio de la fuerza pública con miras a proteger a la población civil y, por el otro, que acerque las poblaciones al Estado y legitimen su accionar por medio de desarrollo económico y políticas sociales.


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El gobierno actual ha hecho algunos intentos por lograr esto último, pero ha fracasado en lo primero, es decir, en mejorar o simplemente conseguir seguridad para la gente en los territorios. Es cierto que este problema se ha agravado desde que las FARC se desmovilizaron, y eso debido a que el Estado fue incapaz de llenar el vacío de poder que dejó la guerrilla cuando se fue. Pero la política de “paz total” del actual gobierno ha agravado el deterioro institucional de manera dramática. Según María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la paz, los ceses al fuego han disminuido la presión sobre las organizaciones criminales, lo cual ha permitido que los actores se expandan. “La paz total -agrega- proporcionó una plataforma política nacional e impulsó la unificación de las disidencias, a la vez que estimuló que otros grupos buscaran el ropaje político, como lo ha venido haciendo sistemáticamente el Clan del Golfo. Mientras todo esto ocurre, no se advierte una estrategia de seguridad robusta y articulada en las mesas de negociación con los grupos armados, que equilibre la balanza”. La Defensoría del Pueblo, por su parte, alerta sobre el aumento de la presencia del Clan del Golfo, del ELN y de las disidencias de las Farc en una buena parte del territorio nacional. El ELN, por ejemplo, tenía injerencia en 189 municipios en el 2022 y hoy tiene en por lo menos 231.


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La paz total parece desconocer la sicología del delincuente, e incluso la del simple negociante. Cuando una de las partes no tiene una política clara sobre lo que no está dispuesta a ceder y, además, no le da muestras a la contraparte de los altos costos en los que incurriría si no negocia, esta última aprovecha la situación para fortalecerse, y eso es, justamente, lo que está ocurriendo.

Mientras este deterioro de la capacidad institucional va tomando fuerza, al presidente se le ocurre que, para paliar las dificultades políticas que enfrentan sus proyectos de reforma en el Congreso (ajenas a la paz total) lo mejor es convocar una asamblea constituyente. Mi colega Rodrigo Uprimny ha comentado esa propuesta del presidente en distintas versiones y probablemente dirá algo más en su columna de mañana. Suscribo plenamente lo que ha dicho, que, por lo demás, lo dijimos hace más de una década cuando el presidente Uribe propuso eso mismo para enfrentar las dificultades que tenía en el Congreso con su reforma a la justicia. Lo dicho, a veces los opuestos ideológicos se parecen más de lo que uno cree.

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