Pagos por servicios ambientales: ¿herramienta de conservación o mercantilización de la naturaleza?

¿Cuánto cuesta el aire que respiramos? ¿Debemos pagar para disfrutar de hermosos paisajes? ¿Es posible poner un precio en el proceso de polinización? ¿Cómo podemos valorar, en términos económicos, la naturaleza, un bien público que ni siquiera podemos medir? A primera vista, podría pareces que estas preguntas pertenecen a una era de preparación para un futuro catastrófico, donde la naturaleza es una mercancía rara, si no desaparecida, cuyo eclipse debe ser detenido ahora. Pero ese futuro no es una realidad lejana, especialmente para los países que enfrentan el mayor riesgo a los desastres relacionados con el cambio climático, por lo que estas preguntas son, de hecho, más que nunca imprescindibles.

El aire limpio, el agua dulce, la producción de alimentos, la regulación del clima, la protección de la biodiversidad y el almacenamiento de carbono son sólo algunos de los beneficios ecológicos que recibimos de la naturaleza (en términos económicos, los llamamos «servicios ambientales o ecosistémicos»). ¿Deberíamos pagar por esos servicios? ¿Cómo los valoramos? ¿Debemos pagar por el hecho de preservar o porque ayuda a los humanos? Los pagos por servicios ambientales (PSA) siguen el enfoque del «principio del beneficiario-pagador», que establece que se debe pagar a las comunidades e individuos que usan sus tierras u otros bienes ambientales de una manera que contribuye a la provisión de servicios ambientales.

Los PSA son una política cada vez más controvertida. Hay tres argumentos principales que critican los PSA. En primer lugar, hay quienes sostienen que la idea de pagar por los servicios ambientales es antropocéntrica (a considerar a la humanidad como el elemento más importante de la existencia), ya que da un valor instrumental a la naturaleza en función de lo útil que es para los seres humanos. En lugar de reconocer el valor intrínseco de la naturaleza, el antropocentrismo detrás de los PSA conduce a una perspectiva económica en la que la explotación, el consumo y la mercantilización de la naturaleza son centrales. Según esta crítica, cuantificar el valor de la conservación ambiental, o entenderlo en términos de bienes y servicios, amenaza la sostenibilidad ambiental, ya que sigue siendo sujeto a lo rentable que es la conservación a corto plazo.

Patrulleros trabajan en las selvas de Macooih, Vietnam. Cada patrulla consiste en miembros de la comunidad que tienen la tarea de promover el bienestar del bosque. Esto es posible a través del Fondo de Pobreza y Ambiente con el enfoque conocido como pago por servicios ambientales de bosques. Foto: Banco Asiático de Desarrollo

En segundo lugar, ver la conservación como un medio para llegar a un fin para producir ingresos que sirven al interés personal de los seres humanos, y no como un fin en sí mismo, podría crear la idea de que la conservación es meramente una fuente de ingresos para los terratenientes en el presente. Esta idea no tiene en cuenta el valor que la naturaleza podría tener para las generaciones futuras. Además, es probable que los seres humanos puedan encontrar formas distintas a la conservación para obtener los mismos beneficios de la naturaleza, lo que pone en peligro la conservación.

Por último, una última crítica a los PSA es que podrían utilizarse como un mecanismo basado en los derechos de propiedad que podría dar lugar a una privatización general de los recursos de acceso abierto, como el agua o el aire. Por ejemplo, George Monbiot, el columnista de The Guardian, ha criticado los PSA ya que nombran  “el arrendador como propietario e instigador de la vida silvestre, el flujo de agua, el ciclo del carbono, los procesos naturales que previamente se consideraba pertenecían a todos y nadie.”

A pesar de las objeciones teóricas a los PSA, esta herramienta económica se ha utilizado en los países desarrollados y ha ganado fuerza en países en desarrollo que están tratando de combatir el cambio climático, adaptarse a sus efectos devastadores, limitar la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por los seres humanos, y preservar su biodiversidad.

La falta de una definición legal para los PSA ha dejado lugar a varias interpretaciones sobre cómo desarrollar las transacciones de PSA dentro del marco legal particular de cada país. Sin embargo, los PSA son mecanismos sólidos para proteger el medio ambiente. Países del Sur Global como Costa Rica, Uganda y recientemente Colombia comparten una perspectiva que ve los servicios ambientales como un producto de la interacción de las comunidades con la naturaleza. Estos países son ejemplos de diferentes maneras de implementar esquemas de PSA para proteger la naturaleza y reducir la pobreza.

Bosque en Costa Rica. Foto: Ramon – Flckr Commons

Las laderas de Costa Rica, donde la fauna silvestre y la vegetación nativa están protegidas bajo esquemas de PSA, han mostrado cómo esta herramienta económica puede ser usada como un programa gubernamental a largo plazo. El PSA se introdujo en los años noventa como una forma de pagar a los propietarios de tierras para mantener el bosque nativo, en lugar de reducirlo y así contribuir a reducir la tasa de deforestación de Costa Rica. Veinte años más tarde, el modelo nacional de PSA de Costa Rica se considera el esquema más exitoso del mundo, con casi un millón de hectáreas de bosques conservados por los pagos para su protección. Algunos estudios han demostrado que el PSE “aumentó la cobertura forestal de granja de un 11% a un 17% del promedia de área bajo PSA.” Se trata de un modelo híbrido que consiste en regulaciones estatales (los ingresos por impuesto forestal y el impuesto sobre el combustible), mecanismos de mercado y subsidios. Uno de los principales desafíos para el programa de Costa Rica es la necesidad de aumentar su impacto social, ya que los pagos tienden a ir a las grandes fincas y empresas privadas en lugar de las comunidades pobres.

Los programas de PSA también se han utilizado como una herramienta para proteger especies amenazadas. En Uganda, en 2015 se creó un Fondo de PSA para reducir la pobreza y capacitar a la población local sobre cómo maximizar el mantenimiento de la biodiversidad mediante el uso de la tierra. Como resultado, la conservación de los bosques es visto como una oportunidad para que las comunidades locales sean pagadas mientras se cumples objetivos medioambientales, tales como la protección de las poblaciones de chimpancés en Uganda que viven fuera de las áreas protegidas.

Si un país no tiene un acceso significativo a fondos  internacionales o fuentes de financiación nacionales, otra forma de implementar los PSA es a través de acuerdos independientes entre compradores y vendedores o a través de esquemas público-privados. En estos esquemas, los vendedores de proyectos son en su mayoría comunidades locales que identifican, estructuran e implementan el programa de PSE directamente con los compradores. BanCO2 en Colombia es un ejemplo de este tipo de esquema a pequeña escala. Este programa, creado en 2015, reúne a familias que trabajan como «guardianes» de ecosistemas con ciudadanos o empresas privadas que quieren pagar por su huella ecológica. Según el Banco Mundial, un mecanismo de PSA implementada en Quindío demostró que “los beneficiarios del PSA convertieron más del 40 por ciento de sus granjas en tierra ambientalmente amigable durante 4 años.” El gobierno de Colombia también ve los PSA como una herramienta capaz de sustituir 50.000 hectáreas de coca por bosque nativo, un requisito incluido en el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC en 2016.

¿Qué camino debemos seguir para preservar el medio ambiente y beneficiarnos al mismo tiempo? ¿Debemos promover la conservación por la naturaleza o por el bienestar humano? ¿Deberíamos protegerlo mediante la aplicación de enfoques basados ​​en el mercado o debemos proteger la naturaleza mediante la reglamentación y las multas?

No hay una posición concreta en cuanto a cómo cada país debe implementar los PSA. Sin embargo, estos ofrecen una valiosa herramienta para alcanzar metas ambientales.Estos ejemplos muestran cómo los PSA puede ser una manera de romper la dicotomía entre la protección de la naturaleza, como resultado de reconocer su valor intrínseco y protegerlo con respecto a cómo los seres humanos pueden beneficiarse.

Foto destacada: Kohel314 Flckr Commons