Pandemia, desigualdad y redistribución

El coronavirus SARS-CoV-2 puede infectar a cualquier persona, pero la pandemia no es democrática ni igualitaria, pues afecta de manera mucho más severa a los pobres y a las personas discriminadas, por lo cual puede agravar la desigualdad y la pobreza.

Las razones de este impacto negativo del COVID-19 son al menos tres. Primera: las poblaciones pobres tienen más dificultad para prevenir el contagio. ¿Cómo puede aplicar el aislamiento social y el lavado de manos periódico quien vive en un hogar hacinado y sin servicio de acueducto? Segunda: estas personas, por sus difíciles condiciones sociales, pueden padecer patologías previas que las ponen en mayor riesgo en caso de ser infectadas. Tercera: las medidas de aislamiento las impactan en forma más grave, porque estas personas no tienen ahorros y viven de lo que ganan día a día.

Es entonces esencial que las estrategias frente al COVID-19 tengan en cuenta criterios de justicia distributiva, a fin de repartir en forma equitativa sus costos y sus beneficios. Y esto, en el contexto de esta pandemia, implica medidas redistributivas.

Esta necesidad de la redistribución es clara: el combate al contagio se funda en el “aislamiento social”, a veces con medidas muy severas como las cuarentenas generales, que implican inevitablemente un cierto enfriamiento de la economía. No son entonces posibles estrategias keynesianas de reactivación global de la demanda, puesto que esto iría contra el aislamiento social; ni tampoco puede uno confiar en el mercado, ya que el enfriamiento de la economía es inevitable.

La única forma de combatir el contagio sin incrementar la desigualdad ni la pobreza es con medidas redistributivas que transfieran recursos de los más ricos a los más pobres. La redistribución, como lo ha mostrado el economista Leopoldo Fergusson, reduce la tensión entre la necesidad de proteger la salud pública, a fin de evitar muertes por COVID-19, y la necesidad de proteger la economía y los ingresos, para evitar muertes o vidas maltrechas por la pobreza.

Quienes más ingresos y patrimonio tengan deben contribuir mayormente a financiar los gastos extraordinarios que implica la pandemia, por medio de impuestos extraordinarios a los ingresos y patrimonios altos. Y es necesaria una renta básica extraordinaria robusta para las personas de menores ingresos, no solo por razones de justicia y derechos, pues el Estado debe garantizarles el mínimo vital, sino, además, para asegurar una mayor eficacia de las políticas destinadas a combatir la pandemia. Si una de las estrategias esenciales para prevenir el contagio es el aislamiento social, ¿cómo puede esa medida ser cumplida por aquellas personas que si la acatan quedarían sumidas en el hambre, si el Gobierno no les garantiza un ingreso alterno, al menos mientras dura la cuarentena?

Esta necesidad de enfrentar la pandemia con políticas redistributivas adquiere aún mayor importancia en Colombia, que es un país con cifras de pobreza inaceptables y con una de las mayores desigualdades socioeconómicas del mundo. Además, la redistribución es posible, pues, como lo han mostrado en forma rigurosa Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia, la renta básica extraordinaria para los más pobres puede ser financiada con impuestos extraordinarios a los más ricos. Esas medidas podrían, además, ser el inicio de una reforma global para tener un sistema tributario más equitativo.

La pandemia tiende a reforzar las desigualdades, pero es también una gran oportunidad para enfrentar problemas que hasta ahora eran temas vedados en la agenda política, como nuestra extrema desigualdad y la regresividad de nuestro sistema tributario. Esta oportunidad tiene que ser aprovechada.