| Ben Rosett

Alejandro Jiménez Ospina

¿Hasta dónde puede llegar un abogado para defender los intereses de sus clientes?

Alejandro Jiménez Ospina

¿Hasta dónde puede llegar un abogado para defender los intereses de sus clientes?

En el mundo parece existir una lógica instalada: que los abogados pueden hacer cualquier cosa porque su conocimiento de la ley les permite utilizarla a su favor, incluso cuando eso implica actuar de forma irregular, poco ética o, en el peor de los casos, delictivamente. Entonces, si eso es así, ¿para qué no sirven los abogados?

Es 12 de diciembre de 2018 y un exitoso abogado sale de una corte federal en Manhattan. Sería normal que lo hiciera porque acaba de terminar un juicio o porque está iniciando una defensa. Pero Michael Cohen, quien fuera el abogado de uno de los hombres más poderosos del mundo, Donald Trump, acaba de ser condenado a tres años de prisión. Cohen, en defensa de los intereses de quien en ese momento era un candidato presidencial, violó leyes sobre financiamiento de campaña y le mintió al Congreso de los Estados Unidos al respecto.

Meses atrás la viabilidad de la postulación de Trump se vio “amenazada” por dos mujeres que afirmaban haber tenido un romance con el entonces candidato. Para solucionar el problema, Cohen fue enviado a negociar con ellas, quienes guardaron silencio a cambio de dinero que, según el juez, provino de fondos de la campaña.

michael cohen

Una interpretación artística del abogado Michael Cohen. Fuente: DonkeyHotey, Flickr (CC BY-SA 2.0).

Es 17 de agosto de 2018. Ahora es una corte federal de Brooklyn. Otro exitoso abogado sale. Esta vez es Evan Greebel, condenado a 18 meses de prisión por su participación como asesor legal externo de Martin Shkreli en el fraude a una empresa llamada Retrohin Inc. con la intención de pagarle a inversionistas de fondos de inversión que manejaba su cliente. Shkreli ya era bastante conocido. En 2015 una compañía que dirigía compró un medicamente llamado Daraprim, usado para tratar una infección que puede ser mortal para personas con VIH o cáncer. Shkreli decidió que el precio de USD$13.50 por tableta era muy bajo y lo aumentó a USD $750, ¡más del 5.000%!

Shkreli no sólo administraba las compañías en las que era CEO bajo una ética dudosa, sino que era poco exitoso en sus fondos de inversiones. Como no tenía dinero para pagarle a los inversionistas, con ayuda de su abogado Evan Greebel, defraudó una de las empresas que dirigía para pagarles. Greebel fue declarado culpable de conspirar para cometer fraude en valores y de fraude electrónico.

Estos dos casos tienen una cuestión implícita, de vital importancia para el funcionamiento de un Estado y la garantía de los derechos de sus ciudadanos. ¿Hasta dónde puede llegar un abogado para defender los intereses de sus clientes? ¿En dónde está la línea entre la legalidad de defender a alguien garantizando su derecho a la defensa y lo cuestionable de verse envuelto en irregularidades, cometer delitos o actos cuestionables éticamente para asegurar el éxito de la gestión? Los casos de Cohen y Greebel son claros y tienen decisiones judiciales que trazaron esa línea por ellos y concluyeron que cometieron delitos, sin importar que actuaran como sus abogados. Hay otros que no son tan claros.

Martin Shkreli

Martin Shkreli fue condenado por actos de fraude. Fuente: Mariano Cuajao, Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).

El escándalo de sobornos pagados por la multinacional Odebrecht en Latinoamérica tiene un coletazo fuerte en Colombia. Dentro de las diferentes investigaciones están vinculados altos funcionarios de gobierno, excongresistas, exviceministros, ejecutivos exitosos de grandes compañías financieras y de construcción e, incluso, el propio Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

El caso relevante para este tema es precisamente el del Fiscal General. Por increíble que parezca, él es una persona que ha transitado por el servicio público y la práctica profesional privada como si fueran una sola cosa. Su hoja de vida incluye cargos públicos de alto nivel, entre otros, ha sido ministro varias veces. Mientras tanto, en los períodos en que no ha ocupado ningún cargo público, ha sido abogado privado, entre otras, una firma que era de su propiedad y ahora dirige su hijo: DLA Piper Martínez Beltrán, fundada en 1996 bajo otro nombre y que ingresó a la multinacional jurídica DLA Piper en 2015. Esa firma practica el derecho en la nada despreciable suma de 17 áreas. Entre ellas están el derecho bancario, financiero y mercado de capitales, la financiación de proyectos e infraestructura y el derecho corporativo comercial. Temas sobre los cuales su fundador había ocupado cargos públicos que le daban acceso a información importante y poder decisorio.

Ese tránsito entre lo público y lo privado no ha sido un problema para la consciencia pública colombiana sino hasta hace muy poco. Era normal en Colombia ver a exitosos abogados ocupar cargos públicos y luego volver a sus prácticas privadas. O encontrar a magistrados de Altas Cortes que luego de terminar su período se dedican a llevar procesos y casos ante las cortes que antes habían ocupado. Todo eso parece estar cambiando, o por lo menos el debate público nacional así lo indica. No obstante, el caso de Néstor Humberto Martínez muestra lo grave que es.

Luego de ser ministro Martínez decidió salir de la vida pública, como tantas veces había hecho, y volver a la práctica privada en su firma. Allí actuaba ocasionalmente como asesor del conglomerado financiero más importante del país, el Grupo AVAL, y de su dueño. Esa cercanía llevó a que su amigo, Jorge Enrique Pizano, se acercara a él y le presentara pruebas de irregularidades cometidas por Odebrecht en el contrato de construcción de un tramo de la concesión vial más grande e importante del país: la Ruta del Sol, ¿por qué? Porque la multinacional estaba asociada con una empresa del Grupo AVAL y CSS Constructores.

odebrecht

El éscandolo de sobornos de Odebrecht en Colombia se relaciona con el contrato de construcción para la Ruta del Sol. Fuente: Luke Besley, Unsplash.

Martínez no sólo supo de las irregularidades que le mostró Jorge Enrique Pizano, sino que ayudó a la empresa que construía la Ruta del Sol a hacer un contrato de transacción para gestionar dichas irregularidades como un asunto de gobernanza corporativa, como una simple controversia entre socios. Allí Odebrecht se comprometió a devolver más de USD$10 millones a la sociedad.

Entonces, ¿Para qué no sirven los abogados? ¿Hay un punto en que el abogado dejar de actuar como tal y se convierte en un delincuente o ejecuta actos contra la ética de la profesión? ¿Qué tan ético y legal es redactar un contrato de transacción, por encargo de una empresa cuyos dueños han sido comprometidos en el extranjero por graves casos de corrupción, cuando se tiene información por parte de uno de los auditores de la misma empresa de que hay pagos irregulares que parecen ser parte de delitos? ¿Ampararse en que es un asunto entre los socios implica que se pueden ignorar las otras facetas del caso, como los recursos públicos involucrados, los presuntos delitos cometidos o la información con que se contaba respecto al actuar habitual de Odebrecht? (recuérdese que Cohen afirmó que lo que hizo fue gestionar una “simple transacción privada”) ¿Ser un abogado contratado con ese fin blinda la relación y le permite llegar a cualquier punto con tal de defender los intereses de los clientes? Por lo menos en Colombia, la respuesta está en la ley. Actuar de mala fe en el ejercicio de la profesión es una falta profesional y, en otros casos, la comisión de ciertos delitos también lo son.

Los casos de Cohen y Greebel muestran que sí hay una línea que no se debe cruzar. Cohen, en su calidad de abogado, debía encargarse de gestionar el conflicto entre dos mujeres y su cliente, pero terminó violando normas electorales y mintiendo ante el Congreso de los Estados Unidos. Greebel a su vez, en su afán de garantizar que su cliente siguiera operando y proteger sus intereses financieros, ayudó en la comisión de fraudes electrónicos. ¿Cuál es la línea que debió trazar Néstor Humberto Martínez? Esa es una pregunta que hoy se mantiene y que el propio fiscal debería contestarle a la sociedad colombiana, no sólo en aras de su defensa sino como un ejercicio de ética pública y de dignificación de la profesión de abogado. Necesitamos que nos diga para qué no sirven los abogados.

De interés: Corrupción / Fiscal / Fiscalía / Odebrecht

Powered by swapps