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Rodrigo Uprimny Yepes

José Manuel Acevedo, quien parece estar muy bien dateado, explicó en una columna reciente en Semana.com que está circulando una propuesta de una especie de ley de punto final, que estaría siendo examinada por muchos líderes políticos, incluyendo al presidente y al fiscal.

Rodrigo Uprimny Yepes

José Manuel Acevedo, quien parece estar muy bien dateado, explicó en una columna reciente en Semana.com que está circulando una propuesta de una especie de ley de punto final, que estaría siendo examinada por muchos líderes políticos, incluyendo al presidente y al fiscal.

La base de la propuesta es que el apoyo al proceso de paz con las Farc aumentaría si se previera un perdón y olvido, no sólo para los guerrilleros sino también para los militares, los paramilitares, los políticos y los empresarios. La idea sería entonces cesar los procesos penales a todos los actores involucrados en el conflicto armado.

Acevedo califica esta propuesta de “justicia transicional para todos” y sugiere que es la única forma de alcanzar una paz que sea “realista y verdaderamente incluyente”. Pero a pesar de este lenguaje atractivo, esta propuesta es inaceptable pues es i) conceptualmente equivocada y dista de ser ii) incluyente y iii) realista.

Es conceptualmente equivocada, pues califica como justicia transicional lo que no es más que una búsqueda de impunidad para los victimarios, cuando la justicia transicional, que tiene en su corazón los derechos de las víctimas, nació como un esfuerzo por superar la impunidad derivada de las autoamnistías que se otorgaron las dictaduras militares del Cono Sur. Lo que se propone, no es entonces, justicia transicional para todos, que es una idea respetable que habría que discutir, sino impunidad para todos, que es una propuesta inaceptable que entendíamos superada. Por ello muchos de quienes apoyamos el proceso de La Habana lo hacemos porque tiene como premisa el respeto a las víctimas, y que los responsables de crímenes atroces deberán rendir cuentas.

Es una propuesta que no tiene tampoco nada de incluyente. O por decirlo de otra manera, es incluyente pero con los victimarios ya que prevé impunidad para todos ellos, pero es excluyente con las víctimas, cuyos derechos ignora olímpicamente.

Es, finalmente, una propuesta que no es realista, pues ignora que el derecho internacional y nuestro derecho constitucional han impuesto a los procesos de paz límites jurídicos, que son esencialmente los derechos de las víctimas. Un acuerdo de paz que no tome en serio estos derechos, es hoy, entonces inviable jurídicamente. Y por esa razón es también inviable políticamente, incluso si tiene amplio respaldo popular, pues en cualquier momento podrá ser cuestionado ante los jueces nacionales o ante tribunales internacionales, como la Corte Interamericana o la Corte Penal Internacional, que terminarán por invalidarlo.

Aunque a algunos no les guste, los derechos de las víctimas son hoy una realidad jurídica y política. Una paz viable y duradera debe ser respetuosa de esos derechos. Debemos entonces esforzarnos por lograr una verdadera justicia transicional, que armonice estos derechos con las exigencias y posibilidades de un proceso de la paz. Y no plantear fórmulas de perdón y olvido generales, que hoy son éticamente inaceptables y políticamente inviables.

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