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Puede ser que el Fiscal tenga razón en que un acuerdo de paz con las Farc no requiera jurídicamente una refrendación ciudadana. Pero ésta es necesaria por razones de legitimidad política democrática.

Puede ser que el Fiscal tenga razón en que un acuerdo de paz con las Farc no requiera jurídicamente una refrendación ciudadana. Pero ésta es necesaria por razones de legitimidad política democrática.

Jurídicamente, el Gobierno puede suscribir un acuerdo de paz y tratar de implementarlo con los mecanismos institucionales ordinarios, como leyes, decretos o reformas constitucionales. Sin embargo, como lo sostuve en varias columnas en el pasado, existen al menos cinco razones políticas muy poderosas a favor de la refrendación ciudadana.

Primero, por coherencia: las Farc y el Gobierno anunciaron que lo acordado sería refrendado por la ciudadanía. Y esa promesa, que ha facilitado que la negociación avance, debe ser cumplida.

Segundo, por soberanía popular: una negociación de paz puede tener consecuencias trascendentales. Una democracia debe entonces favorecer que sean los propios ciudadanos quienes tengan la última palabra sobre tan importante decisión.

Tercero, por transparencia democrática. Las negociaciones deben tener una cierta reserva para que puedan avanzar. Pero este sigilo es incompatible con la transparencia, que es esencial en la democracia. El acuerdo alcanzado en reserva debe entonces ser sometido a una discusión pública por toda la sociedad, y sobre todo por quienes resultaron especialmente afectados por el conflicto: las víctimas.

Cuarto, por la sostenibilidad futura de la paz. Todo acuerdo de paz es polémico y no deja a todos satisfechos, pues implica decisiones controvertidas, que afectan intereses de muchos sectores. En el futuro algunos podrían querer revertir el acuerdo, pero les queda más difícil hacerlo si éste fue ratificado democráticamente, ya que la paz no sería sólo el resultado de una negociación de cúpulas sino una decisión avalada por toda la ciudadanía.

Quinto, porque facilita un acuerdo más justo e incluyente. Las negociaciones entre los actores armados están usualmente gobernadas por los intereses de los guerreros, que no coinciden obligatoriamente con los valores democráticos generales o con los intereses de grupos especiales, como las víctimas o los grupos étnicos. ¿Imaginen, por ejemplo, en qué quedaría el tema de la violencia sexual ocurrida en el conflicto armado si su futuro sólo dependiera de los actores armados? La perspectiva de la ratificación democrática obliga a que las guerrillas y el Gobierno vayan más allá de sus intereses recíprocos inmediatos e intenten un acuerdo realmente justo para toda la sociedad, pues saben que lo pactado deberá ser refrendado por la ciudadanía.

Una paz refrendada ciudadanamente es más difícil de alcanzar, pues no sólo las guerrillas y el Gobierno deben llegar a un acuerdo, lo que ya es difícil, sino que además lo pactado debe ser aprobado por la ciudadanía, lo cual es aún más arduo e incierto. Pero una paz refrendada es más justa, incluyente, democrática y duradera. Y por ello no debemos discutir si debe o no haber refrendación sino cuál es la mejor forma de hacerla.

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