Permisos judiciales

Como se sabe, la señora Ruth Marina Díaz, presidenta de la Corte Suprema, obtuvo permiso para irse de crucero por el Caribe en compañía de magistrados de tribunal que dependen de su voto para ingresar a la Corte Suprema.

Según informan los medios esta semana, la señora Díaz, muy preocupada con este asunto, ha llamado a varios expresidentes de la Corte para que no la dejen sola y digan que ellos también hacían lo mismo.

Yo no soy ningún expresidente de alta corte, ni mucho menos, pero si de algo le sirve mi declaración a la señora Ruth Marina, puedo decir que ella dice la verdad y que el otorgamiento de esos permisos (permisos justificados que nadie justifica) son una práctica común en toda la rama. Tan comunes son que jueces y magistrados los toman como un derecho. Si todos lo hacen, se preguntará la señora Díaz, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Si el derecho a la igualdad consiste en tratar igual los casos iguales y desigual los casos desiguales, ¿por qué, dirá ella, habrían de sancionarme a mí, cuando nunca han sancionado a nadie por haber hecho lo que yo hice?

En Colombia casi todos los ciudadanos nos enfrentamos al tipo de situaciones que enfrentó la magistrada Díaz cuando solicitó permiso para irse de paseo por el Caribe. ¿Qué hacer frente a una conducta reprochable desde el punto de vista ético, pero aparentemente válida desde el punto de vista legal y muy conveniente desde el punto de vista del interés personal? Con mucha frecuencia los particulares resolvemos esta pregunta por el lado que más nos conviene, es decir por el lado del interés personal. Esto puede ser una lástima, entre otras cosas porque es muy probable que el cálculo que hacemos del interés personal esté errado en el largo plazo y que al final, como suele ocurrir con la corrupción, todos salgamos perdiendo. No obstante, el derecho sólo exige de los particulares que cumplan la ley, no que corrijan, con su conducta, los defectos éticos de las normas. Lo que digo está plasmado en el principio jurídico según el cual los particulares pueden hacer todo lo que no les está prohibido.

Pero en el caso de los funcionarios la cosa es muy distinta. Su obligación es la de proteger el interés público, lo cual implica un límite drástico a la posibilidad de beneficiarse con conductas que, si bien son aparentemente legales, también son claramente reprochables desde el punto de vista ético y, además, claramente perjudiciales para el bien común, como es el caso de la norma de los permisos que utilizó Díaz para irse de viaje por el Caribe. Quizás no hay otra persona en el país a la que le quede tan mal hacer eso como a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Es evidente que mi testimonio no le sirve de mucho a la señora Ruth Marina. Pero tampoco le servirá el de sus colegas; mientras más trate de justificar su conducta, más aparecerá ante la gente como lo que aparentemente es: una más entre los miles de funcionarios que se posesionan en Colombia para sacar provecho personal del cargo, no para cumplir con el deber y servirle al país.

Este escándalo judicial (uno más en la larga lista de escándalos que han afectado a la Rama Judicial en los últimos dos años) puede, sin embargo, tener un efecto positivo: el de acabar, o al menos reducir, la costumbre de otorgar estos permisos justificados que nadie justifica.
Cuando escribo esto, sin embargo, mi optimismo se desvanece al recordar que el procurador salió esta semana a elogiar a la señora Díaz y a defender la legalidad de tales permisos.