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La vigilancia se ha convertido en un mecanismo de control social por parte de los gobiernos. Ha dejado de ser un arma exclusiva de los Estados autoritarios y se ha filtrado en las democracias.

La vigilancia se ha convertido en un mecanismo de control social por parte de los gobiernos. Ha dejado de ser un arma exclusiva de los Estados autoritarios y se ha filtrado en las democracias.

La vigilancia se ha convertido en un mecanismo de control social por parte de los gobiernos. Ha dejado de ser un arma exclusiva de los Estados autoritarios y se ha filtrado en las democracias. Los usos de mecanismos ilegales e intrusivos de vigilancia, como el espionaje, han sido usados por los gobiernos reconocidos como democráticos, lo que ha generado preocupación en opositores y defensores de derechos humanos. Actualmente, el caso más alarmante a nivel regional es el de activistas y periodistas mexicanos presuntamente espiados por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En febrero de 2017, un informe publicado por The Citizen Lab denunció que activistas mexicanos involucrados en investigaciones sobre obesidad y consumo de bebidas azucaradas habían sido espiados a través del software Pegasus de la compañía NSO. En una segunda investigación, publicada el 19 de junio de 2017, The Citizen Lab mostró que varios mensajes con enlaces a este software se habían enviado a los celulares de periodistas y defensores de derechos humanos que investigaban casos sobre corrupción del gobierno mexicano y su participación en violaciones de derechos humanos.

Este no es un caso aislado en Latinoamérica. En 2009, Colombia enfrentó un escándalo de espionaje por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a líderes de la oposición, periodistas y magistrados que eran críticos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Interceptación de comunicaciones e infiltrados en el sistema judicial fueron algunas de las estrategias que utilizó el DAS para obtener información sobre distintas personas y grupos. A diferencia del caso mexicano, los métodos de espionaje del DAS no contaban con un grado tan alto de sofisticación tecnológica. Por esa razón, el espionaje en México anuncia el peligro de nuevas tecnologías informáticas cuyo funcionamiento y efectos aún son desconocidos y difíciles de identificar y regular.

 

2013 Washington D.C. rally against mass surveillance. Photo by: Stephen Melkisethian

2013 Washington D.C. rally against mass surveillance. Photo by: Stephen Melkisethian

 

Las diferentes formas de espionaje implican un ataque a la intimidad y son contrarias a los estándares internacionales de protección de derechos humanos. A través de las prácticas de espionaje, los gobiernos pueden obtener datos personales que revelan información privada y sensible, como detalles sobre las posiciones políticas, la orientación sexual y los hábitos religiosos de una persona. Los casos de Colombia y México muestran que el espionaje está orientado a vigilar personas y grupos que cumplen con una característica común: oponerse al poder oficial. Si la obtención y uso de estos datos tiene como fin intimidar y silenciar a quienes ejercen oposición, se anulan las posibilidades de garantizar la pluralidad política en un Estado.

El espionaje no es sólo un peligro para la intimidad personal, sino de una amenaza al ideal democrático.  En el caso de espionaje a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, el espionaje es otro de los mecanismos usados por los gobiernos para silenciar e intimidar a opositores y grupos sociales. Este tipo de intimidación sigue la racionalidad de los Estados autoritarios, que buscan anular al contrapoder a través de distintas presiones y amenazas. Así, el espionaje a opositores del gobierno se enmarca en un ambiente global de cierre de espacios de participación para la sociedad civil. Se une a prácticas como la censura, la persecución y las restricciones de financiación, como parte del repertorio de acciones que buscan desestabilizar a ciertos grupos de ciudadanos.

El espionaje también afecta el ideal de democracia porque deslegitima sus propósitos. Una justificación de la vigilancia ha sido la lucha contra las amenazas disidentes que afectan la seguridad y el orden. El mensaje que se envía es claro: la vigilancia está hecha para proteger la democracia. Si este discurso se extiende para legitimar todo tipo de vigilancia, incluido el espionaje, el efecto será la instrumentalización de los fines democráticos para justificar la persecución y el señalamiento de quienes denuncian las acciones del gobierno y hacen resistencia desde la oposición. Como lo denunció el sociólogo Zygmunt Bauman, el espionaje incrementa la desconfianza que tenemos en el Estado, pues reduce la credibilidad de las instituciones y desmiente aún más la concepción liberal sobre el monopolio legítimo de la fuerza. Este monopolio deja de ser algo necesario para la protección de los ciudadanos y se convierte en el uso de mecanismos intrusivos para alcanzar fines ilegítimos: la intimidación y la estigmatización de determinadas personas y grupos sociales.

 

Surveillance cameras. Photo by: Jonathan McIntosh

Surveillance cameras. Photo by: Jonathan McIntosh

 

Para luchar contra esta situación es necesario garantizar que los sistemas judiciales sean un contrapeso ante las prácticas ilegítimas de espionaje. Debe fortalecerse su independencia y evitar que sean cooptados por parte de los gobiernos. Por otro lado, para restarle poder a las agencias y organismos de inteligencia, se debe incentivar la creación de controles externos e independientes, así como la investigación y sanción de acciones dirigidas en contra de opositores y activistas. De igual forma, es importante fortalecer mecanismos de regulación en los países de origen de las empresas que venden los programas de espionaje, de modo que se exista mayor control sobre su funcionamiento y sus clientes. Desde el espacio de la sociedad civil, hay que promover procesos de concientización y movilización ciudadana que generen un proyecto de resistencia a los intentos de silenciamiento de los gobiernos.

Sin embargo, estas son acciones pensadas a mediano plazo, que son insuficientes para atender una amenaza inminente. Los defensores de derechos humanos, opositores y activistas deben adoptar técnicas de autoprotección, como el uso de sistemas encriptados de mensajería y videollamada. El llamado a protegerse de las acciones de un Estado democrático pone en disputa los principios de este sistema de gobierno. El uso del espionaje como método de intimidación por parte de democracias formales suscita preguntas incómodas pero necesarias. Si el discurso de la vigilancia parece convertirse lentamente en el discurso de la persecución, ¿qué tan lejos ha llegado la implantación de la vigilancia en Estados democráticos? ¿Podemos seguir llamando “democracia” a un régimen que silencia a sus opositores? ¿Es posible concebir la democracia sin vigilancia, o hemos llegado al punto en el que la vigilancia es parte central de lo que entendemos como democracia?  Quizás, lo que está en juego no es la ruptura del ideal democrático, sino la forma en la que definimos la democracia.

 

Featured photo: Thomas Hawk

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