Policía y democracia
Rodrigo Uprimny Yepes Septiembre 14, 2020
Los trágicos eventos de los últimos días muestran que la democracia colombiana está profundamente deteriorada, pues el comportamiento de la Policía con los ciudadanos, y especialmente con los jóvenes, ha sido violento e inaceptable. | Mauricio Dueñas, EFE
Desde la ciudadanía debemos exigir no solo justicia, sino también asunción de las necesarias responsabilidades políticas por estas muertes. Y debemos impulsar una reforma profunda de la Policía, que es urgente y necesaria, para lograr un cuerpo armado pero desmilitarizado, realmente civil y que tenga una relación democrática con sus ciudadanos.
Desde la ciudadanía debemos exigir no solo justicia, sino también asunción de las necesarias responsabilidades políticas por estas muertes. Y debemos impulsar una reforma profunda de la Policía, que es urgente y necesaria, para lograr un cuerpo armado pero desmilitarizado, realmente civil y que tenga una relación democrática con sus ciudadanos.
La democracia constitucional está fundada en un pacto político básico, que fue formulado hace siglos por autores como Locke: los ciudadanos renunciamos a la justicia por mano propia y delegamos en el Estado el monopolio de la fuerza; a cambio exigimos que las autoridades actúen conforme a la ley, no sean arbitrarias y respeten nuestros derechos. Por eso, si se quiere saber qué tanta democracia genuina existe en un país, a veces es mejor no mirar tanto la Constitución y las leyes, sino analizar cómo se comporta la Policía frente a sus ciudadanos.
Los trágicos eventos de los últimos días muestran que la democracia colombiana está profundamente deteriorada, pues el comportamiento de la Policía con los ciudadanos, y especialmente con los jóvenes, ha sido violento e inaceptable. La muerte de Javier Ordóñez, como consecuencia de golpes y choques eléctricos propinados por policías cuando estaba inmovilizado, provocó una indignación ciudadana explicable y que comparto. El crimen es en sí mismo atroz, rompió todo nexo con el servicio y por ello debe ser investigado por la justicia ordinaria, conforme lo señalan la jurisprudencia constitucional y el artículo 3 de la Ley 1407. Además, este abuso policial infortunadamente no es excepcional. El portal 070 documentó que solo este año al menos otras nueve personas, la mayoría jóvenes, murieron por abusos policiales: Janner García (23 años), Jaider Brochero (17), Ánderson Arboleda (19), Estela Valencia (50), Duván Álvarez y Hárold Payares (niños de 15 y 17 años), Ángel Revelo (23), Kevin Ávila (23) y otro joven de 21 años, cuyo nombre no fue registrado.
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El asesinato de Ordóñez por la Policía ha provocado, a pesar de la pandemia, protestas recurrentes, algunas de ellas violentas. Entiendo y comparto la rabia y la indignación ciudadanas detrás de esas violencias, pues la Policía está matando a nuestros jóvenes; pero no comparto esas violencias, porque considero que complejizan aún más la situación. Pero lo que es particularmente grave es que la Policía haya respondido a esas protestas con una violencia mayor y desmesurada, como lo muestran múltiples videos en que aparecen policías haciendo uso totalmente desproporcionado de la fuerza: disparos injustificados que no buscaban, como última instancia, proteger derechos como la vida e integridad personal, sino herir o matar a los jóvenes que protestaban. Igualmente vemos golpizas a ciudadanos que simplemente reclamaban. El resultado: al terminar esta columna, 11 muertes más por abusos policiales en las noches del miércoles y jueves.
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Esta gravísima situación requiere medidas de corto y largo plazo. Para evitar nuevas muertes, el presidente y el ministro de Defensa deben dar un mensaje contundente de condena a esos abusos y deben recordar y ordenar a la Policía que solo puede usar la fuerza conforme a derecho y en forma proporcionada. Es en sí mismo jurídicamente inaceptable que para controlar protestas la Policía recurra a armas letales. Además, estudios comparados, como los del profesor Edward Maguire, de la Universidad de Arizona, confirman algo de sentido común: que el escalamiento de la fuerza policial frente a las protestas lo que hace es incrementar las tensiones sociales y deslegitimar aún más a las autoridades, lo cual genera nuevas violencias.
Además, desde la ciudadanía debemos exigir no solo justicia, sino también asunción de las necesarias responsabilidades políticas por estas muertes. Y debemos impulsar una reforma profunda de la Policía, que es urgente y necesaria, para lograr un cuerpo armado pero desmilitarizado, realmente civil y que tenga una relación democrática con sus ciudadanos.
