Por el camino de la inversión social

Estudios internacionales muestran que cuando los recursos se orientan hacia programas de gasto público, especialmente en los países en vías de desarrollo, se tiende a acelerar la velocidad del crecimiento económico.

En este sentido, para contrarrestar la desaceleración económica en Colombia, el Ministerio de Hacienda ha posicionado la inversión pública como principal herramienta de política económica en un marco de sostenibilidad fiscal, por lo que ha propuesto incrementar los recursos del PGN para el 2023.

Dicho incremento puede considerarse responsable fiscalmente, ya que es la consecuencia principal de los mayores ingresos obtenidos de la reforma tributaria que se aprobó el semestre pasado, y de la reducción de los recursos destinados a cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (Fepc), es decir, de la disminución de subsidios al combustible.

Con esta propuesta, la inversión en el PGN del 2023 incrementaría en $12,2 billones, lo que permitiría alcanzar una inversión total de $86,5 billones para el 2023, es decir 24,2% más que la del 2022.

Así, el gobierno tendría nuevos recursos destinados de la siguiente manera: en un 44%, para la inclusión social a través del programa de transferencias monetarias para luchar contra la pobreza; en un 20% al sector rural, destinados para la reforma rural integral, compra de tierras y fomento de producción de insumos verdes; en un 14%, para apalancar la colocación de créditos de la economía popular y para programas sociales del PND; en un 13%, primordialmente, para subsidios de energía y gas; y en un 12% a educación, esencialmente para programas de generación de la paz y mejoramiento de programas de alimentación para estudiantes.

De esta forma, el gobierno está enfocado en contrarrestar la desaceleración económica y disponer de los recursos necesarios para cumplir con los programas del PND. No obstante, aún con la adición presupuestal, quedan dudas respecto al presupuesto de funcionamiento e inversión específico para el Ministerio de la Igualdad y la Equidad.

No se identifican rubros de inversión para fortalecer las sedes regionales de instituciones educativas, ni recursos para desarrollar estrategias de seguridad y convivencia territorial, las cuales han sido peticiones reiterativas de las comunidades, que se hicieron incluso en los diálogos regionales vinculantes.

Tampoco se identifican programas de inversión que pueda ejecutar ICBF para atender la desnutrición de la infancia colombiana. Y quedan dudas respecto de los recursos que necesitarían los nuevos fondos que fueron aprobados en el primer debate del PND, el denominado “Colombia Potencia Mundial para la Vida”, y el del Ministerio del Deporte.

En todo caso, aunque la inversión pública puede ayudar a mejorar la calidad y la resistencia del crecimiento económico colombiano, son necesarias otras medidas que ayudarían a dinamizar mucho más la economía que no han sido muy obvias en el plan y en el presupuesto del actual gobierno, y que deberían estar enfocadas en:

1. Aumentar la productividad, inicialmente en la agricultura y luego en la industria manufacturera.

2. Generar mayor empleo formal.

3. Reforzar la eficiencia institucional que fomenta la credibilidad del gobierno y atrae la inversión privada.

Está por verse no solo cómo se termina de aprobar la adición presupuestal, sino cómo todas las propuestas del PND (proyecto que deberá ser aprobado y conciliado en dos semanas por el Congreso) se hacen compatibles con los recursos disponibles, en un marco de sostenibilidad fiscal y en medio de la desaceleración económica.