¿Por la cabeza del ministro de Salud?

El tema que pone y quita ministros es la regulación de los medicamentos biotecnológicos, que se venden en el país a precios muy superiores a los de Europa y América Latina y han puesto en riesgo las finanzas del sistema de salud. Se trata de drogas hechas con material genético de organismos vivos, que son vitales para tratamientos contra el cáncer, la artritis reumatoidea y otras enfermedades.

Los biotecnológicos son tan populares como costosos. Siete de los diez medicamentos que el Estado tiene que pagar con más frecuencia, son de este tipo. Y lo hace a precios exorbitantes. Por ejemplo, un medicamento para pacientes con leucemia (rituximab, de la farmacéutica Roche) costaba cinco veces más en Colombia que en el Reino Unido, según un estudio de Fedesarrollo de 2012. De ahí que el Estado, con el dinero escaso de todos los colombianos, termine pagando cerca de mil millones de dólares al año por los biotecnológicos.

Entidades como la Organización Mundial de la Salud recomiendan dos tipos de medida para racionalizar semejantes precios y gastos. La primera es poner tope a los precios de venta. Así lo ha hecho el Gobierno bajo el ministerio de Gaviria, echando atrás la política de libertad de precios del gobierno de Álvaro Uribe (quien ahora se reencaucha como defensor de la salud desde el Senado). Como muchos biotecnológicos no tienen competencia en el mercado, es preciso un segundo tipo de medida: promover la entrada de competidores genéricos (o “biosimilares”), como se ha hecho con los demás medicamentos.

Esto es lo que está a punto de hacer el Ministerio de Salud y le puede costar el puesto a Gaviria. Después de cinco borradores de decreto y cuatro años de consultas públicas y transparentes con todos los actores interesados —productores nacionales y multinacionales, organizaciones de médicos y pacientes, aseguradores de la salud, etc.—, el Ministerio está listo para expedir la regulación de los biotecnológicos.

El decreto es moderado y concilia los intereses de los productores, el sistema de salud y los pacientes, al establecer diferentes niveles de exigencia para la entrada de competidores genéricos. De hecho, facilita una autorización abreviada sólo para las versiones genéricas de medicamentos biotecnológicos ampliamente conocidos, que lleven un tiempo considerable en el mercado.

Pero aun esta regulación mesurada es demasiado para los intereses que quieren mantener los precios desmedidos. Como lo ha documentado Pablo Correa en El Espectador, se trata de un lobby organizado y generosamente financiado, que incluye el gremio de las farmacéuticas multinacionales (Afidro), la oficina de intereses comerciales estadounidense (el USTR) y algunas organizaciones de médicos y pacientes auspiciadas por la industria.

Si quedaba alguna duda del interés y poder de este lobby, fue disipada por la notificación que recibió el ministro Gaviria de parte del embajador en EE.UU. (Luis Carlos Villegas) sobre las quejas del USTR contra el decreto, que vinieron acompañadas de la petición de posponer por 60 días su expedición. Tiempo suficiente, por supuesto, para que el ministro Gaviria sea removido de su cargo aduciendo el recambio de gobierno el 7 de agosto. Pronto sabremos de qué lado está el presidente Santos.

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