Por un debate razonado sobre política criminal

Lamento que una líder inteligente, honesta y valiente como Claudia López haya enturbiado la discusión democrática del proyecto de reforma a la política criminal y penitenciaria que piensa presentar el Ministerio de Justicia. Algunas de sus preocupaciones pueden ser válidas, pero su discurso contra el proyecto no ayuda a una discusión razonada y razonable sobre este tema fundamental.

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El pasado miércoles, la alcaldesa se fue lanza en ristre contra ese proyecto con afirmaciones como las siguientes: que sólo dos de cada diez capturados en flagrancia por la Policía van a la cárcel, por lo que ocho crímenes quedan impunes. Y que ahora el proyecto del Ministerio de Justicia va a sacar a esas dos personas de la cárcel, con total impunidad. Además, añadió la alcaldesa, el proyecto, de ser aprobado, implica que hasta 6.895 delincuentes salgan impunemente de las cárceles de Bogotá. A partir de esas afirmaciones, la alcaldesa invitó a los ciudadanos a una movilización contra la impunidad y a que suscribieran una carta, que ella misma redactó, pidiendo a los congresistas que, en vez del proyecto del ministerio, apoyen otro, que, cómo no, es de autoría de la propia alcaldesa.

En esta intervención de Claudia López hay al menos cuatro inexactitudes: i) suponiendo que sea cierto que sólo dos de cada diez capturados en flagrancia van a la cárcel, esto no significa que los otros ocho casos sean obligatoriamente de impunidad, pues la alcaldesa supone que todo capturado por la Policía es culpable y debe ir a la cárcel. Esto es más que discutible ya que la Policía puede incurrir en capturas arbitrarias o puede tratarse de un delito que no amerite cárcel. Además, ii) argumenta que el proyecto haría salir de la cárcel a los otros dos que fueron encarcelados, pero no dice cuál es la base de esa conjetura. Tampoco iii) nos dice de dónde sale el cálculo de que casi 7.000 delincuentes saldrían libres impunemente si el proyecto es aprobado. Y, finalmente, considera que iv) cualquier liberación de un preso es impunidad, sin analizar primero si se trata de casos en que una persona no amerite seguir en la cárcel, por ejemplo, por haber cumplido ya suficiente parte de su pena.

Por otro lado, en su carta, la alcaldesa reconoce que no ha leído el borrador del proyecto, pues habla de que “por medios de comunicación he conocido la idea de excarcelar a delincuentes sin que hayan cumplido su pena, con la excusa del hacinamiento carcelario”. Dos comentarios: i) si no conoce el texto, ¿por qué le atribuye los efectos nocivos que denuncia ? Y ii) el hacinamiento carcelario no es una excusa: es una terrible realidad, que implica violación grave de los derechos de los internos, como lo ha señalado la Corte Constitucional en varias sentencias, que han reiterado que existe un estado de cosas inconstitucional en las cárceles que debe ser superado.

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La carta de la alcaldesa tiene un punto que comparto plenamente: que ojalá a este tema “no le metan política, sino sentido común”. Y por eso la invito a que como ciudadanos realicemos una discusión razonada sobre la política penitenciara, que esté fundada en la mejor evidencia posible, en el respeto de los principios constitucionales y en el estudio del contenido del proyecto, en vez de movilizar los comprensibles miedos y preocupaciones de la ciudadanía frente a la delincuencia. Sí, alcaldesa López, no le metamos política a este asunto sino sentido común, y preguntémonos si la solución al hacinamiento carcelario y a los problemas de seguridad ciudadana reside en construir más cárceles, como llevamos haciéndolo en los últimos 20 años, sin que el impacto sobre la reducción de la delincuencia sea claro. O veamos si son posibles otras estrategias.