Por un debate serio

SIEMPRE LEO CON INTERÉS LAS COlumnas de Alejandro Gaviria y comparto su preocupación por elevar la calidad del debate público nacional, demasiado sesgado por opiniones que, como él mismo dice, «confunden la experiencia con la militancia, el análisis con el discurso y la coherencia con la paranoia».

No obstante, leí con cierta sorpresa su columna de la semana pasada en donde habla de la acción de tutela. En este país, dice Alejandro Gaviria, “nunca hay nada seguro y todo depende de la voluntad caprichosa de los jueces”. Para ilustrar esta afirmación cuenta el caso de un juez de tutela que truncó las oportunidades de más de 200 becarios de Colciencias con el argumento de que debía proteger a un “aspirante insatisfecho”. Este es, dice Alejandro Gaviria, uno de los múltiples casos arbitrarios que han convertido la tutela en una fuente de incertidumbre jurídica, en un instrumento de judicialización excesiva de la vida privada y en un jugoso negocio que desangra el erario.

A mí también me parece aberrante el caso de Colciencias y no deja de preocuparme la mercantilización de la tutela. Lo que no me gusta de la columna de Alejandro Gaviria es el método que utiliza para respaldar lo que dice: no creo que los ejemplos que presenta, ni las intuiciones que tiene, sean suficientes para decir que, por causa de la tutela, en este país ya nada es “seguro y todo depende de la voluntad caprichosa de los jueces”.

La razón por la cual esos casos no dicen mayor cosa es que el universo de decisiones de tutela es muy grande. Desde febrero de 1992 se han producido en el país casi tres millones de tutelas (2’888.120 para ser exactos). Sólo en 2009 se interpusieron 370.639, de las cuales la Corte Constitucional seleccionó y revisó 740. Hacer una lista de casos aberrantes, o de casos virtuosos, en medio de este mar de decisiones, no dice casi nada sobre la bondad o la perversidad del sistema. La única manera como se puede saber si la tutela está funcionando bien o mal es a partir del análisis de una muestra representativa de casos de tutela que permita determinar quiénes deciden esos casos, qué se decide en ellos, cómo deciden y cuánto vale lo que deciden. Mientras no hagamos esa investigación, el debate sobre la tutela, que ya lleva muchos años, seguirá siendo una pelea sin interlocutores.

A los economistas les preocupa, con razón, que los jueces tomen decisiones que cuestan mucho dinero y que lo hagan a veces sin tener en cuenta las limitaciones presupuestales. Los abogados constitucionalistas, por su parte, tienen razón en defender, en un país en donde los derechos sociales solían ser letra muerta, un mecanismo judicial efectivo para proteger al ciudadano de los abusos de las autoridades públicas y privadas. Si ambos tienen razón, como yo lo creo, un principio de acuerdo podría estar en que los economistas no reduzcan la lógica de los derechos a la disponibilidad presupuestal y que los constitucionalistas, por su parte, no consideren que dicha disponibilidad sea un problema ajeno a la protección de los derechos sociales.

Si estamos de acuerdo en este punto de partida, quizás podremos armar una discusión seria, fundada en una investigación empírica que nos permita saber lo que realmente está pasando con las tutelas. De lo contrario seguiremos, cada uno por su lado, en aquello que el mismo Alejandro Gaviria denuncia como “una crítica militante que no respeta los hechos… o que los interpreta a su manera; o los reemplaza por estribillos”.