Precaución con el ‘fracking’

El PP, como expliqué en otra columna, busca enfrentar los riesgos de la tecnología contemporánea, que puede provocar catástrofes grandes e irreparables. Este principio opera entonces cuando hay i) evidencia científica de que una actividad puede generar un daño, que ii) es muy grave y por ello es considerado inaceptable, pero iii) subsisten incertidumbres, pues no hay certeza sobre la probabilidad ni los mecanismos causales que podrían generar el daño. El PP establece que en esos casos las autoridades no deben esperar a que exista certeza sobre el mecanismo causal que provoca el daño, sino que deben tomar medidas inmediatas para evitarlo. Hay entonces una inversión de la carga de la prueba, pues quien pretende desarrollar la actividad debe mostrar que es inocua.

El fracking o “fracturamiento hidráulico” es una técnica especial de explotación de los hidrocarburos no convencionales, que son aquellos que no están en forma líquida o como gas libre en el subsuelo, sino que están atrapados en formaciones rocosas. El fracking consiste entonces en inyectar grandes cantidades de agua, junto con químicos y otras sustancias, para fracturar esas rocas y así liberar y extraer los hidrocarburos.
Esta nueva técnica tiene riesgos graves documentados. Cito tres: i) incrementa la posibilidad de inundaciones, ii) reduce la disponibilidad de agua y iii) aumenta el riesgo de sismos. Estos peligros, y otros que por espacio no menciono, han hecho que el fracking sea suspendido o prohibido en varios países europeos o en zonas de Estados Unidos.

En todo caso, ninguno de esos daños parece aceptable, por lo cual se cumplen plenamente los requisitos de aplicación del PP para suspender la decisión del Gobierno colombiano de permitir el fracking. (Y aprovecho para felicitar al estudiante Darío Andrade, por su estudio que llega a la misma conclusión y que ganó el concurso de ensayo jurídico del “encuentro constitucional por la tierra”, celebrado por la Corte Constitucional en días recientes).
El PP es no sólo un criterio ético clave en el mundo tecnológico actual, sino que en Colombia es un mandato jurídico vinculante. Una moratoria es indispensable, como lo han señalado otros columnistas como Manuel Rodríguez o César Rodríguez, o Diana Rodríguez y Celeste Kauffman en nuestro blog de La Silla Vacía. Por ello, Dejusticia, junto con WWF Colombia y el Foro Nacional Ambiental, enviamos una carta al Gobierno solicitando formalmente una moratoria al uso del fracking en nuestro país, hasta que, entre otras cosas, haya el adecuado fortalecimiento de las instituciones de monitoreo de las explotaciones y existan los estudios independientes que muestren que, en las condiciones geográficas y sociales específicas de los territorios en donde se pretende usar, el riesgo del fracking es aceptable y manejable.

La discusión del fracking no puede ser eludida, pues lo que está en juego es demasiado importante.