Priorización y acceso equitativo a vacunas

La priorización en la vacunación contra el COVID-19 es no solo inevitable, al menos temporalmente, sino que implica decisiones difíciles y controvertidas. Por eso vale la pena tener en cuenta la declaración del 27 de noviembre del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas sobre acceso universal y equitativo a las vacunas.

La declaración es importante no solo por la razonabilidad de sus consideraciones, sino porque estas tienen autoridad jurídica al ser el Comité el intérprete autorizado del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, ese tratado hace parte del bloque de constitucionalidad, por lo cual la doctrina del Comité es relevante constitucionalmente, como lo ha dicho la Corte Constitucional (Sentencia C-010/2000), y debe ser tomada en cuenta por las autoridades.

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El Comité señala cuatro pautas generales para que la inevitable priorización en el acceso a la vacunación contra el COVID-19 sea compatible con los derechos humanos.

Primero, la priorización debe estar basada en criterios de necesidad médica y salud pública. Por esa razón, segundo, la priorización debe excluir criterios potencialmente discriminatorios, como la raza, el sexo, la orientación sexual, la religión, el origen nacional, la discapacidad o la situación migratoria, entre otros. Tercero, el Estado debe hacer todos los esfuerzos por asegurar la accesibilidad física y económica a la vacuna, especialmente para las poblaciones vulnerables. Cuarto, como la priorización suscita controversias, el procedimiento es esencial: debe establecerse en un proceso adecuado de consulta pública, ser transparente y estar sujeta a un escrutinio público y a eventuales controles judiciales para evitar discriminaciones.

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Frente a esa doctrina del Comité, la política de vacunación del gobierno Duque tiene aspectos positivos, pero también otros problemáticos.

Es positivo que el Gobierno ya haya asegurado acceso a vacunas para 20 millones de personas y tenga un plan de priorización, cuyo contenido esencial es público. Además, sus criterios parecen fundados en consideraciones razonables de salud pública, como priorizar en la etapa inicial al personal médico de primera línea y a mayores de 80 años. Sin embargo, ha faltado claridad, consulta y transparencia en las decisiones gubernamentales. La reserva en las negociaciones con las farmacéuticas ha sido tan excesiva, que ha generado desconfianza y podría, además, alimentar movimientos antivacunas. Tampoco son claras las fechas de las fases del plan ni la manera como se determinará, en concreto, cuáles son las poblaciones vulnerables que requieren ser priorizadas. Pero, sobre todo, son muy problemáticos dos anuncios del Gobierno en los últimos días: primero, que no serán vacunados los venezolanos en situación irregular, lo cual es discriminatorio y contraproducente en términos de salud pública. Y segundo, ha dicho que se podría permitir la compra privada de vacunas, que es discutible y requiere clarificaciones de cómo se harían esas compras, para que no privilegien a los más ricos y alteren la priorización basada en criterios de salud pública, lo cual sería también discriminatorio.

El plan de vacunación tiene cosas muy buenas, aunque el secretismo del Gobierno ha generado desconfianzas que pueden alimentar reacciones antivacunas, o podría terminar atrapado en debates polarizados y decisiones judiciales. Pero hay una vacuna contra eso y es que, como lo recomienda el Comité, el Gobierno tenga la máxima claridad y transparencia en su política de priorización y evite los criterios discriminatorios.

(Y hablando de transparencia, aclaro que he sido miembro del Comité desde 2015).

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