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César Rodríguez Garavito

Mientras propone clausurar la vergonzosa puerta giratoria entre las cortes, el Gobierno abre otra más ancha para darle ingreso al superministro Néstor Humberto Martínez.

César Rodríguez Garavito

Mientras propone clausurar la vergonzosa puerta giratoria entre las cortes, el Gobierno abre otra más ancha para darle ingreso al superministro Néstor Humberto Martínez.

Por la primera puerta se coló el clientelismo en la justicia, a medida que antiguos magistrados de la Corte Suprema rotaron hacia el Consejo Superior de la Judicatura, gracias al voto de colegas que ellos mismos habían elegido en la primera. La lógica del “yo te elijo, tú me eliges” es la misma de todas las puertas giratorias: un tiovivo de favores cruzados que captura las instituciones públicas.

Acierta entonces el Gobierno al plantear una reforma que le pone fin al carrusel judicial. Atinó también en 2011 al impulsar el Estatuto Anticorrupción, que puso límites al intercambio de puestos y favores entre el sector público y el privado, que había alcanzado su punto máximo en el gobierno Uribe, del que salieron varios ministros a cargos directivos de agradecidas compañías mineras. Con el Estatuto, los funcionarios quedan inhabilitados durante al menos dos años para trabajar para empresas del sector que regulan. Y se pone coto a los contratos estatales con exfuncionarios, financiadores de campañas y sus familiares.

Como prestante abogado que es, Martínez dirá correctamente que su nombramiento no viola la letra de la ley. Pero sí contradice su finalidad, que no es otra que evitar la maraña de intereses privados y públicos que atraviesa la carrera del ministro de la Presidencia, quien ha oscilado entre cargos públicos (superintendente bancario, ministro de Justicia, ministro del Interior) y asesorías jurídicas privadas, especialmente al grupo Sarmiento Angulo, del que sería su “conciencia jurídica”, según La Silla Vacía.

Es deseable que un profesional destacado ponga al servicio del Estado su competencia y experiencia. Pero no lo es cuando la influencia pública es usada para abogar por intereses particulares. Lamentablemente, la trayectoria del nuevo ministro deja dudas al respecto. Según Noticias Uno y La Silla Vacía, Martínez asesoró al Gobierno en la redacción de un proyecto de ley para formalizar las tierras baldías que Riopaila, Cargill y otros compraron en el Vichada, violando los topes de la ley 160 de 1994. El problema es que Martínez también era asesor del grupo Sarmiento, que tenía un interés directo en el tema por haber comprado tierras en la altillanura.

Igual de preocupante es que Martínez hubiera planteado una solución que contradecía los hechos del caso y el espíritu de la ley. Aunque las piruetas jurídicas de otros “abogados sofisticados” de los compradores indicaban que tenían plena conciencia de lo que hacían, Martínez propuso una solución tan problemática que finalmente no fue acogida por el Gobierno: legalizar los títulos aduciendo que, como en algunos de ellos no constaba expresamente la prohibición de compraventa, los compradores no tenían por qué saberlo.

De modo que la entrada de Martínez al Gobierno suscita preguntas que tendrán que responder los hechos, no sus habilidosos argumentos jurídicos. ¿Se declarará impedido para dar opinión sobre las reformas que afectan al grupo Sarmiento y otros que ha asesorado (y que financiaron la campaña de Santos), desde la ley de baldíos hasta la reforma a la justicia, pasando por la tributaria? ¿Aducirá que no está impedido porque sus poderes son de coordinación y no de ejecución, y que esos asuntos los deciden el Ministerio de Agricultura, de Justicia o de Hacienda? ¿Alegará lo mismo para volver a sus asesorías privadas después de dejar el cargo, sin esperar el lapso del Estatuto Anticorrupción?

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