Que a los pueblos indígenas no los narren con estigmas y prejuicios

En Colombia todos los días pasan cosas graves y no todos los medios nos cuentan lo que pasó de la misma manera. Para los pueblos étnicos esto es clave, pues en un país que adolece de racismo estructural, algunas narrativas mediáticas pueden contribuir a reforzar la discriminación y violencia contra ellos. Los vídeos o trinos estigmatizantes sobre las guardias indígenas, sobre movilizaciones de los pueblos étnicos o sobre la consulta previa se han vuelto paisaje para algunos medios y periodistas. Un ejemplo reciente es el tratamiento mediático del fallo de una tutela sobre el proyecto Sirius, antes llamado Uchuva 2, para la exploración y explotación gasífera en el mar caribe, y su consulta con el Cabildo Índígena de Taganga. La estigmatización no se hizo esperar.

Si bien la comunidad ha dicho que no se opone al proyecto, sino que pide que se consideren las afectaciones y alternativas que traería a sus actividades económicas, principalmente pesqueras, algunos periodistas centraron sus análisis del fallo en señalar a los pueblos de usar la consulta previa como un negocio e incluso de extorsionar a las empresas. Otros, muy sutilmente, culpaban a la comunidad por la suspensión del proyecto, en lugar de revisitar las actuaciones del Ministerio del Interior, de Ecopetrol y Petrobras, que deben garantizar la participación y autodeterminación de los pueblos en su territorio.

La narrativa sistemática que han utilizado algunos medios de comunicación impiden que atendamos a tres matices relevantes: la consulta previa, aunque imperfecta, es uno de los pocos mecanismos que los pueblos disponen para defender su territorio y su cultura, y para participar en la toma de decisiones, en especial cuando existen afectaciones directas. También, que su aplicación ha estado en riesgo en Colombia por personajes, como cierto ex-vicepresidente, que han buscado restringirla. Esto representaría una amenaza a la existencia misma de los pueblos étnicos en el país, que dependen de sus territorios para mantener sus formas de vida, y una vulneración al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas; derecho reconocido nacional e internacionalmente. 

Y por último, la consulta nos remite a una disputa sobre el territorio y el maritorio, en un país como Colombia donde la concentración de la tierra y la desigualdad son escandalosas, y donde los pueblos étnicos -entre otros- han llevado la peor parte, como lo reconoce la Corte Constitucional. Por eso, los procesos de lucha y resistencia de los pueblos étnicos no son meramente circunstanciales, sino que son respuestas a estas desigualdades históricas y estructurales, pues las vulneraciones que enfrentan con respecto a la consulta previa han sido múltiples y repetitivas. Incluso la ONU ha señalado que en ocasiones las empresas no tienen un interés real en evitar dichas vulneraciones. 

Dice Manuel Castells que un instrumento decisivo para crear poder es la manera en que se usa y procesa la información, en un mundo que privilegia la comunicación cada vez más. La información que se crea no solo comunica, sino que también construye narrativas que orientan los debates y las percepciones colectivas. 

Esta capacidad de influir en las  percepciones hace de los medios una herramienta poderosa y poco inocente que, al amplificar posturas anti-derechos, pueden desinformar, distorsionar la realidad y manipular la opinión pública. Incluso bajo el discurso del «bien común» o «beneficio para la mayoría», bajo el cual se privilegian muchas veces los intereses económicos de grandes empresas, por encima de las necesidades de la mayoría de la población.

El caso del proyecto Sirius, más que encarnar el interés de una empresa privada, encarna los planes de transición energética del gobierno nacional. Sin embargo, este “bien común” no necesariamente está contrapuesto a los intereses del Cabildo Indígena de Taganga, pues la autoridad indígena ha manifestado que no se oponen al proyecto sino que exigen que se les consulte para determinar alternativas al sostenimiento de sus economías tradicionales. Además, en un estado democrático y pluralista que reconoce y tiene el deber de proteger la diversidad étnica y cultural, dentro de los intereses del Estado debe estar el velar por la pervivencia física, cultural y económica de los pueblos.

La consulta previa, el derecho al consentimiento libre, previo e informado y la autodeterminación territorial son reclamos legítimos de los pueblos y derechos fundamentales amparados constitucionalmente que las empresas y los Estados están obligadas a garantizar, independientemente de la opinión de algunos y algunas periodistas. Por suerte no son todos, pues también hay medios de comunicación alternativos, populares y comunitarios que han buscando comprender las exigencias de los pueblos étnicos. Sin embargo, aquellos que ignoran ese lado de la historia deberían empezar por atender y escuchar cuidadosamente lo que los pueblos étnicos demandan. Se hace urgente reivindicar la legitimidad de sus luchas históricas por el derecho a existir sin ser constantemente estigmatizados.