¿Qué hacer con la Procuraduría?

La propuesta de Petro de suprimir la Procuraduría no es revanchismo de su parte, ni un paso al castrochavismo, como han sostenido algunos. Es una idea bien orientada, pero tiene riesgos que deben ser tomados en cuenta.

Hace más de 10 años escribí una columna señalando que la Procuraduría sobraba. La idea pareció loca ya que esta institución conservaba el prestigio que tuvo durante la Constitución anterior, pues era la única entidad que podía hacerle contrapeso al presidente e investigar violaciones a los derechos humanos. Por eso la Constitución de 1991 no sólo la mantuvo sino que amplió sus competencias. Pero fue un error: las otras instituciones creadas por la Constitución hicieron redundante a la Procuraduría ya que sus tres grandes funciones pueden ser desarrolladas de mejor forma por otras entidades.

La función de velar por la protección de los derechos humanos y prevenir sus violaciones y otras afectaciones al interés público corresponde mejor a la Defensoría del Pueblo.

La segunda función de intervenir en cualquier proceso judicial en defensa del interés público perdió mucho sentido. Aunque era esencial sobre todo en los procesos penales, la creación de la Fiscalía la hace redundante ya que esta última sostiene la acusación en representación de la sociedad y de las víctimas, el procesado tiene su defensa y el juez protege el debido proceso. La Procuraduría sobra.

Queda su tercera función, que es su poderosa facultad de sancionar disciplinariamente a cualquier servidor público, salvo a aquellos que tienen fuero, como el presidente. Sin embargo, en todos los países del mundo la vigilancia disciplinaria corresponde a las oficinas de control interno de las propias instituciones, cuyos directores están interesados en que esa labor se haga bien para que la entidad funcione adecuadamente. Por eso, si la falta disciplinaria es menor, la vigilancia externa de la Procuraduría duplica el control interno. Y si la falta disciplinaria es grave, entonces casi siempre es un delito y la Fiscalía puede investigarla más eficientemente.

Algunos objetan que esa vigilancia disciplinaria debe mantenerse porque en Colombia el control interno es un chiste. Pero es un chiste porque las instituciones, en vez de fortalecer su control interno, acuden a la Procuraduría, con lo cual se crea un círculo vicioso: el control interno es malo porque existe la vigilancia de la Procuraduría y esta función se mantiene porque el control interno es malo.

Por otra parte, las procuradurías de Ordóñez y Cabello han mostrado que esa facultad de suspender, destituir o inhabilitar funcionarios, sin control judicial previo, se presta a arbitrariedades. Además, el ejercicio de esta facultad sobre funcionarios electos popularmente viola la Convención Americana, que establece que los derechos políticos sólo pueden ser limitados por un juez en un proceso penal, como lo ha señalado inequívocamente la Corte IDH.

La propuesta de eliminar la Procuraduría está bien orientada, pero tiene dos riesgos: uno es jurídico y es que la Corte Constitucional considere que su eliminación sustituye parcialmente la Constitución y no puede entonces hacerlo el Congreso sino que requiere una constituyente. Yo no lo creo, pues la Corte ha admitido la supresión de instituciones de rango constitucional, como la Comisión Nacional de Televisión (Sentencia C-170/12). Sin embargo, ese riesgo existe. El otro peligro es político y es que quedemos con una Fiscalía demasiado poderosa ya que asumiría tareas de la Procuraduría. Esos riesgos no son menores: por eso conviene debatir, sin tremendismos, si es mejor eliminar la Procuraduría o si es más razonable, como propuso en 2016 Jorge Iván Cuervo, achicarla y reformarla profundamente.