¿Qué más ocurrió el martes pasado en Estados Unidos?

Además de la elección presidencial, los Estados Unidos votaron sobre las Medidas de la Balota. Este ejercicio electoral es muy diferente al presidencial, que ha sido duramente criticado estos últimos días. El proceso de las medidas de la balota permite que los ciudadanos de los EE.UU. pongan a voto legislación nueva o recientemente pasada. Esta iniciativa surgió en la Era Progresista en el siglo XX para contrarrestar los monopolios dentro de las legislaturas estatales.

¿Cómo funciona? Los ciudadanos deben solicitar un número de serie de petición oficial y luego circular la petición para recoger las firmas de los votantes. Si la iniciativa recoge suficientes firmas válidas (el número requerido varía de estado a estado), puede ser puesta a votación popular. Arizona, California, Colorado, Dakota del Norte, Oregón y Washington son los estados en los que más del 60% de las iniciativas tuvieron lugar. Desde 1900, 14.000 medidas han sido decididas por voto popular (61% aprobadas y 39% derrotadas). El proceso de democracia directa permite a la ciudadanía involucrarse directamente y participar en la formulación de políticas.

Mucho sucedió este año a través de esta votación. A continuación, listo sólo algunas de las incitativas que me llamaron más la atención. Algunas son medidas muy progresistas, especialmente las del estado de California, mientras que otras pueden verse como un retroceso a las recientes victorias progresistas:

California, Proposición 64 (aprobada, 55.8%) legaliza la marihuana, regula la industria de la marihuana, establece impuestos estatales sobre las ventas y el cultivo, exime a la marihuana medicinal de impuestos y autoriza la re sentencia y destrucción de registros previos de condenas por marihuana.

Florida, Enmienda 12 (aprobada, 72%) otorga a cada condado la opción de requerir un chequeo de antecedentes penales y un período de espera (de 3 a 5 días) antes de la venta de cualquier arma de fuego.

Washington, Iniciativa 732 (falló, 41.5%) ordena un impuesto a las  emisiones de carbono sobre la venta o uso de ciertos combustibles fósiles y electricidad generada por combustibles fósiles.

Colorado, Proposición 106 (aprobada, 64.6%) permite a cualquier adulto mentalmente capaz con un pronóstico médico de muerte por enfermedad terminal recibir una receta de medicamentos que, autoadministrados, pueden causar la muerte.

Un caso especial es la enmienda 71 en Colorado:

Colorado, Enmienda 71 (aprobada, 56,4%) requiere una distribución geográfica más amplia de los votantes registrados que firman la petición y una aprobación del 55% en lugar de una mayoría simple (para las enmiendas que derogan provisiones de la Constitución sigue aplicándose la regla de la mayoría simple).

Una respuesta a las críticas de que la Constitución del estado de Colorado era cambiada fácilmente, la Iniciativa de Imposición de un Requerimiento de Distribución para Iniciativas Ciudadanas de Enmienda en Colorado, conocida como Enmienda 71, fue incluida en la boleta electoral y aprobada. El lema de la campaña era «Sí al 71. Eleva la barra. Protege nuestra Constitución».

La votación fue escrita de la siguiente manera:

¿Debería haber una enmienda a la Constitución de Colorado que haga más difícil de enmendar la Constitución al exigir que cualquier petición ciudadana para una enmienda constitucional sea firmada por lo menos por el 2 por ciento de los electores registrados (1) que residen en cada distrito de Senado estatal (2) para que la enmienda sea colocada en la boleta electoral y (3) aumentando el porcentaje de votos necesarios para aprobar cualquier enmienda constitucional propuesta de una mayoría a por lo menos el cincuenta y cinco por ciento de los votos emitidos, a menos que la enmienda constitucional propuesta solo derogue, en su totalidad o en parte, cualquier disposición de la Constitución? (Las notas son mías)

1) La firma de los votantes inscritos es un requisito nuevo (que previamente requería votantes activos). Esta es una medida muy restrictiva para cualquier iniciativa. El número de votantes registrados es siempre mayor que el número de votantes activos en un estado y los votantes registrados pueden ser muy difíciles de rastrear en comparación con los votantes activos. Los ciudadanos que votaron en las elecciones anteriores pueden ser fácilmente contados. En los distritos con un alto índice de matrícula como distritos universitarios o grandes ciudades, reunir el 2% de firmas de votantes registrados puede ser una tarea casi imposible.

(2) La distribución geográfica más amplia (2% de los votantes registrados, no los votantes activos, en cada uno de los 35 distritos de Senado estatal) puede asegurar un modelo más representativo. Sin embargo, la recolección de firmas no sólo en áreas urbanas densamente pobladas sino en áreas rurales escasamente pobladas aumenta los costos del proceso de iniciativa. Aumentar los costos de las peticiones le da ventaja a las peticiones de interés privado que las personas que se benefician de su promulgación pueden financiar.

(3) Dane Waters del Instituto de Iniciativa y Referéndum afirma que el requisito de súper mayoria (55% de la aprobación) para los cambios en la Constitución en contraposición a la mayoría simple para las enmiendas que derogan las provisiones existentes en la constitución «es fundamentalmente incorrecto» porque beneficia los intentos de derogar provisiones  a la constitución y daña iniciativas para mejorar sus protecciones.

La aprobación de esta enmienda, mediante la cual se aplican los requisitos de distribución más estrictos, es un claro intento de restringir el derecho de las personas al proceso de iniciativa. Una distribución geográfica más amplia y el 2% requerido de firmas válidas (votantes registrados en cada distrito) aumentan los costos del proceso de la iniciativa, ya que las estrategias comunicativas y pedagógicas y la colección de firmas deben ser más amplias. Los costos más altos benefician a los más ricos.

La enmienda 71 es un claro ejemplo de la tensión entre el constitucionalismo y la democracia directa. Este proceso plantea preguntas tales como: ¿Hasta qué punto los mecanismos de la reforma constitucional pueden ser modificados por esos mismos mecanismos? ¿Es problemático limitar la democracia y favorecer el constitucionalismo?