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Mientras que la religión puede impactar positivamente asuntos de justicia social y derechos humanos, es profundamente problemático que las creencias religiosas de una minoría estadounidense puedan dictaminar asuntos de salud pública y moralidad en el Sur Global, sobre todo cuando afectan negativamente la vida de la gente de esta manera.

Mientras que la religión puede impactar positivamente asuntos de justicia social y derechos humanos, es profundamente problemático que las creencias religiosas de una minoría estadounidense puedan dictaminar asuntos de salud pública y moralidad en el Sur Global, sobre todo cuando afectan negativamente la vida de la gente de esta manera.

No es un secreto que la política pública doméstica de los Estados Unidos ha tenido dificultades para implementar la doctrina de separación entre la iglesia y el estado. En particular, los valores y la moral de los cristianos conservadores moldean cada vez más el debate público, la política pública e incluso el derecho. Mientras esto es problemático en una sociedad secular y democrática por varias razones, el impacto de las “políticas morales” puede ser devastador cuando los grupos civiles y políticos estadounidesnses insisten en exportar sus visiones religiosas al Sur Global, ya sea como influencia que llega vía ayuda oficial de Estados Unidos, o vía donaciones privadas que apoyen una agenda fundamentalista cristiana.

En el 2002, los grupos cristianos hicieron lobby ante Bush para crear un programa que dirigiera el dinero de USAID hacia organizaciones confesionales. Para el 2005, la financiación para esas organizaciones confesionales se había duplicado. Al mismo tiempo, los políticos y cruzados de la moral que habían fallado ante sus audiencias domésticas han buscado campos más fértiles en el Sur Global. Así, han sido capaces de forzar a los receptores de ayuda extranjera a que se rijan por sus creencias religiosas particulares, con independencia de su cultura, religión, necesidades de salud pública o incluso el ordenamiento jurídico del país receptor. Adicionalmente, los activistas fundamentalistas cristianos y misioneros se han aprovechado de sus riqueza y privilegio comparativos para promover insidiosas creencias relacionadas con el trabajo sexual, los servicios reproductivos y de salud y los derechos de la población LGTB. Démosle un vistazo a esas áreas:

El trabajo sexual y el voto anti-prostitución

Actualmente, una porción importante de la ayuda internacional de Estados Unidos en asuntos relacionados con el derecho a la salud está dirigida a través del Programa Presidencial de Emergencia de Asistencia para el Sida (PEPFAR, por sus siglas en inglés). Sin embargo, gracias a los esfuerzos del congresista conservador, Chris Smith, PEPFAR beneficia solo a organizaciones que adopten un “Voto anti-prostitución”, que requiere que las organizaciones que reciban fondos de PEPFA tengan una política que explícitamente se oponga a la prostitución y al tráfico sexual.

Muchos expertos de política pública consideran que mejorar el acceso a los servicios de salud de los trabajadores sexuales requiere reducir el estigma cultural que existe frente a este trabajo. Obviamente, este voto moralista hace lo opuesto, creando más obstáculos para que las trabajadoras sexuales del Sur Global y previniendo que las metas de PEPFAR se alcancen.

En la práctica, este voto significa que muchas organizaciones que trabajan con trabajadores sexuales deban o rechazar los fondos de Estados Unidos o abandonar su trabajo. Muchas organizaciones no pueden darse el lujo de rechazar los fondos de Estados Unidos, como la imagen de abajo lo muestra, pero organizaciones como “Women’s Network for Unity” en Cambodia y el gobierno de Brasil llegaron a los titulares internacionales al oponerse al voto y rechazar los fondos estadounidenses, argumentando que los Estados Unidos no tenían derecho a interferir en sus asuntos de salud pública interna.

Derechos reproductivos, la enmienda Helms y la “Global Gag Rule”

La legalización del aborto en Estados Unidos en 1973 movilizó a los activistas anti-aborto. Además de buscar prohibir el aborto en el territorio de Estados Unidos, los activistas anti-aborto hicieron lobby para que el gobierno aprobara la enmienda Helms, que excluye la ayuda extranjera de ser usada para “práctica del aborto como un método de planeación familiar.” Esta frase ha sido interpretada para incluir incluso la provisión de información con relación al aborto y la práctica de abortos incluso en casos de violación, incesto o amenaza a la vida de la mujer. Los lobistas ganaron, a pesar de la oposición de USAID, que con razón veía esa enmienda como imperialista e hipócrita.

Sin embargo, los cruzados de la moralidad en Estados Unidos no estaban satisfechos con la enmienda Helms, empujando al presidente Reagan a adoptar la Política de la Ciudad de México o la “Global Gag Rule” en 1984 (Política estadounidense respecto al aborto en la ciudad de México). La Global Gag Rule no solo restringía a las organizaciones de proveer abortos, o determinaba cómo las ONGs extranjeras podían usar fondos estadounidenses, sino que prohibía a las ONGs extranjeras que recibieran asistencia en planeación familiar de Estados Unidos usar sus propios fondos – excluyendo los de Estados Unidos – para practicar abortos, dar información o referencias con relación a la práctica de abortos, incluso si el aborto era legal en ese país. Desde su aprobación cada presidente demócrata ha desmontado la ley, mientras cada presidente republicano la ha reinstalado.

El Global Gag Rule tuvo un vasto impacto negativo en la disponibilidad de los servicios de salud reproductiva en los países del Sur Global que reciben ayuda estadounidense. Esto sucedió al obligar a las ONGs a dejar de proveer los servicios de acceso e información sobre el aborto, o al cortarles el suministro de recursos y la capacidad financiera si se rehusaban a cumplir con esta Regla y rechazar los fondos de Estados Unidos. Adicionalmente, dado el ir y venir de la Regla dependiendo de la administración en poder, las ONGs no pueden desarrollar de manera adecuada estrategias a largo plazo o políticas públicas relacionadas con la salud reproductivas.

Derechos de la población LGBT en Uganda y Lobby estadounidense fundamentalista cristiano

A pesar de que el ordenamiento jurídico de Uganda prohíbe la homosexualidad desde que este país era una colonia británica, estas leyes eran básicamente ineficaces hasta que algunos grupos evangélicos estadounidenses viajaron a este país, e incitaron la homofobia. El Acto anti homosexualidad de Uganda del 2014 prevé penas de cadena perpetua (una reducción frente a la pena capital que había sido propuesta) para aquellos involucrados en la homosexualidad. Siguiendo la aprobación de este acto y el incremento de la homofobia en este país, las organizaciones estadounidenses cristianas donaron a virulentos pastores anti-gay de Uganda, y organizaron una conferencia con relación a la “agenda gay”, en la cual sostuvieron que la homosexualidad causa sida y la compararon con la pedofilia entre otras evidentemente falsas afirmaciones. También se dirigieron al parlamento ugandés sobre este asunto. Coincidentemente, una moción especial para introducir la reglamentación se aprobó un par de semanas luego de esta conferencia.

Mientras que la religión puede impactar positivamente asuntos de justicia social y derechos humanos, es profundamente problemático que las creencias religiosas de una minoría estadounidense puedan dictaminar asuntos de salud pública y moralidad en el Sur Global, sobre todo cuando afectan negativamente la vida de la gente de esta manera.

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