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La utopía prohibicionista de un mundo sin drogas contenida en las convenciones sobre estupefacientes, firmadas en 1961, 1971 y 1988 son precisamente esta: una utopía inalcanzable.

La utopía prohibicionista de un mundo sin drogas contenida en las convenciones sobre estupefacientes, firmadas en 1961, 1971 y 1988 son precisamente esta: una utopía inalcanzable.

La utopía prohibicionista de un mundo sin drogas contenida en las convenciones sobre estupefacientes, firmadas en 1961, 1971 y 1988 son precisamente esta: una utopía inalcanzable. Esta realidad ha despertado durante los últimos cinco años un debate en América Latina sobre la necesidad de reformar la política de drogas. Bolivia, Uruguay, Ecuador y Colombia, entre otros, han cuestionado abiertamente las convenciones sobre estupefacientes, o por lo menos, las consecuencias de su aplicación.

Esta situación impulsó la convocatoria de una Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS, por sus siglas en inglés) relacionada con el problema mundial de las drogas, que se va a realizar en abril de 2016. Su objetivo es promover un debate transparente, sobre los resultados obtenidos hasta ahora y analizar qué cambios requiere el régimen de sustancias psicotrópicas vigente.

En la actualidad, el supuesto consenso de lucha contra el narcotráfico y las drogas, que la comunidad internacional había alcanzado, está más debilitado que nunca. La primera grieta se hizo evidente cuando Bolivia denunció la Convención de 1961 con el argumento de no poder prohibir a su pueblo masticar la hoja de coca, ya que su Constitución (art. 384) declaró en 2009 la planta de coca como patrimonio cultural. Al cabo de un año, ese Estado aceptó de nuevo las disposiciones del tratado, pero se reservó la facultad de regular la masticación en sus ciudadanos.

Después vino Uruguay con la regulación del primer mercado latinoamericano de marihuana en diciembre de 2013, donde se permite a la gente cultivarla, comprarla en farmacias o producirla comunitariamente a través de clubes cannábicos. En marzo de este año, Ecuador declaró la necesidad de revisar las convenciones, para reorientar no sólo el rol de los órganos de la ONU encargados de vigilar el cumplimiento de las convenciones, sino para adaptar las regulaciones sobre drogas a las realidades nacionales.

El catálogo de actos de “rebelión” contra el régimen de drogas actual, termina con los discursos pronunciados (en marzo y mayo) por el Ministro de Justicia de Colombia, Yesid Reyes, durante este año. En ellos declaró la necesidad de adoptar estrategias más inteligentes para enfrentar la economía ilegal de los estupefacientes y los efectos nocivos de su consumo. Así mismo, dijo que debería adoptarse un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, que permita privilegiar  la respuesta a un problema de salud pública con medidas coherentes, donde se hable de derechos fundamentales y de autonomía de los Estados.

No es un secreto que Colombia, a pesar de ser el alumno más disciplinado del prohibicionismo, es el país que más ha enfrentado problemas de seguridad, debilidad institucional y violaciones a derechos humanos por el fenómeno del narcotráfico, así como que esa actividad ha sido la gasolina del conflicto armado. De allí proviene su autoridad para denunciar los excesos que se pueden cometer cuando, por la presión internacional, se aplican las convenciones de drogas.

Un viento de cambio está soplando en América Latina, aun así, hay muchas razones para no caer en triunfalismos. Los casos que se acaban de mencionar, dejan al descubierto el disenso que existe actualmente en torno al problema de los estupefacientes, lo que no significa que la UNGASS vaya a ser un espacio de toma de decisiones radicales, puesto que existen muchos actores que influyen en su desarrollo.

Por ejemplo, no se puede subestimar el rol que desempeñan Rusia y China, quienes hoy ejercen como los herederos del prohibicionismo “duro” que Estados Unidos tuvo que abandonar por la legalización del uso recreativo de la marihuana en Colorado, Washington D.C., Oregon, Alaska y el Estado de Washington. Mientras tanto, muchos europeos están cómodos en su política de reducir los daños del consumo, sin hablar de grandes transformaciones a la prohibición, o del problema que enfrentan los correos humanos, presos en sus cárceles.

Para Mark Galeotti la posición rusa frente a cualquier reforma implica un fracaso de occidente en controlar la situación en Afganistán (la mayoría de la heroína que se consume en Rusia proviene de allí) y un ataque velado sobre sus intereses económicos. Así como Sheldon Zhang afirma que los cambios en China son muy lentos, ya que mientras el consumo aumenta, las reacciones del Estado son aún más desproporcionadas. Nadie va a obligar a un país tan poderoso como China a cambiar el trato a los consumidores de sustancias sicotrópicas, o dejar de aplicar la pena de muerte por delitos como el tráfico de estupefacientes.

El resultado concreto de UNGASS será una declaración que puede oscilar entre la defensa de los avances del prohibicionismo y la aceptación tibia de “nuevos enfoques”, de un lado, y una evaluación crítica de los resultados junto con propuestas reformistas, del otro. Si se adopta una declaración en el primer sentido, Latinoamérica deberá buscar estrategias para caminar con un pie dentro del prohibicionismo y otro en la reforma.  Si se adopta una declaración en el segundo sentido, Latinoamérica habrá ganado un pequeño round de independencia frente a las grandes potencias del mundo, por lo menos en el diseño de la política de drogas.

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