¿Qué son los programas de retorno voluntario en el Sur Global?

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“Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.

Artículo 13, punto 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El Sur Global, en particular la región de América Latina, atraviesa por una crisis migratoria generalizada: la movilidad humana se ha convertido en una estrategia de supervivencia, y las personas migrantes y refugiadas se ven expuestas a la respuesta regulatoria restrictiva de los Estados receptores. Esta también ha sido la situación que deben enfrentar las personas retornadas, quienes en ocasiones son obligadas a someterse a los programas de retorno voluntario asistido (AVR, por sus siglas en inglés).

Estos programas, facilitados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tienen por objetivo apoyar a las personas migrantes que no pueden o no quieren permanecer en los países de acogida o de tránsito, y desean regresar a sus países de origen. Sin embargo, su implementación en países del Sur Global como México o en la región del Medio Oriente y el norte de África (MENA, por sus siglas en inglés), ha evidenciado que más que estar encaminados a garantizar los derechos de las personas retornadas, develan una práctica perversa: las expulsiones colectivas. 

Estas experiencias internacionales sobre programas de retorno voluntario parecen no tener claridad sobre la situación socioeconómica, política y de derechos humanos en los países de origen —que forzaron a salir a un gran número de personas y dejar una vida atrás—, y han conllevado a nuevas violaciones de derechos humanos y a la revictimización de las personas.

Para profundizar en el tema, dividiremos este texto en las siguientes secciones: en primer lugar explicaremos qué son las expulsiones colectivas y cómo detrás de los programas de retorno voluntario se esconden procedimientos de expulsiones colectivas; en segundo lugar, desde una perspectiva comparativa, explicaremos cómo la Política de retorno voluntario asistido de México y la gestión migratoria en la región MENA evidencian malas prácticas al momento de implementar este tipo de programas; finalmente, en la última sección reflexionamos sobre la posibilidad de implementar un plan de retornos voluntarios por parte de Venezuela con ayuda de Colombia, y las implicaciones negativas que tendría la implementación de estos programas en un contexto como el venezolano, en el que aún persiste la crisis humanitaria, económica, política y social.

¿Qué son las expulsiones colectivas?

Las expulsiones son un procedimiento que permite a las autoridades de un Estado obligar a una persona o grupo de personas nacionales de otro Estado para que abandonen su territorio, debido a que su presencia es contraria a los intereses de ese Estado. Sin embargo, aunque los Estados son soberanos para decidir sobre el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras en sus territorios, y en el ejercicio de esta soberanía tienen la potestad para adelantar procesos de expulsión, esta facultad no es ilimitada y debe estar acorde con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Una limitación a dichas facultades son las expulsiones colectivas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el carácter colectivo de una expulsión no se determina por el número de personas extranjeras objeto de la decisión, sino porque dicha decisión no se basa en un análisis objetivo de las circunstancias individuales de cada extranjero. Es decir, este estudio requiere, como mínimo, identificar a la persona y establecer las circunstancias particulares de su situación migratoria. Asimismo, estos procedimientos no deben discriminar con base en la nacionalidad, color, raza, sexo, lengua, religión, opinión política, origen social u otro estatus, y deben cumplir las garantías mínimas en los procedimientos de expulsión, es decir, el debido proceso, la unión familiar, entre otros derechos. 

Entonces, ¿cómo los programas de retorno voluntario asistido se han convertido en políticas de expulsiones colectivas? La aplicación que México y la región MENA han hecho de ellos podría ayudarnos a entenderlo. Veamos:

La política de retornos voluntarios asistidos en México

En México, un país con diferentes tipos de flujos migratorios (expulsor, receptor y de retorno), se implementan políticas migratorias restrictivas que continúan posicionando al país como un “patio trasero” o “primer punto de detención” de todo flujo proveniente del Sur que anhele llegar a Estados Unidos. Esta postura se ve reflejada en sus legislaciones, así como en los acuerdos firmados con algunos organismos internacionales que inciden para disminuir el paso de flujos migratorios irregulares.

Sobre la legislación vigente, según la Ley de Migración mexicana, existen varias categorías dentro de los procesos de retorno y deportación desde México. Con relación al retorno asistido, este se entiende como “los eventos de migrantes de 18 años y más, que solicitaron el beneficio de retorno para ser devueltos a su país de origen”.  A su vez, se clasifica la salida de las personas migrantes de la siguiente manera:  hay deportaciones, retornos asistidos de personas mayores de 18 años, y retornos asistidos de menores de edad.

Es importante, además, entender esta clasificación, ya que tiene una relación directa en cómo se documentan los retornos voluntarios desde el territorio nacional y cómo documentan el contexto migratorio actual en el país.  Por ejemplo, tan solo en el primer semestre del 2022, según el Instituto Nacional de Migración, México deportó a 64.860 personas, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador. Cabe mencionar que, a diferencia del primer semestre del 2021, durante el cual se reportaron 95 retornos voluntarios de venezolanos, en el primer semestre de 2022 esta cifra incrementó a 346, un 27.45% más que el año anterior.

En relación con los organismos internacionales, un actor relevante en la implementación de estos programas es la OIM. A través de materiales en redes sociales,  la OIM difunde los “beneficios” que representa este programa, así como los de regresar de manera voluntaria a los países de origen, con el objetivo de desincentivar la migración irregular. Es importante mencionar esto, ya que existen evidencias sobre la presión que ejercen las autoridades migratorias mexicanas sobre las personas migrantes para solicitar “retornos voluntarios”, mismas autoridades que se apoyan en programas como el de la OIM para realizar los retornos.

Según datos de Human Rights Watch, detrás de esta política de retornos voluntarios lo que se devela es una política de expulsiones colectivas. Tan solo en el primer semestre del 2021, de los más de 54 mil migrantes que México deportó entre enero y julio, alrededor de 53 mil personas fueron clasificadas como “retornos asistidos” por el gobierno mexicano.  

En junio de 2019, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad presentó el Plan para el desarrollo de México y Centroamérica como una iniciativa de la CEPAL apoyada completamente por el actual gobierno y con la cual el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que “el país inauguró un método nuevo, distinto, para enfrentar el fenómeno migratorio. Es una luz […] que se enciende desde México, desde Centroamérica, para alumbrar en todo el mundo”.

Más bien, con las cifras y datos compartidos anteriormente, podemos evidenciar que, en oposición a su discurso, México continúa con la tendencia de restringir, perseguir y criminalizar la migración irregular proveniente de otros países del Sur Global.

Expulsiones colectivas de migrantes en la Región MENA

En la región MENA se pueden recopilar diferentes eventos de retorno y deportación que, sin lugar a dudas, vulneran y violan los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes. Algunos casos se reflejan en las cifras que The International Detention Coalition ha compartido con respecto a los programas de retorno y deportación de los países que integran esta región.

Por ejemplo, en Libia —país que en febrero del 2017 firmó un Memorándum de Entendimiento sobre migración con Italia (respaldado por la Unión Europea) permitiendo que el gobierno italiano intercepte embarcaciones en el mar y devuelva a las personas a centros de detención de Libia—, tan solo de enero a mayo de 2022, las autoridades han interceptado y devuelto un total de 5,696 personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo. Causa preocupación que, además, 453 personas hayan sido reportadas como desaparecidas y 109 cadáveres hayan sido recuperados en las costas del país durante este periodo.

Los mecanismos regionales de seguridad también han jugado un papel importante en la implementación de estrategias de monitoreo y detención a los flujos migratorios provenientes del Sur Global. La Unión Europea, a través de su agencia Frontex, ha participado en la identificación de estos grupos que arriban vía marítima a Libia. Usualmente, se utilizan drones que rastrean las embarcaciones y alertan a las autoridades libias, lo cual elimina la oportunidad a las organizaciones civiles de apoyar a esos grupos de personas migrantes, que además, en algunos casos han sido criminalizadas por brindar asistencia a estas personas.

Otro caso es el Líbano, donde en agosto de este año, el Gobierno confirmó su plan de deportar a 15 mil refugiados sirios, con la justificación de que no tenían fundamentos suficientes para comprobar los riesgos a los que se enfrentan al retornar a su país.  Por si fuera poco, estas deportaciones y retornos voluntarios se realizan con una serie de irregularidades, como las que denuncia Amnistía Internacional.

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Para el caso de Libia y Níger, nuevamente la OIM juega un papel fundamental en los retornos voluntarios asistidos, ya que, con colaboración de la Unión Europea, recuentan que desde 2017 han “beneficiado” a más de 3,300 gambianos con su Programa de Retorno Voluntario Humanitario (VHR), el cual afirma dar un retorno digno y seguro. Sin embargo, dicho programa no garantiza la protección a los derechos humanos de las personas en el momento que retornan a sus países, los cuales en la mayoría de los casos están inmersos en dinámicas de vulnerabilidad y violencia. 

¿Por qué Colombia debe estar atenta al programa de retornos voluntarios que propone Venezuela?

En la actualidad, pareciera que Colombia vive un momento único de cambio, en el cual, por primera vez, la izquierda llega al poder, rodeada de esperanza y altas expectativas. Sin embargo, la ausencia de un posicionamiento claro en la agenda migratoria, además de algunos mensajes enviados por funcionarios del Gobierno, han generado incertidumbre en las personas migrantes y refugiadas, y en las organizaciones de la sociedad civil enfocadas en la protección de los derechos de esta población.

Un ejemplo: el  pasado 13 de julio,  el coordinador nacional del empalme entre los Gobiernos entrante y saliente, Daniel Rojas, anunció la intención de ejecutar un plan de retorno voluntario dirigido a las personas migrantes venezolanas en el país, en coordinación con el Estado venezolano. Este anuncio sorprendió a las personas migrantes y refugiadas venezolanas, así como a las organizaciones de la sociedad civil, ya que las condiciones de vulnerabilidad en Venezuela no han cesado.

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Para que una propuesta como esta tenga sentido es necesario que las condiciones que obligan a las personas a migrar forzosamente hayan cesado en su país de origen, dado que, en esa medida, se podrán garantizar los derechos de la población retornada. No obstante, para el caso de Venezuela, los estudios e informes de la sociedad civil venezolana no reflejan que sea viable implementar actualmente un programa de retorno voluntario para la población migrante y refugiada venezolana en Colombia. Por el contrario, dan cuenta de que las actuales condiciones socioeconómicas y políticas de Venezuela, para considerar el retorno, no son una opción segura y con condiciones de protección. 

Frente a este panorama, nos preguntamos ¿qué tan voluntario puede ser un retorno que se decide bajo situaciones de extrema vulnerabilidad? En especial, como en el caso de México, si las personas migrantes son orilladas y presionadas por las autoridades migratorias a participar de estos programas. Pareciera ser que las instituciones nacionales e internacionales se coordinan fácilmente para implementar estos programas, pero en muchos de los casos ocasionan acciones con daño que socavan la integridad de las personas migrantes.

Los otros contextos del Sur Global sobre las políticas de retornos voluntarios, de detención, y de deportación de personas migrantes y refugiadas nos dejan ver una tendencia creciente a la restricción del paso a flujos migratorios. Además, la falta de programas de acogida e integración a la sociedad de recepción ponen en evidencia lo contradictorio e hipócrita de los discursos  de “asistencia  humanitaria” para difundir y promocionar programas como los de retorno voluntario asistido. 

De llegarse  a implementar un programa así entre Venezuela y Colombia, las organizaciones de la sociedad civil pueden nutrirse de la experiencia internacional para prepararse, monitorear y denunciar posibles abusos y violaciones a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana. Así como los Estados cooperan para implementar políticas migratorias restrictivas,  las organizaciones de la sociedad civil debemos tejer redes, compartir experiencias para resistir y seguir luchando  e insistir hasta que la movilidad humana deje de ser criminalizada, y el retorno sea realmente voluntario y en condiciones de dignidad.