cáncer

El acceso a estos tratamientos y medicamentos hace parte de la garantía del derecho a la salud y a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes. | Ilustración: Elizabeth Builes

La experiencia de las personas con enfermedades terminales y de quienes que usan heroína están atravesadas por vivencias de dolor, sufrimiento y las barreras de acceso a servicios de salud integrales que les permitan vivir estos procesos de manera digna.

La experiencia de las personas con enfermedades terminales y de quienes que usan heroína están atravesadas por vivencias de dolor, sufrimiento y las barreras de acceso a servicios de salud integrales que les permitan vivir estos procesos de manera digna.

Conocí la historia de Carlos y Milena* haciendo trabajo de investigación en Pereira en 2018. Milena, esposa de Carlos, me contó que él fue diagnosticado con cáncer de estómago y solo pudo acceder a tratamiento oncológico luego de muchas demoras y trámites. Pronto, el deterioro y los fuertes dolores lo dejaron en cama. Su sufrimiento era indescriptible y las visitas frecuentes al servicio de urgencias no aliviaban su dolor.

Era muy difícil acceder a los medicamentos que necesitaba para calmar los fuertes dolores, así que sus últimos días fueron muy difíciles. Milena dice, “yo sabía que de todas formas se iba a morir, pero si hubiera habido un poquito de apoyo de la EPS, todo hubiera sido más fácil”.

En una visita a Cali, nos encontramos con María*, usuaria de heroína, quien muchas veces buscó acceso a tratamiento para salir de su consumo problemático. Sólo en una oportunidad logró acceder a un tratamiento en Bogotá que incluía el consumo de metadona para el manejo del síndrome de abstinencia.

Sin embargo, la estabilidad que le dio el tratamiento no duró mucho pues cuando regresó a Cali, el psiquiatra que la estaba viendo le redujo drásticamente la dosis diaria de metadona. Este cambio hizo que el síndrome de abstinencia regresara y, con él, el dolor y la necesidad de volver a consumir heroína. Cuando le preguntamos por el síndrome de abstinencia, María nos dijo “uff eso es como… como yo no sé, como si quisiera no existir para no sentir lo que siento en ese momento”. María murió de una sobredosis en la calle del H hace un par de meses.

A primera vista, Carlos y María no tendrían nada en común. Sin embargo, sus historias están cruzadas por la experiencia del dolor y el sufrimiento. Quienes están en una etapa final de vida requieren de atención médica que maneje los dolores físicos y les permita estar presentes para compartir con los suyos y tomar las decisiones que sean necesarias para cuando llegue el momento de su partida. Asimismo, el acompañamiento psicosocial es clave para que tanto el paciente como sus familiares puedan estar preparados para manejar la muerte.

Por su parte, las personas con consumo problemático de heroína requieren acceder a tratamientos basados en la evidencia que incluyan el acceso a medicamentos como la metadona para el manejo de la ansiedad de consumir y la atención psicológica para abordar los asuntos emocionales que las empujaron al consumo. En ambos casos las intervenciones integrales incluyen el acceso a medicamentos opioides que les permitan a los pacientes manejar el dolor y el síndrome de abstinencia.

El acceso a estos tratamientos y medicamentos hace parte de la garantía del derecho a la salud y a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes. A pesar de que en Colombia, tanto el tratamiento de consumos problemáticos de sustancias psicoactivas (PSA) y de cuidados paliativos están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, antes POS, aún existen múltiples barreras para acceder a ellos, en particular en pequeñas ciudades y zonas rurales. Los casos de María y Carlos son ejemplo de esas barreras.

El estudio titulado “Los Caminos del Dolor: Acceso a Cuidados Paliativos y Consumo de Heroína en Colombia” recientemente publicado por Dejusticia identifica y analiza las barreras de acceso a estos dos tipos de tratamiento a partir de la recolección de información en cinco ciudades del país: Pereira, Armenia, Cali, Santander de Quilichao y Cúcuta. Me referiré aquí a dos de ellas.

En primer lugar, la provisión de estos tratamientos aún es limitada en el país. De acuerdo con una evaluación a los centros de tratamiento para usuarios de drogas realizada por el Ministerio de Salud en el año 2016, la oferta de servicios especializados de tratamiento es inexistente en cerca del 95% de los municipios del país. De igual modo, el 66% de las instituciones que prestan estos servicios están solo en 6 departamentos.

En el caso de los cuidados paliativos, de acuerdo con el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos (OCCP) para 2016 en promedio existían solo 4,4 servicios habilitados por cada cien mil habitantes, lo cual es insuficiente frente a la demanda de estos servicios. Esta cifra puede analizarse a la luz de los estándares internacionales que establecen que se requieren al menos 10 camas exclusivas para prestar servicios de cuidados paliativos por cada cien mil habitantes. Aunque no son datos comparables, pues la categoría de servicios habilitados no cuantifica el número de camas exclusivas que tienen, esta cifra permite dar una idea de las limitaciones para prestar este servicio en el país.

Al limitado número de servicios médicos habilitados para prestar estos tratamientos, se suma la falta de formación de profesionales de la salud en estos dos campos. La mayoría de la oferta de formación en cuidados paliativos se concentra en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, lo que implica que los profesionales de medicina, enfermería y psicología en otras partes del país se gradúan sin conocer este enfoque de atención.

Por su parte, tradicionalmente se ha considerado que la atención al consumo problemático de PSA es de competencia de los psiquiatras por ser un asunto de salud mental, lo que limita la formación en este tema a esa especialidad médica y en consecuencia el número de profesionales que cuenten con estos conocimientos es muy reducido.

Carlos, María y muchas otras personas en su misma situación tienen derecho a vivir y morir sin dolor, por ello es urgente que el Estado colombiano tome las medidas necesarias para garantizar el acceso efectivo a estos tratamientos para las personas que lo necesitan. En particular, el Ministerio y la Superintendencia de Salud deben vigilar que las EAPB (antes EPS) cumplan con su obligación legal de contar con IPS que presten estos servicios en todo el territorio nacional.

Asimismo, es necesario que se incluya la formación en cuidados paliativos y tratamiento al consumo de PSA a nivel de pregrado en los currículos de las facultades de Medicina, Trabajo Social, Psiquiatría, Psicología y Enfermería. Por último, es muy importante que tanto los profesionales que trabajan con estas poblaciones como los mismos pacientes establezcan alianzas y empiecen a abogar juntos por sus derechos.

* Los nombres de estas personas fueron cambiados para proteger su identidad.

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