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JEP, Gobierno, Centro Democrático, Congreso

Es un pacto aún débil, pues no fue avalado por el Polo ni por la FARC y los compromisos son limitados. Pero podría conducir a un verdadero pacto político para implementar el acuerdo, incluso con algunos ajustes, siempre y cuando sean concertados y limitados. | Mauricio Dueñas, EFE

Aunque sea falso, muchos colombianos están convencidos de que la JEP es para favorecer a la guerrilla. Si un aumento razonable del número de magistrados permite eliminar esa falsa creencia y fortalece la legitimidad de la JEP, la reforma podría tener políticamente efectos positivos, a pesar de sus costos y defectos técnicos.

Aunque sea falso, muchos colombianos están convencidos de que la JEP es para favorecer a la guerrilla. Si un aumento razonable del número de magistrados permite eliminar esa falsa creencia y fortalece la legitimidad de la JEP, la reforma podría tener políticamente efectos positivos, a pesar de sus costos y defectos técnicos.

El proyecto que aumenta en casi un tercio los magistrados de la JEP es malo, pues se basa en un supuesto falso y tendría efectos negativos sobre la JEP. Es además inconstitucional, pues el Congreso modificaría unilateralmente el Acuerdo de Paz, lo cual viola el acto legislativo n.° 2 de 2017, que dio estabilidad a ese acuerdo por 12 años. Pero paradójicamente, este proyecto malo e inconstitucional podría tener efectos positivos si hace parte de un pacto público y serio de todas las fuerzas políticas, incluida la FARC, para implementar, con ajustes que no toquen su esencia, el Acuerdo de Paz.

Explico la paradoja. El proyecto parte del supuesto de que la JEP está sesgada a favor de la guerrilla y en contra de los militares y que, por eso, hay que equilibrarla con nuevos magistrados. Ese sesgo derivaría del talante izquierdista del Comité de Escogencia (CE) que seleccionó a los magistrados de la JEP. Pero esa tesis se basa en mentiras sobre el CE, como lo demostré hace algunos meses en algunas columnas y videos. Por límites de espacio, solo señalo una de esas falsedades.

Plinio Apuleyo y ACORE acusaron a uno de los cinco integrantes del CE de ser cercano a la Eta. El calumniado era el respetado jurista español Álvaro Gil Robles, quien, siendo comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, hizo críticas muy duras a la Eta, por lo cual tuvo durante años protección policial por amenazas de ese grupo terrorista. ¡Qué cercanía a la Eta!

El supuesto del proyecto es entonces inaceptable. La reforma es además técnicamente inconveniente, porque incrementa las dificultades de coordinación de la JEP, que ya son bastantes debido al alto número de magistrados y a su complejidad institucional. Para hacer más difíciles las cosas, la reforma aumenta el número de magistrados y hace aún más complejo el funcionamiento de la JEP, pues señala que sus salas y secciones deberán tener grupos separados para el estudio de los crímenes de la guerrilla y de los militares.

Es entonces una reforma técnicamente mala, innecesaria y costosa. A pesar de eso la reforma no es catastrófica, pues preserva la esencia e integridad de la JEP y el mecanismo de selección de los nuevos magistrados no es aceptable, a diferencia de la propuesta inicial del uribismo que descuartizaba a la JEP y daba el poder al presidente para la escogencia de los magistrados. La propuesta es, además, fruto de un pacto entre fuerzas políticas con visiones opuestas sobre la paz, como los verdes, los liberales y el CD. Es un pacto aún débil, pues no fue avalado por el Polo ni por la FARC y los compromisos son limitados. Pero podría conducir a un verdadero pacto político para implementar el acuerdo, incluso con algunos ajustes, siempre y cuando sean concertados y limitados.

Quienes apoyamos la paz debemos reconocer que le falta apoyo democrático. Y, aunque sea falso, muchos colombianos están convencidos de que la JEP es para favorecer a la guerrilla. Si un aumento razonable del número de magistrados permite eliminar esa falsa creencia y fortalece la legitimidad de la JEP, la reforma podría tener políticamente efectos positivos, a pesar de sus costos y defectos técnicos.

Para que eso tenga sentido, esta propuesta debería hacer parte de un pacto político amplio, global y transparente, que cierre la polarización sobre el Acuerdo de Paz y desempantane su implementación, también en otros temas como las circunscripciones especiales o la reforma rural. Si ese pacto incluye a la FARC, los eventuales ajustes al acuerdo no serían unilaterales y no serían inconstitucionales. Y tal vez dejaríamos de estar divididos en torno a la paz que se convertiría, progresivamente, en la paz de todos los colombianos.

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