Reforma pensional: cuestiones que definen su alcance

En este sentido, sugiero algunas preguntas para abordar el alcance de la reforma. En primer lugar, el proyecto de reforma pensional ¿amplía la cobertura? En Colombia las personas no se pensionan principalmente por la informalidad de nuestro mercado laboral.

Según cifras del Dane, en Colombia hay 22,7 millones de ocupados, de los cuales tan solo el 42% trabaja en el sector formal y cotizan al sistema de seguridad social (salud, riesgos laborales, y pensión, entre otros). La situación se agrava cuando se habla de adultos mayores, según Asofondos 2 de cada 3 personas entre 55 y 65 años no cotizan a pensión.

La solución principal a este problema es luchar contra la informalidad laboral. Por lo que si bien esta propuesta de reforma amplía la cobertura de “los pasivos”, y adiciona recursos para ayudar económicamente a un sector desfavorecido de los adultos mayores, no soluciona nuestros problemas de cobertura, ni parece coordinarse con políticas laborales para incrementar el empleo formal, adicionalmente, no se evidencian políticas para integrar la población que hoy no cotizan pensiones.

Segundo, ¿la propuesta corrige la regresividad? Se resalta el nuevo esquema que se propone, pues sigue estándares internacionales y recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo, basado en 4 pilares:

1. El solidario, que garantizaría una renta básica de 223 mil pesos para los adultos mayores más pobres.

2. El semicontributivo, entregaría una pensión para los trabajadores de bajos ingresos que no logran cotizar lo suficiente para una pensión completa.

3. El contributivo, dirigido a trabajadores que tengan la capacidad de cotizar al sistema y dentro del cual se encuentra el componente de prima media, administrado por Colpensiones, que recibirá cotizaciones hasta de 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv) y el componente de ahorro individual, administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), recibirá todas las cotizaciones por ingresos superiores a 3 Smmlv y por hasta 25 Smmlv.

4. El de ahorro voluntario, para personas que puedan hacer aportes voluntarios administrados por AFP.

Este nuevo esquema dispone de un subsidio para los adultos mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad. Además, hace claras diferencias entre las personas que pueden hacer un ahorro permanente y cumplir con las semanas de cotización, y las que no lo logran. También intenta desmontar los altos subsidios que reciben las megapensiones que concede Colpensiones.

Sin embargo, el pilar contributivo no resuelve totalmente la regresividad, pues según el proyecto una persona que cotice bajo 25 Smmlv recibirá el mismo subsidio que una persona que cotice sobre 3 Smmlv.

Entonces, ¿por qué seguir subsidiando a individuos que tienen mayor capacidad de ahorro? Adicionalmente, cerca del 72% de las cotizaciones se realizan hoy en día sobre ingresos iguales o inferiores a 3 Smmlv lo que definitivamente generará una mayor carga en subsidios para Colpensiones.

Tercero, teniendo en cuenta las nuevas cargas en el sistema pensional propuesto, ¿se garantiza la sostenibilidad fiscal de la protección social para la vejez? Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), organismo técnico e independiente que propende por la sostenibilidad de las finanzas públicas del país, existen implicaciones de tipo fiscal.

Por un lado, alerta sobre el aumento de asignación presupuestal para el pilar solidario, señala un impacto fiscal de 5 billones de pesos (0,3% del PIB) que anualmente deberán disponerse en el Presupuesto General de la Nación (PGN).

Para el pilar semicontributivo estiman recursos adicionales que a largo plazo llegarán a representar el 6,1% del PIB, y para el pilar contributivo, el de mayor preocupación del Carf, los pagos del gobierno a Colpensiones, a 2100, incrementarían en un 160,5% del PIB (28% más que sin la reforma), esto quiere decir que el pago de subsidios a todos los cotizantes en el mediano y largo plazo se convertirá en una alta presión fiscal para el Estado.

En definitiva, el Carf ofrece evidencia sobre lo problemático que puede llegar a ser el pilar contributivo si no se corrige el pago de subsidios para todos los cotizantes a través de Colpensiones y si no disminuye el umbral de 3 Smmlv a 1 o 1,5 Smmlv para la cotización en el componente de prima media.

Lo anterior nos hace pensar que no hay garantías de sostenibilidad del nuevo sistema pensional si no se corrigen esos puntos. Incluso, hay propuestas como la del Observatorio Fiscal de la Javeriana que plantea dejar ese umbral del pilar contributivo como esta, pero sugiere que la liquidación de la pensión por el componente de prima media comience a disminuir a partir de los 3 Smmlv y desaparezca completamente a los 6 Smmlv, aliviando así las finanzas del país.

En todo caso, es de resaltar el esfuerzo por esquematizar un sistema a través de pilares, que ha sido recomendado por organizaciones como el Banco Mundial, por su complementariedad entre el régimen privado y el público.

Sin embargo, para que este sistema pensional propuesto sea sostenible fiscalmente en el largo plazo, es necesario que se propenda por eliminar el máximo posible de los costos que genera el régimen de prima media (Colpensiones).

También es necesario que se planteen políticas para integrar la población que actualmente no cotiza, como los actores de la economía popular, de los que se habla en el Plan Nacional de Desarrollo, se concientice a la juventud de que la pensión no es un gasto, sino un ahorro y primen las medidas que cumplan con la progresividad y la sostenibilidad fiscal.

Por último, si recién se declaró la inexequibilidad del requisito de 1300 semanas para que las mujeres se pensionen, lo eficiente sería que el gobierno se tome el tiempo para incorporar el ajuste dentro del proyecto de reforma, elabore de nuevo las proyecciones financieras y nos muestre el real impacto de la reforma en su totalidad.

Pero igualmente se aprobó el informe de ponencia. Por ello, la cuarta pregunta es ¿cuál es la prisa por aprobar una reforma pensional, sin armonizar las recientes decisiones jurídicas?