Refugio y coherencia

Imagine un país donde el 12 % de la población está en estado de desnutrición. El 87 % de los pacientes con VIH y cientos de miles de personas con cáncer y enfermedades crónicas y severas no pueden acceder a tratamiento. Un país en donde 800 personas son detenidas en un día por ejercer su derecho a la protesta y donde su capital es considerada la segunda ciudad más violenta del mundo. Imagine un país con dos “presidentes”, con amenaza de intervención militar y del que han salido cuatro millones de personas debido a la falta de alimentos y servicios médicos, violencia, represión e inseguridad.

Ya habrá notado que nos referimos a la grave situación social, política y económica de Venezuela que ha ocasionado un desplazamiento masivo dentro de Latinoamérica. Esta situación ha generado que la mayoría de los países de la región hayan expresado su apoyo a uno u otro de los “presidentes” o hayan llamado al diálogo. Tanto los gobiernos que respaldan a Guaidó o a Maduro, así como los que promueven intervenciones militares o una transición pacífica no se pronunciarían de la manera en que lo han hecho si no consideraran que Venezuela atraviesa un momento crítico. Por tanto, se esperaría que tuvieran unas políticas internas de refugio coherentes con sus posturas. Este no siempre es el caso.

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Colombia adoptó en su legislación una definición más amplia de refugio, que incluye —además de quienes sufren persecución por su religión, raza, nacionalidad u opinión política— a las personas que hayan tenido que huir de contextos de “violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos o grave perturbación al orden público”. Sin embargo, Colombia no está reconociendo el estatus de refugiado a personas en estas situaciones, como los ciudadanos venezolanos. Además, para todos los casos, existen múltiples barreras para acceder a esta protección. Por ejemplo, sólo se permite presentar la solicitud hasta máximo dos meses después de haber ingresado al país, la Cancillería no tiene un tiempo límite para responder a la solicitud y en muchos casos se tarda años, los solicitantes no están autorizados para trabajar durante este tiempo, y no existen programas de orientación y apoyo durante el proceso. Estas barreras evidencian la falta de voluntad política para garantizar los derechos de cualquier persona en necesidad de protección internacional.

A pesar de que Colombia ha hecho importantes esfuerzos en materia migratoria, el acceso a refugio es una obligación de Estado que no puede depender de la postura política del Gobierno. Necesitamos una reforma legal urgente con una mirada más allá de la crisis venezolana, que establezca un procedimiento claro, expedito y garantista de derechos. Entre tanto, si el Gobierno colombiano quiere ser coherente con su postura sobre la grave situación de Venezuela, debe reconocer como refugiados a las personas provenientes de ese país y garantizarles una vida digna.