legalizacion de marihuana

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A raíz del reconocimiento de estos sesgos étnico-raciales de la prohibición de marihuana, la apertura del mercado legal ha involucrado, de manera diferente en cada legislación, una serie de medidas orientadas a resarcir los daños causados y superar condiciones de desigualdad económica.

A raíz del reconocimiento de estos sesgos étnico-raciales de la prohibición de marihuana, la apertura del mercado legal ha involucrado, de manera diferente en cada legislación, una serie de medidas orientadas a resarcir los daños causados y superar condiciones de desigualdad económica.

Por: Luis Felipe Cruz Olivera y Ángela María Sánchez*

Luego de un siglo de legislaciones represivas, la marihuana ve la luz al final del túnel de la prohibición. Lo que comenzó con la regulación para uso recreativo de cannabis en Colorado y Uruguay, ya va en la entrada en vigencia de un mercado en Canadá. Sin duda, la apertura de estos mercados traza una senda de prosperidad económica y capitales verdes en incremento permanente. Con la marihuana están despegando como un cohete las acciones de empresas que, en Wall Street ya tienen un margen de ganancias superior a las de gigantes empresariales como Apple, Microsoft o Amazon. Y no es para menos, se cree que para el año 2020 el gasto mundial en productos de cannabis ascenderá a 32 mil millones de dólares.

Estos ingresos están dejando en las arcas públicas una cantidad muy importante de dinero. De acuerdo con Javier Hesse, en 2017 el Estado de Colorado recaudó más de 250 millones de dólares en impuestos, mientras que en California se estimó que la industria del cannabis dejará más de mil millones de dólares al año. Hay tanta plata derivada del negocio legal que en este mismo estado se planteó la posibilidad de crear un banco público para administrar los recursos de la industria, que se están quedando por fuera del sistema financiero debido a la prohibición que persiste en la legislación federal.

Más allá de los  notorios beneficios económicos, este tipo de políticas regulatorias son un avance enorme en la finalización de la guerra contra las drogas, al menos en lo que se refiere al cannabis, que ha causado profundos daños a personas y comunidades históricamente discriminadas en Norteamérica. Tanto en Estados Unidos como en Canadá, la aplicación de las leyes antinarcóticos tuvo un impacto negativo en poblaciones negras y latinas, así como en aquellas con bajos recursos.  Por ejemplo, en Toronto entre 2003 y 2013 la tasa de arrestos de las personas negras por posesión de cannabis triplicó la de la población blanca, mientras que en California durante el 2015 la probabilidad de arresto por delitos relacionados con marihuana para personas negras fue cinco veces mayor que para personas blancas.

A raíz del reconocimiento de estos sesgos étnico-raciales de la prohibición de marihuana, la apertura del mercado legal ha involucrado, de manera diferente en cada legislación, una serie de medidas orientadas a resarcir los daños causados y superar condiciones de desigualdad económica. Algunas medidas se enfocan en los individuos y sus antecedentes penales, otras se dirigen a comunidades especialmente afectadas por la política de drogas, mientras que otras invierten los recursos obtenidos por los impuestos del mercado de cannabis en la protección del medio ambiente o la construcción de parques, escuelas o el acceso a algunos servicios de salud.

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Las políticas de drogas afectaron de manera desproporcionada a las comunidades afro y latino. Fuente: Paul S, Flickr (CC BY-NC 2.0).

En algunos estados de Estados Unidos la aplicación de la prohibición de cannabis implicó restricciones de acceso a préstamos para educación, vivienda e incluso antecedentes penales que de por vida restringían los derechos políticos o el voto. La discriminación racial de la política de drogas expulsó a cientos de miles de afrodescendientes y latinos hacia trampas de pobreza, que apenas se pueden reparar con la regulación del cannabis.

La legislación en California, que entró en vigencia en enero de 2018, creó medidas reparatorias en los tres sentidos. De esta manera, permitió que los antecedentes judiciales fueran eliminados a las personas que habían sido condenadas por algún delito relacionado con el cannabis o la terminación de la condena si se encontraban en prisión. También ordenó la inversión de al menos $50 millones de dólares anuales para los proyectos de reinversión comunitaria, empezando con 10 millones en 2018 e incrementando en 10 más cada año hasta estabilizarse en el quinto año (2022). Incluso, la legislación consideró la posibilidad de dar trato preferente a negros y latinos a la hora de expedir licencias.

Medidas compensatorias de la criminalización de la marihuana en California

Medidas compensatorias de la criminalización de la marihuana en California

En consonancia con la regulación californiana, en estados como Massachusetts, Missouri, Dakota del Norte, Michigan, Nueva York y Nueva Jersey se discuten escenarios o se han aprobado  regulaciones relacionadas con de medidas afirmativas que eliminan de los antecedentes penales y promueven la participación de las personas afectadas por la guerra contra las drogas en la nueva industria como factores de inclusión social y económica reconociendo el impacto del perfilamiento racial que las políticas antidrogas han tenido hasta ahora. En Nueva York se destinarán más 400 millones de dólares de ganancia tributaria en desarrollo comunitario, otros 100 millones serán destinados a educación primaria y secundaria, otra suma igual a programas públicos para el tratamiento y la prevención de adicciones como parte de la salud y la educación pública, y los 200 millones restantes en programas comunitarios que propendan por revertir los daños causados por la guerra contra las drogas.

Es cierto que no terminamos de comprender qué impactos positivos y negativos tendrá este boom económico del cannabis. No obstante, es un acierto que la industria tenga cargas tributarias que permitan redireccionar dineros de un negocio que estuvo muchos años controlado por actores ilegales hacia la prestación de servicios de salud, educación, el mejoramiento del espacio público y la protección del medio ambiente. Es justamente esto lo que da sustenta a la idea que regular las drogas permite reparar algunos errores de las pésimas estrategias antinarcóticos que hemos implementado desde 1961.

Despenalizar la marihuana y legalizarla mediante un marco regulatorio amplio y coherente no solo ofrece la posibilidad de aceptar su uso y comercialización, sino que también es una oportunidad para resarcir los daños causas por décadas de guerra contra las drogas. En el resto del continente estamos a tiempo de superar la miopía moral que rodea a las drogas, con marcos regulatorios que controlen efectivamente la industria, para transformar al mismo tiempo las vidas afectadas por la violencia de la política de drogas.

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