(Re)pensando la digitalización de la justicia en tiempos de pandemia
Dejusticia octubre 19, 2020
Además de la brecha digital, la administración de justicia cuenta con una enorme diversidad de necesidades que requieren respuestas tecnológicas distintas. La digitalización puede emplearse para facilitar el trabajo interno administrativo y de gestión documental del despacho | Unsplash
Mientras con la pandemia el acceso a la justicia se ha visto dificultado en las grandes ciudades, en algunos territorios se ha producido una ruptura casi total entre los usuarios que no cuentan con la capacidad de acercarse a los tribunales y juzgados y estos que no tienen las herramientas para recibir las demandas de justicia adecuadamente. 
Mientras con la pandemia el acceso a la justicia se ha visto dificultado en las grandes ciudades, en algunos territorios se ha producido una ruptura casi total entre los usuarios que no cuentan con la capacidad de acercarse a los tribunales y juzgados y estos que no tienen las herramientas para recibir las demandas de justicia adecuadamente. 
No es un secreto que la administración de justicia presenta deficiencias y que hay mucha desigualdad en el acceso a sus servicios. En la última década, la digitalización de la justicia ha sido presentada por algunos como la panacea, incluyendo grandes promesas como la de los “juzgados del futuro” de Rappi. Ahora que estamos en pandemia, la digitalización se ha convertido en una necesidad que se enfrenta con la realidad compleja, con retos en su implementación.
Muchos de estos se deben a que las instituciones judiciales colombianas no cuentan con las mejores condiciones para poner su trabajo en lo digital, así como a la complejidad intrínseca del funcionamiento de la administración de justicia. En esta columna describo algunos de los retos que dificultan el despliegue de tecnologías digitales entre nuestros juzgados y tribunales, y que han de enfrentarse uno a uno y en detalle.
Comencemos por la brecha digital. Los operadores de justicia, al igual que la ciudadanía, sufre las desigualdades en el acceso y uso de las tecnologías digitales. Y es que en el acceso, no todos los despachos cuentan con internet o todos los dispositivos necesarios, tanto así que tenemos municipios cuyos juzgados comparten entre ellos un único escáner. De igual modo ocurre con las capacidades y conocimientos digitales de las personas. Hay experiencias exitosas, como juzgados que han integrado blogs y sus redes sociales para difundir sus comunicaciones, que es el caso del popular Juzgado 5º de Garantías de Bogotá; y otros que todavía tienen dificultades para mantener actualizada la información de los casos en los sistemas web con los que ya contaba la propia Rama.
En la justicia esta brecha es especialmente gravosa porque separa a usuarios y operadores de justicia por ambos lados. Especialmente es claro esto desde una mirada regional: mientras con la pandemia el acceso a la justicia se ha visto dificultado en las grandes ciudades, en algunos territorios se ha producido una ruptura casi total entre los usuarios que no cuentan con la capacidad de acercarse a los tribunales y juzgados y estos que no tienen las herramientas para recibir las demandas de justicia adecuadamente.
Además de la brecha digital, la administración de justicia cuenta con una enorme diversidad de necesidades que requieren respuestas tecnológicas distintas. La digitalización puede emplearse para facilitar el trabajo interno administrativo y de gestión documental del despacho: ordenación de expedientes, control de plazos, recepción de información y emisión de notificaciones, entre otras, son tareas realizadas en equipo por distintos roles, como jueza o secretario u oficial mayor, que necesitan poder comunicarse de modo seguro, dar trazabilidad a las actuaciones o redactar y firmar documentos.
La digitalización también puede cubrir la relación con las partes, y esto supone poder seguir el estado del proceso, recibir la información de modo seguro, en tiempo y forma, desde el despacho o poder revisar el expediente. Esto supone necesidades como comprobar la identidad de las partes, garantizar que la información no es accedida por personas no legitimadas, e incluso que no sea modificada o asegurar que las comunicaciones son efectivamente recibidas y procesadas por el despacho, si es el caso.
Pero además de la gestión interna del despacho y de las relaciones de las partes con los procesos, juzgados y tribunales necesitan conocer qué hacen sus colegas. Me refiero a cuestiones como, por ejemplo, si los sujetos o el objeto del proceso están inmersos en otros casos que puedan tener impacto en el que está adelantando. Esto supone poder buscar entre todo el trabajo de la Rama estas situaciones y poder acceder de modo eficiente y seguro a los apartes de esos otros casos que sean pertinentes. Esta necesidad es la que denominan interoperabilidad.
Estas son solo algunas complejidades de la digitalización de la justicia en Colombia. Frente a estos, la Rama Judicial ha reaccionado de distintas maneras. Los juzgados y tribunales están ejerciendo individualmente su labor a través de acciones que son en muchos casos de mitigación pero que también exacerban las diferencias entre juzgados. Por otro lado, el Consejo Superior de la Judicatura ha pisado el acelerador en una labor de unificación, protocolización y desarrollo de procesos para el uso de tecnologías digitales en el sector. Y lo está haciendo combinando acciones de impacto inmediato, como en materia de firma digital o de sistemas de recepción web de tutelas y habeas corpus; y planeación para medio y largo plazo, compensando en cierto punto lo señalado en el párrafo anterior, como es el caso de la digitalización del propio expediente. Todas estas medidas van siendo publicadas, incluyendo la documentación técnica, en el sitio de la Rama Judicial. Sin embargo, en esta aceleración se presenta el riesgo de dejar atrás a otros actores, incluidos los propios usuarios, que deben participar también en el desarrollo de estos cambios. Así se lo recordó el Consejo de Estado al señalar que la implementación de las tecnologías digitales no puede hacer oídos sordos a las voces de las abogadas y abogados litigantes.
No han desaparecido las grandes promesas, pero creo que merecen más nuestra atención las iniciativas tangibles que desde los distintos niveles de la Rama Judicial se están llevando a cabo: son un ejemplo del tratamiento aterrizado de la digitalización de la justicia. En este contexto, unas ideas de cierre: 1) la digitalización supone pequeños cambios e iniciativas dirigidas a mejorar la justicia en procesos y tareas concretos; 2) no es la gran solución y no puede invisibilizar otras acciones no digitales que son ya una deuda vieja como la dotación de más personal o el incremento del número de juzgados; 3) estos pequeños pasos suponen tareas que no se pueden descuidar: dotar de medios y capacidades a los operadores de justicia y a los abogados y a los usuarios, procurar la unificación y sostenibilidad del despliegue de las tecnologías y facilitar espacios de participación a los profesionales del Derecho y la ciudadanía en general. Mejorar la justicia es cosa de todas y todos, la digitalización es solo una parte.
