Resistiendo las tendencias autoritarias en América Latina

Los derechos humanos en América Latina están en riesgo. En los últimos cinco años, el 42 % de los países de la región experimentaron disminuciones en las libertades. En el mismo periodo, aumentaron los países considerados como No Libres, que pasaron de 2 a 4, o Parcialmente Libres, que pasaron de 4 a 8, de acuerdo con el índice de Freedom House. Además, han aumentado algunas  violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, el 68% de asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo ocurren en América Latina. 

Este debilitamiento de los derechos y libertades está asociado, entre otros factores, al fortalecimiento de diversas formas de autoritarismo, una palabra sencilla que engloba prácticas complejas que suelen pasar por la concentración del poder en una persona, grupo o partido, el rompimiento de las normas constitucionales y los abusos de poder. ¿Cómo enfrentar las tendencias autoritarias y reducir sus impactos en derechos humanos? En este blog arrancamos una reflexión sobre los diversos mecanismos que ha usado la sociedad civil para resistir y transformar diversas tendencias autoritarias que se entrecruzan en la región. 

Las tendencias autoritarias en la región

El autoritarismo no es un fenómeno particular de América Latina pero ha acompañado la historia de la región. El final del siglo XX, sin embargo, parecía marcar una esperanza de superarlo. Los países que habían tenido dictaduras se desmarcaban de ellas y le apostaban a los derechos humanos como parte del camino hacia regímenes más democráticos. Aunque con variaciones importantes entre países, las reformas constitucionales que empezaron a darse desde entonces y que han continuado en este siglo han adoptado catálogos amplios de derechos y mecanismos para hacerlos efectivos y las normas internacionales de derechos humanos se han ampliado y diversificado temáticamente. 

Contar con más derechos no ha evitado que el autoritarismo resurja y adquiera dinámicas diversas. Represión policial, restricciones del derecho a la protesta, aumento de amenazas a la libertad de prensa, ataques a la independencia judicial, persecución en contra de miembros de la oposición, organizaciones de la sociedad civil y de personas defensoras de derechos humanos, discursos de odio, violaciones a los derechos de las minorías, entre otros, pertenecen a la lista de tendencias autoritarias recientes de la región.  Estas tendencias se presentan tanto en regímenes considerados autocráticos como en el contexto de gobiernos que instrumentalizan las reglas de juego democráticas.

Aunque las organizaciones de derechos humanos han documentado estas tendencias y han multiplicado sus denuncias, el silencio general frente a ellas parece atronador. Por el contrario, las voces que parecen escucharse cada vez con más fuerza son las de quienes justifican estas prácticas y favorecen así su persistencia. Algunos estudios sugieren que el apoyo social a la restricción de derechos humanos en América Latina estaría asociado a visiones del mundo que ven en el autoritarismo una forma de protegerse, en especial frente a grupos minoritarios que “deben ser controlados”. Esto explicaría, por ejemplo, por qué en El Salvador las medidas del presidente Bukele contra personas privadas de la libertad no son rechazadas masivamente por la ciudadanía. Estas visiones conciben los derechos humanos como una debilidad del estado de derecho, que puede superarse con mano dura. 

Defender los derechos para resistir los autoritarismos 

Defender los derechos humanos frente a las tendencias autoritarias es difícil y puede implicar riesgos para la vida y libertad. En la práctica, se trata de defenderlos frente a narrativas usadas para justificar el autoritarismo que interpretan los temores más profundos de la sociedad—por ejemplo a la inseguridad o al desempleo—y que suelen ser muy populares pues asumen formas muy simples y fáciles de difundir. Frente a esas narrativas, hablar de derechos parece un discurso desconectado de las realidades más apremiantes. En algunos contextos, incluso, los derechos pueden ser vistos como la defensa de quienes son presentados como auténticas amenazas a las sociedades, como las personas privadas de la libertad o “enemigos externos”, como las personas migrantes. 

Sin embargo, los derechos humanos no tienen una agenda de impunidad y desorden, sino una de dignidad. Los derechos fueron una victoria de la humanidad durante siglos de lucha por la libertad y la igualdad, pero también son límites al poder que nos protegen a todos y todas por igual. La pérdida de los derechos de unos representa, a la larga, el riesgo de la pérdida de los derechos de todos. 

Así vista, la relación entre autoritarismos y derechos es de doble vía. Las tendencias autoritarias tienden a producir limitaciones y violaciones a los derechos humanos, pero a su vez los derechos humanos pueden ayudar a resistir los autoritarismos. Por eso, resulta relevante preguntarse cómo hacer para tomarse los derechos en serio en medio de las tendencias autoritarias de la región. 

Estrategias de defensa de los derechos 

Una de las estrategias desarrolladas por personas defensoras de derechos humanos para resistir las amenazas de las tendencias autoritarias es la autoprotección basada en fuertes tejidos sociales y comunitarios. En Nicaragua, el gobierno ha acusado a personas defensoras de derechos de ser criminales o de estar involucradas con el tráfico de drogas. Para resistir estas narrativas estigmatizantes, los defensores y defensoras de derechos humanos nicaragüenses han apostado por construir alianzas a nivel nacional o internacional con personas defensoras de derechos humanos. Además, han buscado fortalecer sus bases comunitarias. Por ejemplo, Francisca Ramírez, reconocida defensora medioambiental, manifiesta que contar con el respaldo de una comunidad pequeña, pero bien organizada, ha sido fundamental para su protección. 

En Venezuela, frente a las dificultades para llevar a cabo trabajo en derechos humanos que han sido documentados por Dejusticia, varias organizaciones han apostado por hacer alianzas entre ellas para potenciar su fortalecimiento mutuo. Este fortalecimiento institucional ha incluido estrategias como cambiar sus políticas de seguridad a partir de las buenas experiencias desarrolladas por sus pares e intercambiar experiencias exitosas sobre activismo en derechos humanos y sobre cómo financiar su trabajo en este ámbito. Además, las organizaciones venezolanas han cultivado relaciones con organizaciones de otros países para visibilizar y denunciar los abusos de derechos humanos cometidos en el país. 

Otra forma de combatir la criminalización y las narrativas de estigmatización usadas por los regímenes autoritarios son las campañas en redes sociales que se articulan a movilizaciones sociales amplias. En el 2021, diversas organizaciones lanzaron en México la campaña nacional “Conocerles es reconocerles”, con el fin de promover el reconocimiento de la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que enfrentan amenazas frecuentes por civiles armados, bandas de crimen organizado, miembros de la Guardia Nacional, funcionarios públicos y otros. Posteando sus historias en Instagram, Facebook y Twitter, así como videos y un podcast con sus historias y logros, la campaña los hace visibles y busca generar mayor solidaridad hacia su labor. 

Estas estrategias son solo algunos de los ejemplos de ejercicios de resistencia a narrativas estigmatizantes y otras medidas autoritarias que vulneran derechos humanos. En entradas posteriores esperamos explorar estrategias con lógicas distintas y profundizar en los niveles de efectividad de estas medidas.  Sin embargo, hoy nos enfocamos en estas porque muestran dos aspectos claves que vale la pena profundizar en la lucha contra los autoritarismos: la importancia de tomarse en serio la estigmatización contra grupos y discursos de protección de derechos, y la centralidad del trabajo colectivo y comunitario. 

Aunque la lucha contra las tendencias autoritarias no puede cargarse solo a los derechos y a las personas que los defienden, creemos que este tipo de estrategias, en la medida en que articulan  diversos sectores sociales, contribuyen a profundizar las formas democráticas. En todo caso, esta es una lucha en la que deben comprometerse las comunidades, la sociedad en general e incluso las instituciones.