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Como sociedad, queremos saber quiénes participaron en el conflicto armado con fines económicos o a partir de sus actividades comerciales. La Comisión de la Verdad debe ser uno de los espacios para ello.

Como sociedad, queremos saber quiénes participaron en el conflicto armado con fines económicos o a partir de sus actividades comerciales. La Comisión de la Verdad debe ser uno de los espacios para ello.

La responsabilidad de los actores económicos en graves violaciones a derechos humanos ha sido ignorada sistemáticamente por los ejercicios de justicia transicional llevados a cabo en el mundo. Esta es la afirmación que Leigh Payne y Gabriel Pereira buscan matizar en el capítulo que escribieron para el informe “Cuentas claras: el papel de la Comisión de la Verdad en la develación de la responsabilidad de empresas en el conflicto armado colombiano”; un esfuerzo de Andhes, Dejusticia y la Universidad de Oxford por aportar a la labor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) que se instaló hace pocos meses en Colombia.

El pasado 19 de febrero los colombianos nos despertamos con una noticia: tres hermanos presuntamente utilizaron una cadena de supermercados para abastecer a las FARC y lavar el dinero proveniente del narcotráfico. “Cuentas claras” pretende contribuir a la construcción de verdad sobre la participación de actores económicos en contextos de transición de un conflicto a la paz o de una dictadura a la democracia, al tiempo que ofrece datos y herramientas para que quien lo lea se forme su propia opinión respecto a estos fenómenos.

Bohoslavsky y Opgenhaffen afirman que el rol que los bancos jugaron en la dictadura argentina es la pieza que falta en el rompecabezas que es la verdad sobre el sustento económico al régimen. Koska, desde Sudáfrica,  presenta un panorama similar para la Comisión de Verdad desarrollada en el post-apartheid. Mientras que Rubén Carranza, Director del Programa de Justicia Reparativa del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), considera que la responsabilidad de los actores económicos es algo que apenas está surgiendo en los escenarios de justicia transicional alrededor del mundo.

 

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En “Cuentas claras”, Payne y Pereira presentan un panorama distinto. La Corporate Accountability and Transitional Justice Database (CATJ) prueba que incluso después de la Segunda Guerra Mundial se discutió el papel de las corporaciones y los actores económicos en las más grandes atrocidades. En ese contexto, más de 300 empresas fueron sometidas a juicio tanto en el Tribunal Militar Internacional de Núremberg como en los procesos penales que llevaron a cabo los tribunales militares aliados y algunas cortes de Estados Unidos.

Uno de los juicios más famosos ante tribunales militares de Estados Unidos fue “El caso Flick”, donde un grupo de seis empresarios fue juzgado por su participación en crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la guerra. Específicamente, por su contribución en la deportación y esclavitud de población civil de los países y territorios ocupados, para trabajar en minas de hierro y carbón y en la producción de acero y otros productos, así como el saqueo de industrias en Francia, Polonia y Rusia. Frederich Flick fue condenado a siete años de cárcel por su participación en dichos delitos.

Pasó el tiempo y aparecieron nuevos intentos de diferentes sociedades por obligar a actores económicos a rendir cuentas por los actos que cometieron en contextos de atrocidades. Payne y Pereira encuentran en su investigación que en contextos de justicia transicional se iniciaron 83 acciones judiciales con empresas y empresarios, mientras que de 39 comisiones de la verdad en 22 se reconoció la participación de actores económicos en violaciones de derechos humanos. Dentro de estos se identificaron más de 330 menciones a actores económicos.

Protesta a favor de la comisión de la verdad y de la denuncia de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar en Brasil. Foto: Circuito Fora do Eixo

Un ejemplo de estos esfuerzos es la Comissão Nacional da Verdade de Brasil, cuya finalidad era revisar las graves violaciones a derechos humanos cometidas entre el 18 de septiembre de 1946 y el 5 de octubre de 1988, período dentro del cual ocurrió la dictadura militar. Esta comisión llevó a cabo un estudio exhaustivo de las relaciones entre el empresariado y el régimen represivo en un contexto de guerra política. La Corporate Accountability and Transitional Justice Database (CATJ) contiene la mención a 123 actores económicos en el informe de la Comisión brasilera.

Una las violaciones más recurrentes era la implementación de listas negras con nombres de trabajadores despedidos por razones políticas y que por lo tanto no debían ser contratados por otras empresas. Así lo admitió un antiguo trabajador de una empresa multinacional con base en Suiza y operación en Brasil, que informó a la comisión: “Yo trabajé en una entidad llamada AAPSA, Asociación de Administradores de Personal de Santo Amaro, y allí compartía conocimientos del área de recursos humanos y recibía informaciones sobre listas de personas que debería tener cuidado en contratar, porque eran personas llamadas “activistas”, personas que se articularían dentro de las fábricas”. Esto, según el mismo informe, implicaba la existencia de un complejo aparato de monitoreo y represión a la actividad sindical.

Mientras tanto, en Colombia, como muestran Laura Bernal y Daniel Marín en el capítulo que escribieron para “Cuentas claras”, la discusión sobre el rol de los actores económicos en el conflicto armado no ha sido tan explícita. Al analizar el caso colombiano para la CATJ, encontraron que el proceso de Justicia y Paz era el escenario que presentaba mejores perspectivas para develar el papel de los actores económicos en la violencia armada colombiana. Este está diseñado para investigar, juzgar y sancionar a miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y otros grupos armados organizados al margen de la ley, con base en sus propias declaraciones, para lo cual se les otorga una reducción sustancial de la sanción que recibirían en caso de ser condenados por estos delitos en la justicia ordinaria.

La CATJ referencia 439 casos de complicidad empresarial en las sentencias de primera instancia de Justicia y Paz dictadas entre 2005 y 2015. Todos ellos relacionados por los jueces en la reconstrucción de los contextos sociales, históricos y culturales en los que se desenvolvió el fenómeno paramilitar en Colombia. No obstante, dado que los jueces de Justicia y Paz sólo tienen competencia para juzgar a miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, en muchos casos las menciones a empresarios durante las versiones libres no se han traducido en investigaciones, juzgamientos o sanciones.

Photo by: Silvia Andrea Moreno

La labor de la Comisión de la Verdad colombiana presenta un escenario inmejorable para avanzar en el entendimiento de la sociedad colombiana sobre el papel que tuvieron las empresas en el conflicto armado interno. Lo que se conoce hasta el momento señala, como mínimo, un doble rol, el de víctimas y victimarios. Como sugieren Bernal y Marín, no es posible entender al sector empresarial como un monolito; las dinámicas propias de una comisión de la verdad se prestan para conocer los distintos matices de la historia, por ejemplo, el de la pequeña comercializadora en una zona de frontera que sufre el acoso de un grupo armado para que contribuya en la financiación de sus operaciones y el del conglomerado empresarial que accede a entregar parte de sus utilidades con el fin de obtener seguridad en sus operaciones comerciales. Como sociedad, queremos saber quiénes participaron en el conflicto con fines económicos o a partir de sus actividades comerciales; la CEV debe ser uno de los espacios para ello.

* Los actores económicos incluyen, pero no se limitan a, empresas, pequeños negocios, empresarios y actores políticos con intereses económicos.

Foto destacada: Colores Mari

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