Empresarios y conflicto armado en Colombia: ¿qué tanto sabemos?
Alejandro Jiménez marzo 2, 2018
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Como sociedad, queremos saber quiénes participaron en el conflicto armado con fines económicos o a partir de sus actividades comerciales. La Comisión de la Verdad debe ser uno de los espacios para ello.
Como sociedad, queremos saber quiénes participaron en el conflicto armado con fines económicos o a partir de sus actividades comerciales. La Comisión de la Verdad debe ser uno de los espacios para ello.
La responsabilidad de los actores económicos en graves violaciones a derechos humanos ha sido ignorada sistemáticamente por los ejercicios de justicia transicional llevados a cabo en el mundo. Esta es la afirmación que Leigh Payne y Gabriel Pereira buscan matizar en el capítulo que escribieron para el informe “Cuentas claras: el papel de la Comisión de la Verdad en la develación de la responsabilidad de empresas en el conflicto armado colombiano”; un esfuerzo de Andhes, Dejusticia y la Universidad de Oxford por aportar a la labor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) que se instaló hace pocos meses en Colombia.
El pasado 19 de febrero los colombianos nos despertamos con una noticia: tres hermanos presuntamente utilizaron una cadena de supermercados para abastecer a las FARC y lavar el dinero proveniente del narcotráfico. “Cuentas claras” pretende contribuir a la construcción de verdad sobre la participación de actores económicos en contextos de transición de un conflicto a la paz o de una dictadura a la democracia, al tiempo que ofrece datos y herramientas para que quien lo lea se forme su propia opinión respecto a estos fenómenos.
Bohoslavsky y Opgenhaffen afirman que el rol que los bancos jugaron en la dictadura argentina es la pieza que falta en el rompecabezas que es la verdad sobre el sustento económico al régimen. Koska, desde Sudáfrica, presenta un panorama similar para la Comisión de Verdad desarrollada en el post-apartheid. Mientras que Rubén Carranza, Director del Programa de Justicia Reparativa del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), considera que la responsabilidad de los actores económicos es algo que apenas está surgiendo en los escenarios de justicia transicional alrededor del mundo.
En “Cuentas claras”, Payne y Pereira presentan un panorama distinto. La Corporate Accountability and Transitional Justice Database (CATJ) prueba que incluso después de la Segunda Guerra Mundial se discutió el papel de las corporaciones y los actores económicos en las más grandes atrocidades. En ese contexto, más de 300 empresas fueron sometidas a juicio tanto en el Tribunal Militar Internacional de Núremberg como en los procesos penales que llevaron a cabo los tribunales militares aliados y algunas cortes de Estados Unidos.
Uno de los juicios más famosos ante tribunales militares de Estados Unidos fue “El caso Flick”, donde un grupo de seis empresarios fue juzgado por su participación en crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la guerra. Específicamente, por su contribución en la deportación y esclavitud de población civil de los países y territorios ocupados, para trabajar en minas de hierro y carbón y en la producción de acero y otros productos, así como el saqueo de industrias en Francia, Polonia y Rusia. Frederich Flick fue condenado a siete años de cárcel por su participación en dichos delitos.
Pasó el tiempo y aparecieron nuevos intentos de diferentes sociedades por obligar a actores económicos a rendir cuentas por los actos que cometieron en contextos de atrocidades. Payne y Pereira encuentran en su investigación que en contextos de justicia transicional se iniciaron 83 acciones judiciales con empresas y empresarios, mientras que de 39 comisiones de la verdad en 22 se reconoció la participación de actores económicos en violaciones de derechos humanos. Dentro de estos se identificaron más de 330 menciones a actores económicos.