#SalvemosLaCIDH

Es un jaque mate silencioso como lo denominó mi colega Camilo Sánchez, quien detalla la situación financiera en un blog publicado esta semana. El hecho es que se recortará el 40% del personal de la secretaría general de la CIDH, lo que se traduce en la cancelación de sesiones de este año y en una reducción contundente en el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos del continente.

Colombia ha sido un país beneficiario del trabajo de la CIDH en distintos momentos de nuestra historia y para distintos grupos de personas. Como bien lo afirmó María Isabel Rueda en su comentario de ayer en La W: “allá han acudido desde Uribe hasta Petro”.

La CIDH ha sido muy activa en litigar casos para defender los derechos humanos en Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en particular frente a los peores hechos de violencia que hemos sufrido, entre ellos las desapariciones forzadas (caso Caballero Delgado y Santana), las masacres más brutales del conflicto (casos Palmeras, Ituango, Pueblo Bello, La Rochela, 19 Comerciantes, Santo Domingo, Operación Génesis en el río Cacarica, entre otras), los homicidios de defensores de derechos humanos o líderes de oposición (casos de Escué Zapata, Jesús María Valle, Manuel Cepeda, entre otros) y, más recientemente, el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. También, la CIDH llevó a la CorteIDH el caso de Ángel Alberto Duque a quien Colombia negó la pensión de su compañero del mismo sexo. Estos casos, aunque han sido resueltos por la CorteIDH, fueron documentados e impulsados por la CIDH que sacó del olvido casos que estaban en la impunidad.

Junto con estos casos, la CIDH ha ordenado medidas cautelares muy importantes que han protegido a personas y comunidades enteras, entre ellos defensores de derechos humanos, periodistas, comunidades afrodescendientes, sindicatos, organizaciones defensoras de derechos humanos, líderes de oposición, magistrados, miembros de las fuerzas militares, desplazados, testigos, comunidades campesinas, organizaciones de mujeres y pueblos indígenas. De hecho, la última medida cautelar otorgada por la CIDH a Colombia ha sido para proteger a los niños que mueren de hambre en las comunidades de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu en el departamento de la Guajira. Para tener una dimensión del uso de este mecanismo se puede señalar que en el 2015 se recibieron 201 solicitudes de medidas cautelares sobre Colombia que corresponde a una tercera parte del total de las que se presentan ante el sistema y la CIDH monitorea 86 medidas cautelares otorgadas a Colombia de un total de 350 vigentes en toda la región.

Junto con los casos y las medidas cautelares, la CIDH también ha apoyado al Gobierno de Colombia cuando este lo ha solicitado. Así, por ejemplo, durante el gobierno de Álvaro Uribe, la CIDH aportó lineamientos para la reparación de las víctimas. Más recientemente, la CIDH visitó la frontera colombo-venezolana por petición del gobierno de Juan Manuel Santos para verificar la situación de derechos humanos de los colombianos que fueron expulsados por el gobierno de Nicolás Maduro.

La CIDH se ha destacado siempre por ser un foro pluralista de denuncia y un espacio de encuentro y deliberación para la defensa de los derechos humanos. Por la sede de la Comisión en Washington o cuando la CIDH visita Colombia, se han presentado ante ella distintos grupos sociales, por ejemplo la familia del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, el procurador Alejandro Ordóñez, las organizaciones feministas y LGBT, familiares de víctimas, reclamantes de tierras, personas con discapacidad, entre otros muchos. A través de las audiencias públicas o reuniones con la CIDH, la ciudadanía ha encontrado en la CIDH un espacio para hacer visibles las graves violaciones de derechos humanos y buscar soluciones en conjunto con el Estado.

Actualmente sobre Colombia, la CIDH tiene 660 peticiones pendientes de estudio inicial, 317 peticiones admitidas y 75 peticiones en estudio de fondo que se verán afectadas por este recorte de presupuesto. Esto sin contar con las audiencias públicas que visibilizan temas emergentes de violaciones de derechos humanos y que serán canceladas según el anuncio de la CIDH. También se verían afectadas las visitas a los países y las sesiones ordinarias para decidir casos. A pesar de que la ciudadanía colombiana es usuaria frecuente del sistema y de que el país se beneficia de este trabajo, este año, nuestro gobierno no hizo ningún aporte financiero a la Comisión, y el año pasado apenas envió 50.000 dólares, una cifra irrisoria si la comparamos al presupuesto de cualquiera de nuestros Ministerios o altas cortes.

Muchas veces hemos buscado el apoyo de la Comisión cuando sufrimos la injusticia. Hoy la CIDH nos necesita: salvemos la CIDH exigiendo a nuestro gobierno que haga un aporte económico voluntario a una institución que ha acudido en nuestro auxilio y que vamos a necesitar para consolidar una paz estable y duradera.

Puedes unirte a este propósito tomando una foto o enviando un mensaje con el HT #SalvemosLaCIDH