Santurbán: ¿Y si se apuesta por diversificar la economía?

Artículo publicado en la edición número 8 de la Revista Encuentros

El 03 de octubre pasado la ANLA decidió archivar la solicitud de licencia ambiental para la explotación subterránea de oro del proyecto Soto Norte en el páramo de Santurbán, y con seguridad se presentará de nuevo la solicitud de la autorización con un fuertísimo respaldo del gobierno para que su explotación sea una realidad. Y es que, en este momento, todo pareciera jugar en contra del medioambiente y de la gente que lucha por conservar la vocación de sus territorios: el precio del oro subió casi un 60% en los últimos meses y la pandemia resultó ser la excusa perfecta de gobiernos y empresas para retratar la megaminería ante la opinión pública como la salvación de las cuentas nacionales y, de paso, de todos los problemas sociales y económicos del país.

Nada que sorprenda. Ya se había advertido sobre la “doctrina del shock”, es decir, la restricción de derechos y la liberación del mercado como estrategia de gobiernos en tiempos de crisis. En Colombia se está promoviendo la flexibilización de las normas sobre protección ambiental —o desregulación— para que las industrias extractivas avancen rápidamente en la ejecución de sus proyectos. A principio de la pandemia, una solicitud para simplificar trámites ambientales y de consulta previa fue presentada al Presidente Duque por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, sin aportar dato
alguno que justificara tal iniciativa, ni en relación con la generación de empleo local, calificado y no calificado, ni con impactos ambientales, seguridad alimentaria, diversificación de producción económica en las regiones, etc.

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La preocupación de los empresarios locales y comerciantes que con seguridad serán afectados por las explotaciones megamineras no se ha hecho esperar. Han pedido que sus propuestas alternativas de corto, mediano y largo plazo sean escuchadas, para mostrar las proyecciones de crecimiento y progreso de la región, que en su gran mayoría se basa en productos agropecuarios y novedosas apuestas de producción sostenible. Y ni hablar de los habitantes paramunos, que mayormente son campesinos y mineros artesanales afectados, no solo por su condición de sujetos vulnerables por razones socioeconómicas, sino también por la prohibición de realizar actividades mineras y agropecuarias en las zonas delimitadas como páramos. Estas poblaciones se encuentran a la espera de que el gobierno implemente proyectos para la reconversión de sus actividades económicas y adaptarse así a una alternativa de producción que les permita gozar de una vida digna.

La finalidad del licenciamiento ambiental es la gestión y manejo de “impactos graves” al medioambiente, explícitamente listados en Decreto 1076 de 2015. Sin embargo, revaluar el alcance de esas normas frente a los daños territoriales irreparables e incontenibles de un proyecto megaminero es una tarea pendiente. La única referencia de minas de estas dimensiones es la explotación de carbón en el Cerrejón, que ha tenido fuertes cuestionamientos constitucionales por asuntos ambientales y de derechos humanos en la comunidad Wayuú, así como porque La Guajira es una de las regiones de
peores índices en materia de satisfacción de necesidades básicas.

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En este tipo de proyectos los daños son intergeneracionales, extensos en el territorio y el tiempo, y de magnitudes que hacen de cualquier proceso de planeación y gestión sobre el territorio algo incierto. Tales características, además, no permiten que sea posible establecer el real efecto de la apuesta megaminera en el empleo y las finanzas locales y nacionales en un contexto en el que el cambio climático y los precios de los commodities cambian según lo hace la geopolítica. Las razones del archivo del estudio de impacto ambiental —EIA— presentado por Minesa a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA— es muy elocuente: la información presentada por la empresa, recaudada por más de una década, no es suficiente para evaluar los impactos reales del proyecto.

La megaminería presenta cifras seductoras para la coyuntura inmediata pero ¿qué quedará para el futuro? Y le pregunto a los empresarios y economistas ¿no hay ninguna otra alternativa para reactivar la economía de forma justa y sostenida más que apostarle al megaextractivismo? Los precios del oro, petróleo y carbón suben y bajan y la economía dependiente de extractivas tiene grandes riesgos si no se diversifica. Hay que poner los huevos en varias canastas.