Semana

La libertad de expresión es un derecho de doble vía que existe para garantizar la posibilidad de informar, al tiempo que la de ser informado. | Juan Cedillo, EFE

La Revista Semana debe dar una explicación satisfactoria y valorar las consecuencias de sus decisiones para el interés público.

La Revista Semana debe dar una explicación satisfactoria y valorar las consecuencias de sus decisiones para el interés público.

A la Revista Semana le han llovido críticas pero también defensores, por el reciente episodio en el que su fundador decidió prescindir de Daniel Coronell, su columnista más leído, como consecuencia de su cuestionamiento público a decisiones de la casa editorial.  Los defensores alegan que bajo la libertad de empresa, el dueño puede contratar y despedir a quien le convenga y no tiene por qué dar explicaciones de ello.  Su línea editorial es autónoma y sus decisiones empresariales también.  Los críticos en cambio resaltan que la verdadera misión del periodista, que cumplía a cabalidad Coronell, es ser incómodo para el poder, no sólo el del gobierno, sino al del propio medio periodístico.  La Revista Semana debe dar una explicación satisfactoria y valorar las consecuencias de sus decisiones para el interés público.

Por supuesto que no es la primera vez que un medio despide a un columnista que escribe sobre temas que no le complacen. La propia Semana Rural hizo un recorte porque según varias fuentes, a su financiador no le gustaba la línea editorial del proyecto. El programa de televisión Los Puros Criollos también sufrió una orden de cancelación porque sus ideas no parecían sintonizarse con las del dirigente de RTVC. Ya varios se han encargado de recordarnos la desvinculación de Claudia López de El Tiempo, por criticar el cubrimiento dado a una noticia sobre el gobierno.

Ante los cuestionamientos que formuló Coronell, y que motivaron su desvinculación, Semana se justifica en que faltó tiempo para la debida diligencia periodística; la investigación arrancó desde febrero y no logró, tres meses después, contrastar la noticia con fuentes diversas para ofrecer veracidad e imparcialidad, que son las dos condiciones básicas del deber de informar. Otra posible justificación sería un error de criterio del director de Semana quien no acudió a una fuente militar sino al saliente Secretario General de la Presidencia, muy cercano al Presidente Duque.  Pero también queda la opción de que Semana prefirió no enemistarse con el gobierno e incumplir su deber de informar pues retener una noticia por estas razones es una prueba de falta del requisito esencial de un medio informativo: la imparcialidad.  Esta tercera hipótesis es la más preocupante porque termina hiriendo de muerte la razón de ser de la propia Revista Semana: informar.  Para que la información sirva, debe ser libre y objetiva, pues de lo contrario no permite aportar verdad a la sociedad, ofrecer equilibrio informativo, contribuir al debate público plural ni frenar los abusos del poder.  Estos cuatro fines se incumplen al engavetar una noticia que debiera cuestionar críticamente las directrices militares.

En este caso, el asunto es aún más grave no sólo porque despedir a quien cuestiona la línea editorial de un medio con credenciales de equilibrio informativo puede ser interpretado por el resto de los periodistas como una censura y a su vez generar autocensura, sino por el calibre de la  noticia que no se expuso y por los efectos en el nivel informativo. Se trata nada más y nada menos que del cuestionamiento a la política del ejército para doblar sus resultados.  Lo que The New York Times ha llamado “las órdenes de letalidad del ejército colombiano” es una evidencia de que la fuerza pública no ha logrado dimensionar los graves daños en muertes civiles que ocasionaron políticas anteriores. En un país que atraviesa el posconflicto y trata de implementar los acuerdos de paz, una tal política choca frontalmente con el objetivo que deben tener todas las instituciones, y en particular la fuerza pública, de proteger los derechos humanos y ofrecer garantías de no repetición.

La libertad de expresión es un derecho de doble vía que existe para garantizar la posibilidad de informar, al tiempo que la de ser informado.  Es tan importante la primera, como la segunda.  Si el medio que nos ofrece noticias prefiere mantener buenas relaciones con el gobierno antes que informar, atenta contra la confianza que le ha otorgado la ciudadanía y deja de ser un medio informativo equilibrado que cumple su función de cuestionar al poder. Con mayor razón si el poder que debería cuestionarse pone en riesgo a civiles.

Cuando hace tres días Coronell anunciaba que se había visto obligado a renuciar, estábamos en Dejusticia en el lanzamiento del libro “Que nos llamen inocentes” en el que ciudadanos del Carmen de Bolívar cuentan haber sufrido el estigma de las detenciones masivas y arbitrarias que ocurrieron como parte de la seguridad democrática. Entonces, las razones de las dudas de Coronell que podrían esconder la falta de imparcialidad de Semana se convirtieron en un mal presagio para estas víctimas que confían en que su caso sea un ejemplo que no se debe repetir.  Como dijo doña Dolores, una de las víctimas: “Al gobierno, que no se vuelva a equivocar” y añado, a Semana que ojalá nos pueda explicar y no nos deje de informar.

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