Sin astucias jurídicas

Apoyé con entusiasmo el Sí en el plebiscito porque creía (y sigo creyendo) que el acuerdo de La Habana nos permite salir con dignidad de la guerra con las Farc. Pero el No triunfó, por un estrecho margen, pero ganó. Y ese resultado debe ser respetado.

Es entonces riesgoso para la democracia y la paz en Colombia que algunos piensen que es posible desconocer los resultados del plebiscito.

Un ejemplo de esa situación es la información salida en algunos periódicos de que la Corte Constitucional podría acoger la tesis de una demanda de Montealegre, para decir que el acuerdo de paz es un acuerdo especial del DIH que, por el solo hecho de haber sido firmado, ya habría entrado al bloque de constitucionalidad y podría ser implementado, a pesar del resultado del plebiscito. Hace meses argumenté que esa tesis no tenía ningún sustento (“La demanda del exfiscal”, mayo 7/16) pues incluso si uno acepta que el acuerdo de paz es un acuerdo especial, que es una tesis defendible, no por ello adquiere automáticamente rango constitucional. Si hace meses esa tesis era jurídicamente débil, sostenerla hoy contra el triunfo del No en el plebiscito es antidemocrático y riesgoso.

Conozco la prudencia e independencia de la Corte Constitucional, por lo que estoy convencido de que ese rumor periodístico carece de sustento y la Corte no acogerá una tesis que es jurídicamente precaria. Pero no dejan de ser preocupantes los rumores de que algunos sectores estarían tentando a los tribunales a que tomaran decisiones que son jurídicamente inaceptables (y todo el mundo lo sabe) pero que darían una supuesta salida para implementar el acuerdo a pesar del resultado del plebiscito.

Aclaro: no estoy diciendo que no debe haber control judicial de las votaciones pues es consustancial al Estado de derecho que los jueces garanticen que las elecciones sean realizadas en debida forma. Y por ello es normal que existan pronunciamientos judiciales sobre el plebiscito, como lo prevé la Constitución. Mi objeción es frente a los esfuerzos de algunos sectores de intentar alguna astucia jurídica para desconocer los efectos jurídicos y políticos del triunfo del No en el plebiscito, que son claros: el acuerdo debe ser ajustado para que pueda adquirir la legitimidad jurídica y política necesarias para poder ser implementado.

Esos ajustes son muy difíciles de lograr pues deben tener dos características en tensión: deben ser sustanciales para responder a las objeciones y preocupaciones que tengan sustento de quienes votaron No, pero deben ser puntuales y específicos para que sean aceptables por las Farc y no afecten la esencia del acuerdo, que fue alcanzado después de largos años de duras negociaciones y recibió el apoyo de casi la mitad de los votantes. Pero debemos lograr esos ajustes razonables. Es el tiempo de la política sin mezquindades para buscar los máximos consensos por la paz; no es el tiempo de las argucias legales que incrementen la polarización.