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Es relevante que muchas de las comunidades afro e indígenas con las reivindicaciones anteriores están exigiendo que el Estado atienda sus necesidades particulares, reglamente las leyes que haga falta para la protección de sus territorios, genere metodologías que permitan el diálogo en momentos coyunturales. | Carlos Ortega, EFE

Si bien es cierto que hay presencia de representantes indígenas y afrodescendientes en el Comité Nacional del Paro, también es cierto que el pliego que discute este comité debe profundizar en  las demandas y propuestas en las que se sienten recogidas estas poblaciones Afro e Indígenas.

Si bien es cierto que hay presencia de representantes indígenas y afrodescendientes en el Comité Nacional del Paro, también es cierto que el pliego que discute este comité debe profundizar en  las demandas y propuestas en las que se sienten recogidas estas poblaciones Afro e Indígenas.

Por: Mariana Camacho Muñoz – Pasante de investigación Dejusticia
Diana Quigua y David Murillo – Investigadores Dejusticia

A propósito de la movilización social suscitada a partir del 21N y mantenida hasta el día de hoy, se realizó el Encuentro Nacional Sindical, Social, Étnica y Popular los días 6 y 7 de diciembre en la Universidad Nacional de Colombia. En este encuentro se reunieron organizaciones étnicas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Autoridad Nacional Afrocolombiana (ANAFRO), con el propósito de recoger las diferentes voces y sus demandas específicas con el objetivo de fortalecer el Comité Nacional del Paro, proyectar una ruta de movilización y robustecer los 13 ejes de negociación que están planteados en la agenda.[1]

Si bien es cierto que hay presencia de representantes indígenas y afrodescendientes en el Comité Nacional del Paro[2], también es cierto que el pliego que discute este comité debe profundizar en  las demandas y propuestas en las que se sienten recogidas estas poblaciones, sobre todo teniendo en cuenta que el alcance de  la convocatoria realizada por el Presidente Iván Duque a la denominada “Conversación Nacional”[3]es limitada y se ha reducido a establecer un dialogo segmentado con los distintos sectores sociales y políticos, omitiendo la discusión y soluciones urgentes a la crisis humanitaria de las pueblos étnicos.


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Teniendo esto como contexto resaltamos que las demandas de las organizaciones de afrocolombianos e indígenas merecen un espacio de reflexión dada la importancia de sus causas para sus comunidades y del reconocimiento constitucional que estas poblaciones tienen. Además teniendo en cuenta que muchas de estas organizaciones han llegado a la ciudad de Bogotá para darle un nuevo ímpetu a las manifestaciones. Por ende, este espacio pretende la visibilización de las reivindicaciones y razones que tienen las comunidades étnicas para participar de la movilización social actual. A continuación se comentarán algunas de ellas:

1. La importancia del territorio:

En Colombia, al igual que en otros países, existen normas jurídicas específicas que posibilitaron la construcción de territorios colectivos. Estos son espacios titulados y registrados en el Estado donde habitan poblaciones indígenas o afrocolombianas que tienen autonomía territorial, además de otras características como la inembargabilidad. Los artículos 63, 171 y 329 de la Constitución Política de Colombia contemplan dichos territorios colectivos que en el caso de las comunidades indígenas se llaman resguardos, mientras que en el caso de las comunidades afrocolombianas se materializan mediante los Consejos comunitarios.

En este paro, ambas comunidades exigen mecanismos efectivos para la protección de sus territorios: la obligatoriedad de la consulta previa, libre e informada frente a proyectos extractivos o de otro tipo que puedan afectar sus territorios; el establecimiento de un diálogo con el gobierno para la protección medio ambiental de sus territorios y específicamente para las comunidades afrocolombianas, la reglamentación de la ley 70 de 1993.

2. El capítulo étnico del Acuerdo de paz:

El conflicto armado en Colombia afectó diferencialmente a las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, y a las poblaciones indígenas. Muchas de estas poblaciones se vieron impactadas por las rutas de narcotráfico, la violencia sexual, la irrupción en sus territorios por parte de los actores armados, el desplazamiento forzado, la afectación cultural y la afectación a sus autoridades. Esto no solo posibilitó la ruptura del tejido social, cultural y económico entre las comunidades y sus territorios, sino que las ubicó en un estado de indefensión donde en medio de todo se seguían vulnerando sus derechos humanos.

Frente al Acuerdo de paz, algunos representantes de las comunidades se unieron en la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales con el propósito de que el acuerdo, en su totalidad, tuviese un enfoque étnico. Sin embargo, los puntos que se propusieron allí no fueron incluidos en todos los puntos del acuerdo de paz, sino que se construyó el Capítulo étnico. Debido al poco avance en la implementación del Acuerdo de paz y la nula discusión pública alrededor de la implementación del capítulo étnico, tanto la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC  como el Proceso de Comunidades Negras de Colombia -PCN exigen que se visibilicen y solucionen las problemáticas que dejó el paso del conflicto armado implementando esta herramienta que se construyó con el propósito de garantizar la paz territorial y la no regresividad de derechos ganados por las comunidades.

3. Protección para líderes sociales afrodescendientes e indígenas:

Diversas organizaciones que representan a algunas comunidades indígenas, como la ONIC, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana -OPIAC y el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC, así como organizaciones afro como el PCN y la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas -CNOA, se movilizan contra la violencia. La ONIC denuncia que en lo corrido de este año han asesinado a más de 134 indígenas, mientras que organizaciones como el PCN exigen que se respete la vida de sus líderes y lideresas sociales y también que el Estado no ejerza la violencia a través del ESMAD.

Según un informe de INDEPAZ, después de firmado el Acuerdo de paz y hasta el 8 de septiembre de 2019, se han asesinado a 666 líderes y lideresas sociales, de los cuales 157 fueron indígenas y 56 fueron afrodescendientes, es decir, el 23% y el 8,4% respectivamente. Esto pone de presente la violencia que viven los pueblos indígenas y afro en sus territorios y la importancia de que el gobierno construya con ellos y ellas escenarios donde se concierten medidas concretas para la protección de sus derechos y el respeto de su vida.

4. Representación, inclusión e implementación:

La elaboración de políticas públicas con un enfoque diferencial, así como la construcción de Planes de desarrollo, requieren de las voces de las comunidades étnicas para diseñarse. Estas poblaciones tienen necesidades diferenciales, contextos complejos y significados propios, que deben ser incluidos en las directrices gubernamentales. Así pues, organizaciones como Movimiento Cimarrón exigen la representación étnica en la construcción de políticas públicas que los afectan como comunidad además de la implementación de los acuerdos alcanzados como fruto de otras movilizaciones sociales.

De acuerdo con lo anterior, C.N.O.A y PCN rechazan el llamado ‘genocidio estadístico’ de la población afrocolombiana en el censo nacional realizado en 2018. Según este nuevo censo, hubo una disminución del 30% de la población que se identificaba como afrodescendiente, negra, palenquera y/o raizal debido a un diseño erróneo del instrumento que utilizó el DANE para recolectar los datos de los colombianos. No hay que olvidar que uno de los insumos fundamentales para la construcción de políticas públicas son los datos censitarios que se tienen y a partir de los cuales se generan las directrices gubernamentales para el impacto en comunidades.

5. Contra el olvido estatal:

En este punto es importante llamar la atención sobre el comunicado que publicó la OPIAC a propósito del 21N. Este comunicado señala cómo las comunidades indígenas del Amazonas están viviendo una crisis humanitaria por el mercurio producto de la minería ilegal que contamina sus ríos y, por ende, los peces que comen. En el mismo comunicado, se alerta sobre estudios que se han hecho en las comunidades y en sus entornos donde se demuestra que las concentraciones de mercurio excedieron hace tiempo los límites máximos permitidos por la OMS.

En últimas, es relevante que muchas de las comunidades afro e indígenas con las reivindicaciones anteriores están exigiendo que el Estado atienda sus necesidades particulares, reglamente las leyes que haga falta para la protección de sus territorios, genere metodologías que permitan el diálogo en momentos coyunturales y para la construcción de instrumentos, políticas y directrices nacionales y territoriales de corto, mediano y largo plazo, que atienda los compromisos que ya había adquirido con las comunidades como resultado de otras movilizaciones sociales, que los tenga en cuenta a la hora de hablar de paz o de cuántos colombianos somos y finalmente que comprenda sus contextos, sus dificultades históricas, el racismo estructural que los invisibiliza o los condena a ser subestimados.


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