Sin verdad, sin justicia, sin confianza

Inti Sotelo tenía 24 años. Bryan Pintado tenía 22 años. Ambos salieron a protestar a las calles de Lima (Perú) luego de que Martín Vizcarra fuera obligado a salir de la Presidencia por “incapacidad moral permanente” y que Manuel Merino asumiera el cargo. Ambos recibieron impactos de perdigones de plomo, Inti cuatro, y Bryan diez; y su asesinato fue calificado como causado por proyectiles de arma de fuego.

Andrés Felipe Rodríguez tenía 23 años. Julieth Ramírez tenía 18 años. Jaider Alexander Fonseca tenía 17 años. Fredy Alexander Mahecha tenía 20 años. Germán Fuentes tenía 25 años. Julián Mauricio González tenía 27 años. Angie Paola Baquero tenía 19 años. Cristian Camilo Hernández tenía 24 años. Cristian Andrés Hurtado tenía 27 años. El 9 de septiembre de 2020 salieron a las calles de Bogotá y Soacha a protestar en medio del escándalo por el asesinato de Javier Ordóñez a manos de integrantes del CAI Villa Luz en Bogotá. A todas estas personas les dispararon con armas de fuego.

La reacción en las altas esferas del poder político peruano fue casi inmediata. Manuel Merino, cuya ascensión al poder fue el catalizador para las protestas, dimitió el 15 de noviembre de 2020. Sólo estuvo cinco días en el cargo. Trece ministros y ministras también presentaron su renuncia, aunque no han sido aceptadas hasta el día de hoy. El caso del Perú es complejo, pues la decisión de dimitir de Merino no parece asociada a la reacción desproporcionada a la protesta sino a la pérdida de apoyo en el legislativo. Presentar una relación de causalidad entre un hecho y el otro no sería adecuado, pero que haya sido un factor relevante es indudable.

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En cualquier caso, en Colombia el panorama fue bastante diferente. Iván Duque, Presidente de la República, visitó instalaciones de la Policía que fueron quemadas vestido con prendas de uso de la institución. El Ministro de Defensa, responsable del accionar de la Policía, sólo acató a explicar que “a través de redes se han identificado perfiles que realizaron publicaciones en contra de la Policía. La tendencia de las publicaciones promovió la violencia contra servidores públicos, incitando a la ciudadanía a realizar acciones vandálicas y de violencia contra instalaciones y funcionarios de la Policía Nacional”. A la fecha ningún funcionario ha aceptado su responsabilidad política por los hechos y todos siguen en posiciones de poder donde continúan supervisando el actuar de la Policía en las protestas que se llevan a cabo en todo el país.

Las consecuencias de los hechos ocurridos en Bogotá y Soacha aún están por verse. Como es costumbre, las autoridades prometieron investigaciones profundas, con serias consecuencias, para todas las personas involucradas. Y como es costumbre, hasta ahora no sabemos nada, por lo menos en el ámbito penal.

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Según le informó la Fiscalía General de la Nación a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en 2019 se presentaron 49 denuncias que señalan a un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional de abuso de autoridad o lesiones personales en el marco de protestas y 41 que señalan a integrantes de la Policía Nacional en general. 47 de esas denuncias se relacionan con hechos ocurridos en Bogotá. De las 90 denuncias 26 están inactivas, 14 por archivo y 12 por remisión a la justicia penal militar. Ninguna de las 64 denuncias restantes, es decir, las que están activas, ha pasado de la etapa de indagación.

Para 2020 el panorama no sólo no mejoró, de hecho, es peor. Según el mismo informe de la Fiscalía General de la Nación, la entidad ha recibido 109 denuncias este año contra integrantes de la Policía Nacional por delitos de amenazas, abuso de autoridad, lesiones personales, daño en bien ajeno, homicidio, amenazas a defensores de derechos humanos, empleo ilegal de la fuerza pública, hurto, injuria y violación de los derechos de reunión y asociación. Todas relacionadas u ocurridas en el contexto de protestas. De esas 108 denuncias hay 17 inactivas, 14 por archivo y 3 por traslado a la justicia penal militar. Las otras 91 no han avanzado de la etapa de indagación. Además, también hay 7 denuncias presentadas directamente contra integrantes del ESMAD, 3 están en indagación, 2 archivadas y dos trasladadas a la justicia penal militar.

Que la justicia aborde con seriedad las denuncias por uso desproporcionado de la fuerza y abusos de autoridad por parte de miembros de la Policía Nacional en el marco de protestas y movilizaciones ha sido un llamado constante. A la fecha casos como el del asesinato de Nicolás Neira, ocurrido en 2005, o el de Dylan Cruz, ocurrido en 2019, siguen en la impunidad, aún cuando existen decisiones de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el caso de Nicolás, pues la responsabilidad penal individual sigue brillando por su ausencia.

Pero no sólo eso. Mientras la respuesta penal es inexistente, la respuesta política es peor. El Gobierno Nacional colombiano no sólo ha ignorado los pedidos legítimos de verdad y justicia de las familias de las personas asesinadas, sino que ha respaldado irrestrictamente una institucionalidad que se ha verificado, incluso con fallos judiciales, que viola sistemáticamente el derecho a la protesta. Esto tiene un impacto claro, según la última encuesta del Panel de Opinión de Cifras y Conceptos, la confianza en la Policía Nacional está en su punto más bajo desde 2009.

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Restaurar la confianza en las instituciones, especialmente en la Policía Nacional, debería ser la prioridad número uno en materia de seguridad hoy en Colombia. Mantener en la impunidad las violaciones a derechos cometidas por miembros de la entidad, mientras se estigmatiza la protesta y se respalda a quienes agreden a la ciudadanía sólo lo va a empeorar.